El propósito de esta sección es juntar las distintas líneas del argumento anterior y tratar de explicar, primero, el proceso de crecimiento económico español de los últimos treinta años y, segundo, en el marco de este proceso, los factores básicos detrás de la crisis de los noventa. Aun a riesgo de simplificar, y sobre la base de los datos considerados, los puntos principales de esta explicación se pueden resumir como sigue:
i) Desde un punto de vista económico; la transición política española no ha estado exenta de costes. Algo parece haber ocurrido alrededor —43→ de 1974 que hizo que el producto por habitante en España creciera mucho menos que en años previos. Un factor a considerar, naturalmente, es la crisis del petróleo, cuya primera manifestación tuvo lugar en 1973. De hecho, existe un acuerdo bastante generalizado, acerca de que la crisis del petróleo efectivamente generó una severa recesión económica en el mundo industrializado.
Sin embargo, si la crisis del petróleo hubiera sido el único factor causal, o incluso el principal, España debería haber sido capaz de mantener su posición relativa con respecto a otros países industriales y esto, como se puede apreciar en el Gráfico 12, no fue así. El PIB por habitante en España pasó de suponer el 59,0% de la media del PIB por habitante en la Unión Europea en 1960, al 79,4% en 1975. Es decir, durante los sesenta y la primera mitad de los setenta hubo un fuerte proceso de convergencia hacia los valores medios de Europa. No hubiera sido sorprendente que después de la primera crisis del petróleo este progreso en lo que a convergencia se refiere se hubiera detenido; después de todo, la convergencia parece asociarse más a situaciones de expansión que de recesión. Sí es sorprendente, en cambio, que la posición relativa española no sólo no se mantuviera, sino que se deteriorara sustancialmente y por un largo período de tiempo: en 1985 el PIB por habitante español había caído a sólo el 70,4% de la media europea; 9 puntos por debajo del pico de 1975.
Un segundo factor a considerar es la transición política. Pero es interesante observar que Portugal, que experimentó un proceso de cambio político parecido, no sufrió las mismas consecuencias. Como puede apreciarse en el gráfico, la fuerte convergencia de este país hasta 1973 se detuvo, pero en modo alguno se deterioró como en España. En 1973 el PIB por habitante en Portugal suponía el 54,6% de la media europea, y en 1985 el 51,3%. A la vista de estos datos parece que deben haber existido factores específicos españoles que explican su pobre evolución. Quizás factores que no son independientes de la transición política, aunque en tal caso debe convenirse que, desde un punto de vista económico, la incertidumbre creada por la transición de la dictadura a la democracia fue mejor administrada en Portugal que en España31.
—44→
ii) La fuerte presión salarial de principios de los setenta, en un contexto en el que las autoridades económicas no quisieron trasladar el efecto de la primera crisis del petróleo a los precios de consumo, aparece como el factor causal más claro de la sustancial caída del empleo de mitades de los setenta. Ciertamente fue la causa de la aparición de una brecha importante entre los costes laborales efectivamente pagados y los que hubieran permitido una absorción más completa de la población activa, que la economía española todavía no ha sido capaz de cerrar. La resistencia a trasladar el incremento de los precios del petróleo tampoco ayudó. Es difícil saber qué hubiera ocurrido si las autoridades económicas hubieran obrado de otra forma; una posibilidad, dada la fuerza de la presión salarial, es que los costes laborales reales hubieran aumentado como lo hicieron y que la inflación hubiera sido incluso más alta. Este, evidentemente, no hubiera sido un buen resultado, pero por lo menos habría introducido menos distorsiones que la opción elegida. Asimismo, como puso en evidencia la administración de la segunda crisis del petróleo, la traslación del incremento de los precios del petróleo no tenía necesariamente que haber provocado una mayor inflación, aunque debe ser reconocido que a finales de los setenta las expectativas de —45→ los trabajadores y las condiciones económicas eran sustancialmente distintas a las que habían imperado a principios de la década. El hecho es que, por las razones que sea, los costes laborales reales crecieron muy por encima de lo que venía justificado por la productividad y esto, en una gran medida, debió estar relacionado con la incertidumbre política del momento. Como García Delgado (1990) pone de manifiesto, los cinco Gobiernos que se formaron entre 1973 y las primeras elecciones democráticas en 1977 eran demasiado provisionales y no tenían la legitimidad requerida para adoptar las medidas que una situación económica tan delicada como aquélla necesitaba.
Los efectos de este episodio sobre los costes reales y los beneficios deprimieron el empleo, la inversión y la actividad económica en general, hasta límites desconocidos desde el «Plan de Estabilización» de 1959. La cuestión que se plantea es ¿por qué ante esta situación no bajaron los costes laborales reales?
iii) El ajuste a la baja de los costes laborales reales se vio dificultado por el sustancial aumento impositivo que fue necesario aplicar para financiar las demandas sociales generadas por la democracia. Como se ha visto más arriba, las demandas salariales se ajustaron significativamente después de la primera explosión, incluso hasta el punto de situar al salario real de consumo por debajo de lo que la evolución de la productividad hubiera justificado. Esto es, el salario real de consumo absorbió un parte importante del aumento impositivo que comenzó va en 1974. Ahora bien, este aumento fue tan sustancial que su absorción completa habría requerido caídas del salario real de consumo probablemente demasiado amplias para ser socialmente aceptables, particularmente a la luz de la concomitante evolución de la productividad. De ahí que, como consecuencia, la brecha del salario real no se cerrara.
Estas consideraciones no deberían ser tomadas como una crítica del aumento de la imposición, que seguramente era una condición necesaria para la consolidación de la democracia, ni tampoco como una justificación del comportamiento de los salarios, ya que, con o sin el aumento impositivo, un mercado laboral eficiente debería haber cerrado la brecha generada por la explosión salarial de principios de los setenta. Deberían simplemente ser interpretadas como una explicación posible de la persistencia de esta brecha salarial y de sus consecuencias para el empleo, tanto directas a través de la reducción de plantillas, como indirectas a través de su efecto sobre los beneficios y la inversión. Tampoco deberían ser tomadas como la identificación del único factor que explica —46→ la caída de la actividad económica en el período 1974-1985. La explosión salarial de principios de los setenta fue, junto con la crisis del petróleo, quizás el factor que inició el proceso; pero no, como se señala a continuación, el único factor responsable de la prolongación de la crisis.
iv) La caída de la actividad económica se vio agravada por la restrictiva política de demanda agregada adoptada después de los «Pactos de la Moncloa». Las medidas de política económica deben ser evaluadas en el contexto en el que son adoptadas, y el marco relevante para enjuiciar los «Pactos de la Moncloa» se muestra en el Gráfico 13. A pesar del intento de controlar los efectos internos de la primera crisis del petróleo, fue imposible evitar la virulenta espiral de precios y salarios que elevó la inflación hasta el 23,7% en 1977. No es sorprendente que en esas circunstancias el principal objetivo económico del primer Gobierno democrático fuera la reducción de la inflación. Este objetivo fue en gran medida alcanzado, y ello debe explicar la persistente presencia de efectos directos de demanda (es decir, efectos que permanecen aún después de tomar en cuenta la influencia de los precios relativos) en los análisis —47→ empíricos del aumento del paro y de la caída de la inversión32. Los «Pactos de la Moncloa» fueron mucho más que un acuerdo para luchar contra la inflación, pero su principal y quizás único logro se alcanzó en este frente. La puesta en práctica de la ambiciosa agenda acordada sobre un amplio paquete de reformas económicas (entre ellas la del mercado de trabajo) y sobre la reducción del déficit público, necesitaba de un Gobierno políticamente fuerte y éste no apareció hasta finales de 1982, con el triunfo electoral del Partido Socialista.
v) Hasta 1988 la política económica adoptada por la Administración socialista fue coherente con la agenda acordada en los «Pactos de la Moncloa» y su ejecución mucho más efectiva. Esto debería resultar obvio de la simple inspección del perfil temporal de la inflación mostrado en el Gráfico 12, pero es más sorprendente cuando se comprueba hasta qué punto también es así en el caso de la política fiscal. La Administración socialista redujo la inflación al 5,0% en 1988 y puso en marcha un paquete sustantivo de reformas en el sector industrial y en el sistema de la Seguridad Social. Pero también redujo de forma significativa la tasa de crecimiento de las prestaciones sociales y del consumo público33, rompiendo así la tendencia hacia un mayor déficit que había heredado de la Administración previa. El resultado de esta política de consolidación presupuestaria y el cambio de ciclo después de 1985, permitió reducir el déficit público desde el máximo del 7,0% del PIB que se había alcanzado en 1985, al 2,8% en 1989. Probablemente no sea exagerado señalar que, junto a la consolidación de la democracia, la aplicación de una política económica dirigida al control de la inflación y el déficit público, esencialmente idéntica a la acordada en los «Pactos de la Moncloa», figuró de forma más prominente en la estrategia política de la nueva Administración, que algunas de las propuestas más características del programa electoral socialista.
* * *
Los cinco puntos anteriores describen las características principales de la crisis de los setenta y definen, por tanto, la referencia sobre la que —48→ evaluar la crisis de los noventa; el examen específico de esta crisis en el contexto del proceso de crecimiento hasta aquí considerado se desarrolla en los siguientes seis puntos.
i) La naturaleza de la crisis de los noventa fue distinta de la de los setenta: mientras que la de los setenta muestra las características de una crisis iniciada por un shock de oferta, la de los noventa, fue en gran medida la consecuencia de una sustancial reducción de la demanda nominal. Como puede verse en el panel B del Cuadro 9 (columna 5), la crisis de los setenta puede ser caracterizada por: a) un fuerte aumento de los precios -durante el período 1974-1985 el deflector del PIB creció 6,2 puntos de porcentaje más por año que durante la expansión de 1964-; b) un aumento de la demanda nominal relativamente reprimido con respecto al aumento de los precios -durante el mismo período el PIB nominal creció 1,2 puntos más por año que en la expansión previa; y c), como consecuencia, una caída sustancial del crecimiento del producto real -el PIB real creció 4,8 puntos menos por año que en la expansión previa. La crisis de los noventa, en cambio, muestra (columna 6): a) una gran caída del crecimiento de la demanda nominal -durante el período 1991-1994 el PIB nominal creció 6,1 puntos menos por año que en la expansión de 1985-1991-; b) una traslación sólo parcial de esta desaceleración de la demanda nominal a los precios -el crecimiento del deflector del PIB bajó únicamente 2,3 puntos por año con respecto a su crecimiento medio en la expansión anterior-; y c), como consecuencia, otra caída importante del crecimiento del producto real -el crecimiento del PIB real cayó 3,5 puntos con respecto a su crecimiento medio en la anterior expansión-. Tenemos, pues, que en ambos casos se produjo una fuerte reducción en el crecimiento del producto real, pero en la crisis de los setenta esta reducción vino acompañada de un aumento de la inflación y en la de los noventa de una caída de la inflación. La primera configuración es la que adoptaría una crisis iniciada por un shock adverso de oferta, y la segunda la de un proceso de desinflación a través de la demanda.
—49→(Tasas anuales medias de variación; porcentajes)
| A. Los ciclos 1964-1985 y 1985-1994 | ||||
| Ciclo 1964-1985 | Ciclo 1985-1994 | |||
| 1964-1974 (1) | 1974-1985 (2) | 1985-1991 (3) | 1991-1994 (4) | |
| PIB nominal | 15,4 | 16,6 | 11,7 | 5,6 |
| Deflactor del PIB | 8,7 | 14,9 | 7,4 | 5,1 |
| PIB real | 6,3 | 1,5 | 4,0 | 0,5 |
| B. La intensidad de las dos crisis | ||||
| Crisis de los setenta (5)=(2)-(1) | Crisis de los noventa (6)=(4)-(3) | |||
| 1. Variación del PIB nominal | 1,2 | -6,1 | ||
| 2. Variación del deflactor del PIB | 6,2 | -2,3 | ||
| 3. Variación del PIB real | -4,8 | -3,5 | ||
Nota: i) El PIB nominal se valora a precios de mercado.
ii) La crisis de los noventa, aunque distinta en naturaleza de la de los setenta, es bastante semejante al proceso de desinflación inducido por los «Pactos de la Moncloa». Es instructivo, antes de entrar en las causas de estos shocks de oferta y demanda, examinar más detenidamente ambas crisis y, en particular, ver cuáles fueron los efectos que los «Pactos de la Moncloa», tuvieron sobre el producto y los precios. Esto es lo que muestra el Cuadro 10, en el que la crisis de los setenta se divide en dos períodos: uno anterior a los «Pactos», 1974-1977; y otro posterior a los «Pactos», 1977-1985. Como las columnas 4 y 5 del panel B del cuadro indican, mientras que la configuración con anterioridad a los «Pactos», es claramente la de una crisis inducida por un shock de oferta, la posterior a los «Pactos», corresponde a un proceso de desinflación generado por la demanda. Los primeros tres años de la crisis muestran básicamente los efectos del aumento de precios generados por el shock de oferta; los otros ocho, en cambio, muestran principalmente los efectos de la fuerte reducción de la demanda nominal, aun teniendo en cuenta que durante este período también existieron turbulencias significativas por el lado de la oferta. Si se hace esta distinción, es posible ver que la crisis de los noventa (columna 6 del Cuadro 9) no difiere demasiado del proceso de desinflación que tuvo lugar a finales de los setenta y principios de los ochenta (columna 5 del Cuadro 10) como consecuencia, primero, de los «Pactos de la Moncloa», y, segundo, de la restrictiva política de demanda —50→ adoptada por la primera Administración socialista. Quizás la diferencia más notable entre estos dos episodios es la mayor eficacia de la política de desinflación de los setenta. La caída de la demanda nominal fue aproximadamente la misma en ambos casos (6,6% anual en los setenta y 6,1% anual en los noventa), y sin embargo el efecto sobre los precios fue mucho mayor en los setenta (un 80% de la caída de la demanda se trasladó a los precios) que en los noventa (sólo un 40%). Claramente, es más difícil y costoso (en términos de producción y empleo) reducir la inflación desde niveles alrededor del 7%, que hacerlo desde niveles alrededor del 19%.
(Tasas anuales medias de variación; porcentajes)
| A. El ciclo 1964-1985 | |||||
| 1964-1974 (1) | 1974-1977 (2) | 1977-1985 (3) | |||
| PIB nominal | 15,4 | 21,5 | 14,9 | ||
| Deflactor del PIB | 8,7 | 18,8 | 13,5 | ||
| PIB real | 6,3 | 2,3 | 1,2 | ||
| B. Los efectos pre y post «pactos» | |||||
| Pre «pactos» (4)=(2)-(1) | Post «pactos» (5)=(2)-(1) | ||||
| 1. Variación del PIB nominal | 6,1 | -6,6 | |||
| 2. Variación del deflactor del PIB | 10,1 | -5,3 | |||
| 3. Variación del PIB real | -4,0 | -1,1 | |||
Nota: i) El PIB nominal se valora a precios de mercado.
El Cuadro 11 suministra una indicación de en qué medida la demanda pudo caer por debajo del producto potencial34 durante estas dos crisis, y de los efectos de esta brecha sobre el desempleo. Si se deja de lado la expansión de 1964-1974, en la que, debido a la fuerte acumulación de capital, las altas tasas de crecimiento alcanzadas no generaron excesos de demanda significativos, la configuración de los otros cuatro períodos considerados es totalmente coherente con lo hasta aquí mantenido. La similitud entre las dos crisis sigue apareciendo cuando la comparación de la de los noventa se hace con la crisis posterior a los «Pactos» —51→ La caída de la demanda con respecto al producto potencial es algo menor en los setenta que en los noventa (1,4% por año frente 1,8% por año) pero mucho más prolongada (8 años frente a 3 años); y el efecto sobre el desempleo es bastante uniforme a través de los distintos períodos: una caída de la demanda del 1% con respecto al producto potencial genera del orden de 1,5 puntos de paro más.
(Tasas anuales medias de variación; porcentajes)
| Ciclo 1964-1985 | Ciclo 1985-1994 | ||||
| 1964-1974 (1) | 1974-1977 (2) | 1977-1985 (3) | 1985-1991 (4) | 1991-1994 (5) | |
| 1. Producto real | 6,5 | 2,3 | 1,0 | 4,0 | 0,4 |
| 2. Producto potencial | 6,7 | 3,1 | 2,4 | 3,5 | 2,6 |
| 3. Brecha de la demanda (3-2-1) | 0,2 | 0,8 | 1,4 | -0,5 | 1,8 |
| 4. Variación del desempleo (puntos porcentuales por año) | 0,1 | 1,0 | 2,1 | -0,9 | 2,6 |
| 5. Respuesta del desempleo (5=4/3) | 0,5 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,4 |
Notas:
i) PIB real a coste de los factores.
ii) PIB potencial obtenido de la función de producción estimada en la Sección A.2. medida para una productividad tendencial y una tasa de paro del 5%.
iii) Entre las causas del shock de oferta de los setenta existió un claro factor interno: la explosión salarial de principios de la década. Las causas de la reducción de la demanda de los noventa, en cambio, fueron en una gran medida de carácter internacional. En la Sección 4.1 se ha señalado que aunque las dos crisis del petróleo influyeron en la recesión de los setenta, el factor desencadenante más claramente identificable fue la presión del salario real sobre la productividad tendencial. Las causas iniciales de la crisis de los noventa son más difusas. Se pueden situar alrededor de 1990 y tienen que ver con la maduración del ciclo en los países industriales, y con la incertidumbre creada por acontecimientos tales como la invasión de Kuwait por parte de Irak, el desmoronamiento de las economías del Este de Europa y la reunificación alemana. La incertidumbre creada por estos acontecimientos acabó siendo más profunda y duradera que lo inicialmente anticipado, y generó una caída simultánea de la actividad económica en los países industrializados (probablemente mayor que la justificada por la maduración —52→ del ciclo) que duraría hasta 1993, con las posibles excepciones de Estados Unidos y el Reino Unido, países en los que el punto más bajo del ciclo se alcanzó un poco antes (en 1991). El ciclo fue para España mucho más sincrónico que en los setenta, lo cual da una idea de la apertura e integración internacional conseguida en el ínterin. En la Comunidad Europea, el ciclo alcanzó su pico en 1988 (un crecimiento del 3,9%) y su valle en 1993 (-0,4%); Japón, de un pico durante el período 1988-1990 (un crecimiento medio del 5,4%), cayó al -0,2% también en 1993. El ciclo de los Estados Unidos alcanzó su pico en 1988 (4,5%) y su valle en 1991 (-0,7%), algo antes que en Europa y Japón. En comparación, el ciclo español alcanzó su pico en los años 1987-1988 (crecimiento medio del 5,4%) y su valle en 1993 (-1,1%).
iv) La coincidencia entre los ciclos europeo y español se vio reforzada, y la virulencia de la recesión agravada, por los dos siguientes hechos: a) la política monetaria restrictiva adoptada por Alemania para controlarlas presiones inflacionistas generadas por el proceso de reunificación, y b) la transmisión de los altos tipos de interés resultantes a otros países europeos a través del Sistema Monetario Europeo (SME). La reunificación alemana, adoptada de forma repentina y, a una misma paridad para las dos monedas, generó, dada la inferior productividad de Alemania del Este, un serio desequilibrio entre la demanda y la oferta. La correspondiente presión sobre los precios comenzó a ponerse de manifiesto en 1991 y duró hasta 1993. Durante este período, la inflación alemana no sólo aumentó mientras la inflación europea bajaba, sino que también se situó por encima de la media europea. La inflación media en Europa ha estado cayendo desde 1990: en esa fecha era del 5,6% y en 1994 fue del 2,6%. La inflación alemana, en cambio, era muy inferior a la media europea en 1990 (2,7%), pero empezó a crecer hasta alcanzar el 3,5% en 1991, el 4,0% en 1992, el 4,1% en 1993, para caer de nuevo hasta el 3,0% en 1994. Estos pueden parecer niveles muy modestos si se miden con estándares españoles, pero para las autoridades monetarias alemanas fueron suficientemente inquietantes como para justificar una fuerte reducción de la oferta monetaria, que elevó de forma notable los tipos de interés en Alemania y, a través del SME, en los demás países europeos. El problema fue que esta política, aunque adecuada para Alemania, fue muy negativa para otros países en los que tanto los precios como la actividad estaban cayendo. En lo que respecta a España, y como se ha visto en el Cuadro 6 más arriba, esta circunstancia imposibilitó que los tipos de interés reales, que por término medio se —53→ mantuvieron alrededor del 5,6%, pudieran reducirse hasta niveles más razonables dada la debilidad económica del momento.
v) A pesar de estos altos tipos de interés, España fue incapaz de reducir su inflación hasta los niveles medios europeos y esto, en el marco de los tipos de cambio fijos contemplados en el SME, significó un deterioro importante de su posición competitiva y una influencia recesiva adicional. La política monetaria restrictiva alemana, y el compromiso de mantener fijas las paridades nominales entre las monedas del SME, impartió un fuerte sesgo deflacionista en toda Europa, pero pudo por lo menos haber ayudado a alcanzar importantes grados de convergencia en materia de inflación. En España esta convergencia no fue posible y el resultado fue una pérdida notable de competitividad (y una caída de la actividad, adicional a la provocada por los altos tipos de interés), que es otra de las diferencias significativas entre esta recesión y la de los setenta. La competitividad española, medida por el tipo de cambio real frente a la Unión Europea, se deterioró en un 19,2% durante la expansión de 1985-1991, un hecho sin precedentes en el ciclo anterior35. De hecho, durante la expansión de 1964-1974, la competitividad española, medida por los precios relativos de las exportaciones expresados en dólares, había mejorado un 0,9% (Baiges et al., 1987).
La cuestión que se plantea, pues, es ¿por qué la inflación en España no fue más sensible a las condiciones económicas del momento? Esta es una pregunta relevante porque una inflación más cercana a la de otros países europeos, aunque no habría evitado la recesión, que en gran medida estaba determinada por factores internacionales, sí, por lo menos, para la misma caída de la demanda nominal, habría mitigado sus efectos sobre la producción y el empleo.
vi) La persistencia de la inflación en España, a pesar del contexto recesivo internacional, debe ser atribuida a factores internos. El comportamiento salarial, la política fiscal y la todavía alta rigidez de la economía, son una vez más las causas que cabe identificar detrás del fracaso relativo de la estrategia de desinflación. En la crisis de los setenta, a un shock externo -el incremento de los precios del petróleo- las condiciones internas españolas añadieron otro shock de oferta en la forma de una fuerte explosión salarial, cuya intensidad probablemente —54→ estuvo relacionada con la transición política. En la crisis de los noventa, a un shock de demanda esencialmente externo -la maduración del ciclo económico internacional y la política de desinflación seguida por Alemania- las condiciones internas españolas respondieron, por una variedad de razones, con menos flexibilidad que la que hubiera sido necesaria.
Cuando en 1990 las primeras señales de la crisis internacional comenzaron a sentirse, España estaba disfrutando de un período de alto crecimiento económico y, como se ha visto más arriba, había relajado su política fiscal con el fin, entre otros, de financiar el acuerdo con los sindicatos sobre la «deuda social» que siguió a la huelga general de diciembre de 1988, y la sustancial inversión asociada a los Juegos Olímpicos de Barcelona y a la Exposición Universal de Sevilla36. Este clima de euforia, además, como puede verse en el Gráfico 7 más arriba, acabó con la moderación que los salarios reales de consumo habían observado desde 1976 a 1987: de 1976 a 1987 los salarios reales de consumo habían crecido un 0,1% por año, mientras que después de 1987 lo hicieron un 1,4%37.
Incluso bajo el supuesto de permanencia de las altas tasas de crecimiento de la expansión de la segunda mitad de los ochenta, esta política fiscal era probablemente demasiado arriesgada para la consolidación del déficit público. A la postre, dado el fuerte sesgo deflacionista que la política monetaria alemana impartió y la consiguiente caída de la actividad económica, esta política resultó en la práctica incoherente con el fuerte compromiso de desinflación que España había adquirido sólo un año antes con su entrada, en junio de 1989, en el mecanismo de cambios del SME.
El argumento desarrollado hasta aquí se ha basado en acontecimientos pasados. Puede ser útil, por tanto, concluir este trabajo suministrando una perspectiva más amplia del contexto en el que los problemas señalados más arriba han tenido lugar e identificando las líneas principales de lo que puede deparar el futuro.
—55→Aun teniendo en cuenta su posible coste económico, la transición política española debe ser evaluada como la experiencia más positiva del período aquí examinado, ya que de forma pacífica condujo al país desde la dictadura a la democracia. Asimismo, creó las condiciones para el profundo proceso de modernización que la sociedad española ha experimentado desde entonces. Estos logros, sin embargo, no deberían ocultar el hecho de que, si la incertidumbre política y económica de la transición hubiera sido mejor administrada, y si las rigideces de la economía que hicieron tan costosa la crisis de los noventa hubieran desaparecido, hoy España sería más rica. Con los temores de la regresión política totalmente disipados y con la democracia fuertemente consolidada, no hay razón por la que España no pueda superar las dificultades restantes y materializar su potencial de crecimiento. Una lista de las cuestiones que deberán ser resueltas incluye probablemente las cuatro siguientes:
i) Creación de empleo. Este es el problema pendiente más importante. Su solución requiere probablemente un esfuerzo colectivo y también un entendimiento adecuado de por qué España ha sido tan ineficiente en este terreno. Las cosas mejorarán en el futuro ya que los efectos del crecimiento demográfico, y los cambios de la estructura de la actividad económica y de los flujos migratorios, tenderán a disminuir. Hay asimismo evidencia de que desde la explosión salarial de la transición, la flexibilidad de los salarios de consumo reales ha aumentado. Dado que el aumento de la presión fiscal será probablemente menor en el futuro, esta mejora en la flexibilidad debería resultar en un aumento del empleo. Pero estos mecanismos, por su misma naturaleza, operan de forma lenta y, dada la magnitud del problema, pueden no ser suficientes. Existe un acuerdo bastante amplio dentro de la profesión económica acerca de que el problema seguirá presente si no se hace un esfuerzo adicional para mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo. Existen también propuestas que tratan el alto nivel de paro en España como una emergencia y que, además de la reforma del mercado de trabajo, desearían un papel más activo para la demanda agregada y un amplio acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales38.
ii) Reducción del déficit público. Las demandas sociales generadas por la democracia y la necesidad de mejorar el stock de capital público han multiplicado la participación del gasto público en el PIB por un factor de 2,5 entre 1964 y 1994. Aunque la imposición ha subido también de —56→ forma sustancial, los ingresos no han podido aguantar el ritmo del gasto y, como consecuencia, la deuda pública hoy representa más del 63% del PIB. Este nivel comienza a suponer un problema para las políticas fiscal y monetaria que debe ser resuelto. Si aumentos adicionales de la presión fiscal no son políticamente aceptables, la reducción del déficit y del stock de deuda requerirá un descenso del gasto público. Esta política, sin embargo, no será de fácil aplicación porque, dado que una caída de la inversión pública afectaría adversamente al crecimiento, la única forma significativa de aumentar el ahorro público debe venir de una reducción del consumo público y las transferencias. Alternativamente, si España quiere mantener su proceso de convergencia con Europa en lo que a consumo público y provisión de servicios sociales se refiere, entonces la solución del problema requerirá un aumento de la imposición hasta niveles también más cercanos a la imposición media europea.
iii) El sistema de protección social. El sistema de protección social desarrollado en España ha permitido mejorar la equidad de la distribución de la renta. Sin embargo, también: a) ha elevado la sensibilidad cíclica del presupuesto hasta niveles que pueden ser excesivos; b) ha introducido efectos desincentivadores que en algunos casos pueden ser significativos; y c) ha generado, particularmente en sus modalidades no contributivas, problemas administrativos y abusos que hacen que el sistema sea más costoso que lo necesario y menos aceptable por parte de la sociedad en su conjunto. Existen pocas dudas de que, como en otros países, la eficiencia del sistema español de protección social puede ser mejorada. Hay problemas de diseño, pero los fallos más frecuentes son de carácter administrativo y surgen como consecuencia de la rapidez con que el sistema se ha generalizado. No hay razones para pensar que estos fallos no puedan ser resueltos, ni que estas soluciones impliquen una pérdida en la eficacia del sistema. Sin embargo, la facilidad con la que estos tipos de reforma se ven envueltos en cuestiones de tipo político, sugiere que esta tarea no será en absoluto trivial.
iv) Europa. La idea de Europa como una unión monetaria y el ritmo al que esta meta debe ser alcanzada están comenzando a levantar dudas dentro y fuera de España. La cuestión que se está planteando es si Europa no ha equivocado su estrategia al dedicar tanto esfuerzo a los objetivos de la convergencia nominal y la unión monetaria, y tan pocos a los de reducir el paro y eliminar las distorsiones de los mercados de trabajo. Asimismo hay dudas sobre si es posible abordar con efectividad el problema del desempleo español dentro de los criterios de convergencia —57→ del Tratado de Maastricht. Estas son, todas ellas, cuestiones que acabarán figurando de forma prominente en la discusión del futuro político y económico de España. La postura adoptada en este trabajo es que, aparte de la forma específica que estos requerimientos tomen, una reducción significativa y sostenible del desempleo en España sólo podrá lograrse en un contexto de estabilidad nominal. El énfasis de la Unión Europea en esta cuestión, por tanto, puede no estar fuera de lugar. La cuestión europea debe ser vista en una perspectiva posiblemente más amplia que la que en ocasiones se adopta: la decisión de formar parte de la Unión Europea ha sido positiva porque ha llevado a España a entrar en estrecho contacto con sus vecinos del norte, fortaleciendo con ello la democracia, ha acelerado el proceso de modernización de su sistema productivo, ha impuesto de forma efectiva a sus autoridades económicas la necesidad de reducir la inflación y ha mejorado su crecimiento potencial39.
Supóngase que el flujo del producto durante un determinado período, un año por ejemplo, (Q) está relacionado con el stock de capital al principio del año (K) y con el flujo de los servicios del trabajo durante ese año (L) de acuerdo con la siguiente expresión:
Q = A Kb L(1-b)
[1]
donde A es un parámetro que denota la eficiencia total del capital y el trabajo, el parámetro b es la elasticidad del producto con respecto al capital y el parámetro (1-b) la elasticidad del producto con respecto al trabajo. La expresión [1], con la suma de los exponentes del capital y el trabajo igual a la unidad, incorpora el supuesto de rendimientos constantes a escala: si ambos factores (K y L) aumentan en una determinada proporción, el producto aumenta también en la misma proporción.
—58→La expresión [1] puede ser escrita en términos de tasas de crecimiento. Si en general se denota V* como el cambio anual porcentual de la variable V, se desprende de [1] que
Q* = A* + b K* + (1- b) L*
[2]
o, restando L* de ambos lados de la expresión [2]
(Q/L)* = A* + b (K/L)*
[3]
Las líneas 2, 2.1 y 2.2 del Cuadro 1 muestran los valores de [3] para los distintos períodos considerados, midiendo el parámetro b como el promedio de la participación de las rentas del capital en el producto para el período 1964-1994.
La medición de la participación en el producto de las rentas del trabajo y del capital a partir de los datos de la Contabilidad Nacional requiere resolver el problema que plantea la existencia en la economía española de un sector autónomo importante, sobre el que existe información sobre empleo pero no sobre la retribución de los correspondientes servicios laborales. Si sólo se utilizara la renta de los trabajadores asalariados, la tasa de participación sería de alrededor de 0.5. Este es un valor claramente demasiado pequeño, que no mide la remuneración de los servicios laborales contribuidos por los trabajadores autónomos. Una posible solución del problema consistiría en imputar a los trabajadores autónomos el salario de los trabajadores asalariados. Pero esto sería insatisfactorio porque: a) los salarios en los dos sectores no son los mismos; y b) su magnitud relativa ha cambiado a lo largo del tiempo. Otra posible solución consistiría en añadir a la renta de los trabajadores asalariados (SI), el excedente operativo del sector familias minorado en las rentas imputadas a las viviendas en propiedad (llámese a este concepto Z para facilitar la referencia). Pero esta solución atribuiría demasiada renta al factor trabajo porque Z incluye la remuneración del componente de capital de los trabajadores autónomos. El procedimiento correcto es añadir a SI sólo la parte de Z que se refiere a la remuneración de los servicios laborales contribuidos por los trabajadores autónomos, —59→ pero la dificultad del mismo es que no existe información estadística sobre este concepto.
El procedimiento seguido en este trabajo consiste en estimar la participación de las rentas salariales en el producto a partir de datos sobre cantidades, y luego añadir a SI aquella parte de Z que hace que la media de la suma (SI+Z) a lo largo de todo el período considerado sea igual a la participación estimada de las rentas del trabajo. De esta forma, a la vez que se obtiene una medida razonable de la media de la participación de las rentas salariales, se utiliza también la información suministrada por la magnitud relativa y por la variación de las series SI y Z.
Para estimar la participación de las rentas salariales se utilizan datos sobre la productividad del trabajo (Q/L) y la razón capital trabajo (K/L), y se obtiene un estimador del parámetro b en la expresión [3] del texto bajo el supuesto de que A* es constante. Para evitar la necesidad de tomar en cuenta posibles cambios en el crecimiento de la productividad global, se considera únicamente el ciclo más reciente (1985-1994). Asimismo, para evitar la necesidad de tener en cuenta variaciones intercíclicas en la utilización del stock de capital, se utilizan promedios para grandes períodos: uno para el período 1985-1991 y otro para el período 1991-1994. Este procedimiento resulta en dos observaciones a través de las cuales se puede ajustar la recta [3]. El valor estimado de b es 0,378, que corresponde a la participación media de las rentas del capital y que implica una participación de las rentas del trabajo (1-b) de 0,62240. Doménech y Taguas (1995), utilizando métodos econométricos adecuados que toman en cuenta el cambio en la tendencia de la productividad global así como la variación intercíclica de la utilización de la capacidad, obtienen con datos para el período 1964-1994 un estimador de b de 0,375, muy próximo al utilizado en este trabajo.
El salario real de pleno empleo (FRW) se estima como el producto marginal del trabajo derivado de la función de producción [1] descrita en la Sección A.1 más arriba, evaluado con b = 0,378, una medida de la ocupación en el pleno empleo, y el crecimiento de la productividad global evaluado en su tendencia. Para estimar esta tendencia, primero se calcula —60→ de [1] el valor de A para cada año y luego se ajusta una tendencia a esta serie con un cambio de pendiente después de 1974. La función de producción resultante es
Q = e[-0, 5491+0,0234(T1) - 0,0126(T2)] K0,378 L0,622,
[4]
donde T1 es una tendencia que va de 1964 a 1994 y T2 una tendencia que va de 1975 a 1994.
La variable FRW, como se señala más arriba, se obtiene como el producto marginal del trabajo derivado de [4] -la primera derivada de Q con respecto a L- evaluada en el pleno empleo (FL) y en la tendencia de la productividad global. Es decir,
FRW = 0, 622 e[-0, 5491+0,0234(T1) - 0,0126(T2)] (K/FL)0,378,
[5]
donde FL es el volumen de empleo coherente con una tasa de paro del 5%.
Una vez se ha calculado FRW para cada año, la brecha salarial de pleno empleo (WGAP) se obtiene como sigue:
WGAP = [(W/P) / FRW],
[6]
donde (W/P) es el salario real (coste laboral dividido por el deflector del PIB a coste de los factores).
Aun teniendo en cuenta las limitaciones señaladas en el texto principal de este trabajo, la utilización de este concepto es útil como primera aproximación a los datos, porque suministra información relevante acerca de en qué medida el crecimiento del salario real se ha desviado del crecimiento de la productividad estandarizada para un determinado nivel de actividad. Como es bien sabido, este tipo de cálculo puede llevar a conclusiones erróneas si los empleadores determinan los precios a través de un margen fijo sobre los salarios nominales (Layard y Nickell, 1986). Pero no está claro que este supuesto, que implica que los empleadores tienen capacidad para fijar el salario real, sea el más adecuado para describir la realidad española de los últimos treinta años. El salario real en España experimentó una explosión importante a principios de los setenta que difícilmente puede ser adscrita a los deseos de los empleadores. El supuesto combinado de un shock exógeno de los salarios a principios de los setenta, rigidez a la baja del salario real, y empleadores que maximizan su beneficio —61→ y ofrecen trabajo de acuerdo con su curva de demanda de factores, aunque evidentemente también una aproximación a la realidad, se puede sostener que para el caso español tiene un contenido descriptivo superior.
Obsérvese, por otra parte, que la «brecha salarial de pleno empleo» no es por construcción la tasa de paro y que, por tanto, la evolución de esta brecha puede en principio aportar evidencia sustantiva independiente de las causas del desempleo. Como puede comprobarse en la derivación anterior, el denominador de la brecha es una función (expresión [5]) de la razón capital trabajo evaluada en (K/FL), donde FL es la medida de pleno empleo utilizada. La brecha se movería por construcción como el paro si el numerador de la misma fuera esta misma función evaluada en (K/L), donde L es el empleo observado. Pero éste no es el numerador. El numerador de la expresión [6] es el salario real observado (W/P), que es un dato empíricamente distinto de la función en cuestión evaluada en (K/L). Naturalmente, si el salario real muestra alguna relación con el valor de esta función para (K/L), la brecha mostrará también una relación con el desempleo. Pero este resultado, si se produce, como es el caso con los datos aquí considerados, no debe ser interpretado como una consecuencia de la forma en que la brecha está construida, sino como evidencia empírica de que los salarios reales observados están relacionados con la productividad marginal del trabajo41.
Con todo, el carácter aproximativo de este concepto no debe ser perdido de vista. El cálculo que el mismo proporciona del salario real de equilibrio (FRW) se basa sólo en la curva de demanda de trabajo de corto —62→ plazo (es decir, para un stock de capital dado) y en una representación muy simple de la oferta de trabajo (una proporción de la población activa, en la que ni la proporción en cuestión, ni el volumen de la población activa, dependen del salario real). Aun en el contexto de los supuestos aquí utilizados, un cálculo más elaborado de la brecha salarial ajustaría este concepto por: a) una, posiblemente, mayor elasticidad de la curva de demanda de trabajo, debido al efecto que en el largo plazo los cambios salariales pueden tener sobre el stock de capital; y b) una potencial dependencia de la oferta de trabajo con respecto al salario real. Estos ajustes quedan fuera del alcance de este trabajo, en la medida en que realizarlos equivaldría a estimar un modelo completo del mercado de trabajo. De ahí que, en el texto principal, el uso de este concepto, más que centrarse en el valor absoluto de la brecha se limite básicamente a la comparación entre la tasa de crecimiento del salario real observado (W/P)* y la tasa de crecimiento del salario real de pleno empleo (FRW)*. En la práctica, pues, lo que se está haciendo es comparar la evolución del salario real con la evolución de una medida no cíclica de la productividad del trabajo.
El Cuadro 4 mide en la línea 7 el crecimiento anual de la brecha salarial. Es decir, la expresión,
WGAP* = (W/P)*- FRW*.
[7]
(W/P)* se descompone en tres elementos utilizando la relación siguiente:
(W/P) = [W(1-t)/CP] (CP/PMP) [PMP/P(1-t)],
[8]
donde t es la suma del tipo medio de la imposición directa y de la cotización media a la Seguridad Social. El tipo medio compuesto t, por otra parte, se define como la razón entre los ingresos provenientes de la imposición directa y de las cotizaciones de la Seguridad Social sobre la renta salarial total definida en la Sección A.2 más arriba. CP es el índice de precios de consumo, PMP es el deflector del PIB a precios de mercado, y P es el deflector del PIB a coste de los factores. En tasas de crecimiento, la expresión [8] es, —63→
(W/P) * = [W(1-t)/CPI* + (CP/PMP) * + [PMP/P(1-t)]*.
[9]
Las líneas 1, 4 y 5 del Cuadro 4 miden respectivamente los tres términos a la derecha del signo de igualdad de la expresión [9], y la línea 2 mide FRW*.
La línea 8 del Cuadro 4 mide la expresión [SW(1-t)/CP]*, donde SW es el coste laboral total para trabajadores asalariados y t ha sido ya definida.
Andrés, J., Escribano, A., Molinas, C. y Taguas, D. (1989). «La Inversión en España: Un Enfoque Macroeconómico». Moneda y Crédito. 188.
Andrés. J., Dolado. J., J. Molinas., C. Sebastián, M. y Zabalza. A. (1990). «The Influence of Demand and Capital Constraints on Spanish Unemployment», en Drèze, J. H. and Bean, C. R. (eds.) Europe's Unemployment Problem, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
Argimón, I., González-Páramo, J. M., Martín, M. J. y Roldán. J. M. (1993). «Productivity and Infrastructures in the Spanish Economy». Documento de Trabajo 9313. Banco de España, Madrid.
Baiges, J., Molinas, C. y Sebastián, M. (1987). La Economía Española 1964-1985: Datos, Fuentes y Análisis. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.
Bentolila, S. y Dolado J. J. (1994). «Labour Flexibility and Wages: Lessons from Spain», Economic Policy. 18.
Bentolila. S. y Saint-Paul. G. (1992). «The Macroeconomic Impact of Flexible Employment Contracts: An Application to Spain», European Economic Review, 36.
Blanchard, O. y Jimeno. J. F. (1994). (Eds.) El Paro en España: ¿Tiene solución? CEPR. Londres.
Blanchard. O. y Jimeno, J. F. (1995). «Structural Unemployment. Spain versus Portugal». American Economic Review, 1985. 2.
Boix. C. (1994). «Partisan Strategies and Supply-Side Policies in Advanced Nations, 1960-1990». Tesis Doctoral. Harvard University.
Bruno. M. y Sachs, J. D. (1985). Economics of Worldwide Stagflation. Basil Blackwell, Oxford.
Corrales A. y Taguas D. (1991). «Series Macroeconómicas para el período 1954-1989: Un Intento Homogeneización», en Molinas, C., Sebastián, M. y Zabalza, A. (eds.) La Economía Española. Una Perspectiva Macroeconómica. Instituto de Estudios Fiscales. Antoni Bosch. Barcelona.
Dolado, J. J., Malo de Molina, J. L. y Zabalza, A. (1986). «Spanish Industrial Unemployment: Some Explanatory Factors», Económica. 53.
Dolado. J. J. y. Jimeno, J. F. (1995). «Why Is Spanish Unemployment So High?», mimeo. Madrid.
Doménech, R. y Taguas, D. (1995). «Potential Output Estimates for the Spanish Economy». Trabajo presentado a la Conferencia de la OCDE sobre «Medium Term Economic Assessment», Junio 1995, Helsinki.
Fuentes-Quintana. E. (1990). «De los Pactos de la Moncloa a la Constitución», en García-Delgado, J. L. (ed.) Economía Española de la Transición y la Democracia. Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid.
García-Delgado, J. L. (1990). «Clases de unos años decisivos», ensayo introductorio en García Delgado J. L. (ed.) Economía Española de la Transición y la Democracia. Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid.
—64→Jimeno. J. F. Y Toharia, L. (1993). «The Effects of Fixed-Term Employment on Wages: Theory and Evidence from Spain». Investigaciones Económicas. 17.
Layard. R. D. G. y Nickell, S. J. (1986). «Unemployment in Britain». Económica. 53.
Mauleón, I. (1985). «La Inversión en Bienes de Equipo: Determinantes y Estabilidad». Documento de Trabajo 8515, Banco de España, Madrid.
Ruiz-Castillo. J. (1995) «The Evolution of the Standard of Living in Spain: 1973-74, 1980-81, 1990-91». Trabajo presentado a la conferencia «Twenty Years of Iberian Democracy-: An Assessment», 7 y 9 de Abril de 1995, Minda de Gunzburg Center for European Studies, Harvard University.
Viñals, J. (1994). «Es Posible la Convergencia en Espana?: En Busca del Tiempo Perdido». Documento de Trabajo 9430. Banco de España, Madrid.
Zabalza. A. (1994). «El Camino Hacia la Unión Económica y Monetaria: Una Perspectiva Española». Revista de Economía de ICE, 371.
Zabalza. A. y Andrés, J. (1991). «¿Afecta la Fiscalidad al Ahorro?». Moneda y Crédito. 192.
This paper examines the process of economic growth that Spain has undergone during the last thirty years and, in this perspective, looks at the recession of the beginning of the nineties. It is argued that while the downturn of the seventies shows the characteristics of a supply shock-initiated crisis, that of the nineties is to a very large extent the consequence of a substantial reduction in nominal demand. Although the oil crisis had a bearing on the slowdown of the seventies, the concomitant domestic real wage push relative to trend productivity was the single most clearly identifiable factor behind the dramatic fall in employment after 1974. The initiating causes of the crisis of the nineties, on the other hand, are more diffuse. They have to do with the completion of the business cycle in the industrialized world, and with the uncertainty created by events such as the collapse of the socialist economics of East-Europe, the German reunification and the Gulf war.
Instituto de Análisis Económico (CSIC)
El artículo del profesor Zabalza consta de dos partes bien diferenciadas. La primera es una reflexión sobre la experiencia española de crecimiento durante las tres últimas décadas. Apoyándose en un sencillo —65→ modelo de contabilidad del crecimiento, Zabalza identifica algunos de los problemas más importantes de nuestra economía y ofrece hipótesis interesantes sobre sus causas inmediatas. La segunda parte, más breve, ofrece una explicación tentativa de las causas de la recesión de los noventa así como de su profundidad y persistencia, características éstas que el autor atribuye a los ya tópicos, problemas estructurales, de la economía española.
Aunque el encaje entre las dos partes del trabajo podría ser mejor y la segunda es probablemente más breve de lo que requeriría el tema del presente Simposio, cada una de ellas ofrece un análisis interesante de un tema de gran importancia. Mis comentarios se centrarán fundamentalmente sobre la primera parte del artículo -más que nada porque mi ignorancia sobre las cuestiones tratadas en la segunda parte es casi total-. Siguiendo la misma línea argumental que el autor, resumiré los puntos esenciales de su trabajo, reformulando algunos de ellos en términos explícitamente comparados, y discutiré algunas de sus conclusiones. En términos generales coincido con el diagnóstico de Zabalza sobre los problemas fundamentales de la economía española y considero bastante plausibles la mayor parte de sus hipótesis sobre las causas inmediatas de estos problemas. No estoy seguro, sin embargo, de que algunos de los resultados empíricos que ofrece el autor -en particular, en relación con las causas próximas del aumento del paro- constituyan «evidencia independiente, en favor de sus conclusiones.
A la hora de analizar la experiencia española de crecimiento durante las últimas décadas resulta conveniente contar con una referencia explícita que permita filtrar tendencias comunes para identificar así más nítidamente las peculiaridades de nuestro caso y proporcione un criterio para evaluar el comportamiento de nuestra economía. En consecuencia, podría ser interesante reformular el análisis de Zabalza en un marco comparado. Desde esta perspectiva, el problema central que analiza el autor podría replantearse (creo que sin violencia alguna a sus tesis) en términos de la interrupción del proceso de acercamiento de la renta per cápita española hacia la media de los países industriales que se observa a partir de 1974. Esta interrupción del fuerte proceso de convergencia real observado durante el período precedente se aprecia con claridad en el Gráfico 1, donde se muestra la evolución de la renta española —66→ (per cápita y por ocupado) normalizada por el promedio de los países de la OCDE.
La comparación de las sendas de las dos variables que aparecen en la figura sugiere que el pésimo comportamiento de la tasa de ocupación española tiene mucho que ver con el descenso de nuestro nivel de vida relativo. La incapacidad de generar empleo es, ciertamente, uno de los grandes problemas de nuestra economía. En esto estoy plenamente de acuerdo con Zabalza. Merece la pena, además, resaltar esta aparente obviedad porque algunos economistas, y en particular algunos teóricos del crecimiento, tendemos a analizar el proceso de crecimiento olvidándonos del empleo. En el caso español, y probablemente en muchos otros, esto puede llevarnos a dejar fuera del análisis algunos de los problemas esenciales.
¿A qué se debe el mal comportamiento de la tasa de ocupación española? El artículo de Zabalza esboza una respuesta parcial a esta pregunta. Aunque el autor no pretende ofrecer una explicación completa del problema del paro, sí identifica dos fuentes inmediatas de su aumento: el comportamiento de los salarios y el descenso de la tasa de acumulación del capital. En términos generales, la explicación ofrecida resulta bastante plausible. Tengo, sin embargo, algunas reservas.
—67→
Una de las tesis centrales del artículo es que el rápido crecimiento de los costes salariales, particularmente durante los años de la transición política, ha abierto una brecha entre el salario observado y el de pleno empleo, impidiendo así la absorción del fuerte incremento de la oferta de trabajo debido a la incorporación femenina a la fuerza laboral, la destrucción de empleo agrícola y la pérdida de la emigración como válvula de escape. Este crecimiento de los costes salariales, a su vez, se debe en parte al aumento de la carga impositiva y al deterioro de los términos de intercambio, pero refleja también un aumento «excesivo», de los salarios netos que, previsiblemente, tiene su origen en el poder de mercado de los sindicatos o de los trabajadores con un puesto de empleo fijo (los llamados «insiders»).
Esta es probablemente una de las historias más razonables que se pueden contar sobre el origen del paro español. Si yo tuviese que contar una historia de este tipo, probablemente contaría la misma. Hay, que reconocer, sin embargo, que no es la única interpretación posible. De entrada, se me ocurren otras dos (que no excluyen necesariamente a la anterior), y probablemente haya muchas más. La primera tiene que ver con un incremento de la compresión salarial, y no necesariamente con un crecimiento excesivo del salario medio. No resulta descabellado suponer que la combinación de un salario mínimo creciente y la presión tanto sindical como social en favor de una mayor igualdad en las retribuciones haya podido dar lugar a una situación en la que el trabajo menos cualificado resulta excesivamente caro en relación a su productividad. Esto podría explicar porqué el paro se concentra en los colectivos con menores niveles de formación y menor experiencia profesional. Una segunda explicación tendría que ver con un aumento de lo que podríamos llamar la tasa de cambio estructural. En el marco de un modelo de búsqueda o de costes de ajuste del empleo, un aumento de la tasa de destrucción de empleo (como resultado de un patrón cambiante de ventaja comparativa sectorial y la rápida expulsión de mano de obra agrícola, por ejemplo), resultaría en un aumento permanente de la tasa de paro.
Las implicaciones de política de las tres historias son claramente diferentes. Mientras la primera exigiría medidas destinadas a limitar el poder de mercado de los trabajadores o acuerdos globales de moderación salarial, la segunda apuntaría hacia la necesidad de una mayor flexibilidad en los sistemas retributivos y el abaratamiento, posiblemente mediante subvenciones, del trabajo menos cualificado. Finalmente, la —68→ tercera historia sugiere que lo esencial es mejorar los mecanismos de contratación y la capacidad de trabajadores y empresas para adaptarse a un contexto económico cada vez más dinámico e incierto.
Por otro lado, sospecho que no resultaría fácil discriminar empíricamente entre las hipótesis precedentes, al menos con datos agregados, puesto que los tres mecanismos generarían patrones similares de evolución del empleo y los salarios. En el primer caso, un crecimiento excesivo de los salarios causaría un aumento del desempleo. En los otros dos, un tercer factor generaría tanto un aumento del desempleo como un incremento del salario medio observado -siempre que esta última variable sea aproximadamente proporcional al producto marginal del trabajo y éste sea decreciente en el nivel de empleo.
Por ponerlo de otra forma, las tres hipótesis que he esbozado sobre el origen del desempleo español generarían una brecha salarial positiva. La evolución de esta última variable, por tanto, no permite discriminar entre las posibles causas del problema. Esta conclusión, sin embargo, no implica que el concepto de brecha salarial sea inútil. A lo más que podemos aspirar cuando sometemos un modelo a un contraste estadístico es a no rechazarlo, esto es, a establecer que el modelo es consistente con los datos disponibles. Esto casi nunca excluye la posibilidad de que existan otras hipótesis que también lo son, pero éste es un gaje inevitable del oficio.
La evolución de la brecha salarial es ciertamente consistente con la hipótesis de Zabalza sobre el origen del paro. El concepto ofrece, además, una forma natural de cuantificar la desviación salarial sobre el equilibrio y permite, por tanto, establecer objetivos concretos para la política de rentas. En este sentido, no tengo nada que objetar a su uso. Donde discrepo con Zabalza es en su afirmación de que el análisis de la brecha permite «aportar evidencia substantiva independiente de las causas del desempleo»
(Apéndice A.3). El problema fundamental es que cuando calculamos la correlación entre la tasa de empleo y la brecha salarial no estamos estudiando la relación entre dos variables observables sino entre una variable observable y otra construida a partir de un modelo específico cuya validez se asume. La inferencia de que la alta correlación observada entre las dos variables permite, a su vez, validar el modelo parece un tanto arriesgada.
Antes de dar este paso conviene investigar hasta qué punto la relación entre las dos variables se debe a la propia construcción de la segunda de ellas. La brecha salarial (WGAP) se define como la razón entre el salario real observado (Wt) y el salario de pleno empleo (Wft):
—69→
(1)
Para investigar la relación entre WGAP y la tasa de empleo (E = L/N) resultará conveniente reescribir esta expresión de una forma equivalente. Con este fin, sea
(2)
la participación del trabajo en la renta nacional en el período t y
(3)
el índice de productividad total de los factores calculado de la forma habitual en la literatura de contabilidad del crecimiento. Cuando realizamos este cálculo estamos suponiendo que la participación del trabajo en la renta nacional es igual al exponente de este factor en una función de producción agregada del tipo Cobb-Douglas con rendimientos constantes,
(4)
Diferenciando (4) con respecto al trabajo y utilizando las expresiones precedentes es fácil ver que el salario observado, Wt, es igual por construcción al producto marginal del trabajo en la función de producción dada en (4)42, esto es
(5)
Por otro lado, el salario de pleno empleo se define como el producto marginal del trabajo evaluado en la tasa «natural» de desempleo, calculado utilizando una segunda estimación de la función de producción:
(6)
—70→donde 
es una estimación de la participación media del trabajo en la renta y Ât, el valor ajustado o tendencial de la productividad total de los factores (PTF). Utilizando (5) y (6) podemos escribir el logaritmo de la brecha salarial de pleno empleo en la forma:
(7)
donde las letras minúsculas indican logaritmos de las variables correspondientes en mayúsculas y et = lt - nt, es el logaritmo de la tasa de ocupación (ocupados sobre activos). Esta expresión muestra que si ât = at y = wt, los primeros términos se anulan y el logaritmo de la brecha salarial es igual a una constante por el logaritmo de la tasa de ocupación. Este sería el caso si utilizásemos i) el producto marginal estimado del trabajo en vez del salario observado en el numerador, o ii) la participación observada del trabajo en cada período y el valor resultante del índice de TFP en vez de sus valores estimados o tendenciales para calcular el salario de pleno empleo (el denominador) en cada período. Puesto que éste no es el procedimiento utilizado, la correlación entre (los logaritmos de) las dos variables no es necesariamente uno por construcción, tal como destaca Zabalza. Sin embargo, las posibles desviaciones de la brecha salarial sobre la tasa de empleo pueden provenir únicamente de las diferencias entre at, y ât, o entre y wt. Es decir, la alta correlación observada entre las dos variables indica que la participación del trabajo en el producto nacional es muy estable y la PTF no se desvía demasiado de la tendencia ajustada. Ambas conclusiones son buenas noticias si lo que queremos es ajustar una función de producción Cobb-Douglas con una tasa constante de progreso técnico, pero dudo que ninguna de ellas nos diga gran cosa sobre las causas del aumento del desempleo.
El segundo problema que identifica Zabalza es el descenso de la tasa de acumulación de capital. Este factor contribuiría al descenso de la tasa de crecimiento tanto directamente como a través de su impacto negativo sobre la demanda de trabajo.
Mi lectura de los datos es ligeramente distinta. En primer lugar, pienso que la tasa de crecimiento del stock de capital no es la variable —71→ más indicada para medir el esfuerzo inversor. Puesto que resulta más fácil crecer a una tasa elevada cuando la dotación de capital es pequeña, la tasa de acumulación de capital tenderá a descender casi inevitablemente con el stock acumulado. Dado que este factor tiende a distorsionar las comparaciones, tanto temporales como entre países con distintos niveles de riqueza, probablemente sea mejor centrarse en la evolución de la tasa de inversión, definida como inversión bruta sobre PIB. El Gráfico 2 muestra la evolución de esta variable en España y en el promedio de la OCDE. Centrándonos primero en el caso español, la tasa de inversión no presenta una tendencia clara sobre el conjunto del período, si bien es cierto que se observa un descenso importante durante el período 1977-84. La comparación de las dos series revela, por otro lado, dos hechos interesantes que también observa Zabalza. El primero es que la inversión española parece fluctuar más durante el ciclo que la del promedio de los países industriales. El segundo es que el nivel de inversión en nuestro país es significativamente inferior al promedio de la OCDE durante casi todo el período.
En mi opinión, este segundo problema es más preocupante a largo plazo que el, aparentemente transitorio, descenso de la inversión durante la crisis de los setenta ya que un nivel relativamente elevado de inversión probablemente constituye una condición necesaria para la convergencia real con Europa. En este sentido, el paralelismo entre esfuerzo inversor y renta relativa que se observa en el Gráfico 3 resulta muy sugerente.
Para concluir mis comentarios sobre la primera parte del trabajo, quisiera llamar la atención sobre un factor adicional que podría ser clave para explicar la ralentización del crecimiento español. Se trata del descenso de la tasa de crecimiento de la productividad de los factores (PTF). Los mismos datos que maneja Zabalza indican que la contribución de este factor al descenso de la tasa de crecimiento ha sido mayor que la del descenso de la tasa de acumulación de capital (Véase el Gráfico 3). Comparando los períodos 1964-74 y 1991-94, el descenso de la tasa de crecimiento de la PTF representa una reducción de 1,4 puntos en la tasa anual de crecimiento de la renta, mientras que la contribución de la acumulación de capital explica un descenso de 1,1 puntos.
Terminaré con un breve comentario sobre la segunda parte del artículo. Quizás la tesis más importante de esta sección es que la economía española sufre graves problemas estructurales que generan un elevado grado de rigidez y tienden a agravar y prolongar los episodios recesivos causados tanto por perturbaciones de oferta como de demanda. El autor no es demasiado específico sobre la naturaleza de estas deficiencias estructurales. Algunos de sus comentarios se refieren a las proverbiales rigideces de nuestro mercado de trabajo, pero tengo la impresión —73→ de que está pensando en más cosas y sería bueno que las hiciera explícitas.
La idea de que los «problemas estructurales» constituyen un serio handicap para la economía española parece gozar de un alto grado de aceptación, al menos si nos atenemos a los titulares de prensa y a las declaraciones de los políticos. Con todo tengo que declararme un tanto escéptico, o al menos agnóstico, sobre esta cuestión. Quizás con ello no haga sino revelar mi profunda ignorancia sobre el tema, pero lo cierto es que (exceptuando algunos trabajos sobre el mercado laboral) no he visto demasiados estudios rigurosos en los que se describa con precisión la naturaleza de las supuestas rigideces, se establezca que éstas son en efecto mayores que en otros países de nuestro entorno y se cuantifique su efecto sobre el crecimiento y el comportamiento cíclico de nuestra economía. Esto no quiere decir que tales estudios no existan. Agradecería al profesor Zabalza que en su respuesta a este comentario ampliase su discusión sobre el tema, discutiendo la evidencia existente y proporcionando algunas referencias adicionales.
Doménech. R. y J. Boscá. «Base de datos para el análisis del crecimiento económico en la OCDE. 1960-93». Mimeo, Universidad de Valencia, 1995.
AB Asesores
Ante todo, quiero felicitar al profesor Zabalza por su excelente esfuerzo para ordenar los últimos veinte años de nuestra historia económica de acuerdo con una estructura que permite identificar los principales dilemas de la política económica española a lo largo de todo este período. En lo que sigue prescindiré de algunas observaciones sobre el esqueleto analítico del trabajo que realicé a una primera versión del artículo de Zabalza, en parte porque han sido ya incorporadas a la versión final del artículo y en parte porque su enumeración restaría unidad al contenido de estos comentarios. Mi intención en esta breve nota es concentrarme en el tratamiento de la crisis de comienzos de los noventa efectuado por Zabalza, examinando críticamente algunos aspectos de su —74→ interpretación y proponiendo una explicación alternativa. No pretendo elaborar excesivamente esta explicación alternativa sino simplemente esbozarla e ilustrarla mediante algunos indicadores elementales. Espero, sin embargo, que al menos tenga la sugestión y coherencia necesarias para tentar la mente de algún lector. En mi opinión, el análisis de este episodio de nuestra reciente historia económica es especialmente útil por dos razones. En primer lugar, porque de la interpretación de las causas de la recesión de los noventa depende en buena medida del juicio de la política económica aplicada durante la década anterior a dicha crisis. En segundo lugar, porque de algunos aspectos de dicha interpretación, por ejemplo del análisis que se haga de la influencia desempeñada por el régimen cambiario en la mencionada recesión, se desprenden también algunas consideraciones de política económica especialmente relevantes en la situación actual, un momento que debe ser el umbral de la culminación del proceso de integración monetaria europea.
Zabalza sostiene que la profunda crisis padecida por la economía española a comienzos de los noventa fue esencialmente una crisis de demanda, a diferencia por ejemplo de lo acaecido en los años setenta o en la última recesión de los años ochenta. Fue también una crisis, en opinión de Zabalza, originada fundamentalmente por factores exteriores: la génesis de la crisis estaría en la subida de tipos de interés efectuada por el Bundesbank para contrarrestar el exceso de demanda creado por la unificación alemana. Esta subida se transmitió a los otros países europeos a través del mecanismo cambiario del SME obligándoles a instrumentar una política monetaria restrictiva, contraria a la que requería el mantenimiento de su equilibrio interno en esos momentos. La decisión de participar en el mecanismo de cambios relativamente fijos del SME a finales de los ochenta sería así corresponsable con la política económica alemana en la gestación de la crisis.
Antes de adentrarse en el análisis de estas opiniones es importante poner de relieve un hecho no suficientemente conocido o insuficientemente subrayado: la recesión padecida por la economía española fue más intensa que la registrada por la mayoría de países de la Unión Europea. El Cuadro 1 muestra la evolución del crecimiento del PIB en 1992 y —75→ 1993, los dos ejercicios completos de la recesión que comenzó a finales de 1991 y se remontó a comienzos de 1994:
| Crecimiento PIB real | 1992 | 1993 | 1992-1993 |
| España | 0,7 | -1,2 | -0,2 |
| UE (12) | 1,0 | -0,4 | 0,3 |
Fuente: Comisión Europea 1995.
Estos datos proporcionan un primer indicio para sospechar de las hipótesis que asignan a factores causales exteriores el protagonismo en la gestión y desarrollo de la crisis de los noventa. En efecto, teniendo en cuenta que la economía española es una economía mucho más cerrada al exterior que prácticamente todas las demás economías europeas (tanto en lo concerniente a la integración de los mercados de bienes como a la de los mercados de capital) ello supondría, en principio, que una recesión originada en el exterior tendría una incidencia negativa relativamente menor sobre nuestra economía que sobre las otras economías europeas mucho más abiertas. Sin embargo, la tasa de crecimiento medio anual registrada por España en el período 1992-93 fue la menor de todos los países pertenecientes al SME.
En mi opinión, la crisis de los noventa tuvo causas predominantes internas. Sus raíces se deben buscar en las distorsiones de política económica y los profundos desequilibrios inducidos por dichas políticas durante la etapa expansiva de nuestra economía. La subida de tipos de interés efectuada por el Banco de España durante 1989 y 1990 estaba plenamente justificada por la situación de nuestra economía y no era, ni mucho menos, imprescindible para mantener la peseta dentro del mecanismo cambiario del SME. A diferencia de lo que pudo ocurrir en otros países europeos, la situación de creciente exceso de demanda que caracterizaba el comportamiento de la economía española en los últimos meses de 1989 exigía un endurecimiento de la política monetaria fuera cual fuese la situación en Alemania (como atestiguan diversos indicadores coyunturales durante este período). A diferencia también de lo ocurrido en muchos otros países del SME, la paridad de la peseta en 1990 y 1991 se podría haber mantenido sin alteraciones del tipo de intervención del Banco de España, o con subidas muy inferiores a las realizadas (como lo prueba la masiva acumulación de reservas exteriores durante estos dos años). El Cuadro 2 muestra la evolución de diversos indicadores —76→ del exceso de demanda y la acumulación de reservas exteriores durante el período de referencia.
| 1989 | 90 | 91 | |
| Crecimiento Gasto Público (%) | 16.2 | 14.2 | 13.6 |
| Déficit Público/PIB (%) | 16.2 | 14.2 | 13.6 |
| Déficit Cuenta Corriente/PIB (en %) | -2.9 | -3.4 | -3.0 |
| Inflación media año (%) | 6.8 | 6.7 | 5.9 |
| Crecimiento salarios nominales (%) | 6.6 | 8.9 | 8.5 |
| (Creación anual empleo en %) | (4.1) | (2.6) | (0.2) |
| Aumentos reservas exteriores (en millardos de USS) | 4.6 | 7.7 | 14.0 |
Fuente: Banco de España (Informe Anual) y Síntesis de Indicadores Económicos (Ministerio de Economía y Hacienda).
Los indicadores señalados sugieren que la política fiscal instrumentada en aquellos años era inconsistente con el objetivo de inflación, un objetivo que fue ampliamente sobrepasado en todos los ejercicios de referencia; se aplicó, pues, una política fiscal de signo opuesto a la política monetaria antiinflacionista que se estaba llevando a cabo durante todo el período. A mi juicio es aquí, en la contradicción entre las políticas monetaria y fiscal, donde radica la gestación de las fuerzas depresivas que terminaron liquidando estrepitosamente el proceso expansivo de nuestra economía. De hecho, se puede aventurar que la subida de tipos de interés en Alemania facilitó la articulación de una política monetaria más decididamente antiinflacionista en España y que si este endurecimiento no se hubiera realizado la recesión española quizá se habría retrasado, pero cuando finalmente se hubiera producido habría sido aún más intensa ya que la inflación y el desequilibrio exterior hubieran alcanzado niveles aún mayores de los registrados a comienzos de los noventa.
El Cuadro 2 muestra también la fuente principal de la acusada rigidez del lado de la oferta, el mercado de trabajo, cuyas distorsiones permitieron la coexistencia de fuertes ritmos de crecimiento de los salarios nominales, muy por encima del objetivo de inflación e incluso de la inflación registrada, a pesar de la fuerte desaceleración del ritmo de creación de empleo registrado durante esos años.
—77→La distinción entre crisis de demanda versus crisis de oferta es de menor interés para la política económica. En todo caso, se ha de recordar que cualquier desaceleración del crecimiento de la demanda nominal tiene efectos sobre las variables reales en proporción a la rigidez a la baja que caracterice el proceso de determinación de la renta de los factores productivos. Esto es, si la caída, del ritmo de crecimiento de la demanda nominal ocasiona una recesión, es porque inevitablemente existen rigideces o imperfecciones de otro tipo radicadas en el lado de la oferta agregada.
Aceptar que la intensa subida de tipos de interés en los años anteriores a la crisis no respondió a la exigencia de cumplir los compromisos cambiarios dentro del Sistema Monetario Europeo SME entraña aceptar también que el régimen cambiario fue neutral en relación con la recesión. Esto no implica negar que la sobrevaloración del tipo de cambio real de la peseta fuera uno de los principales resortes de la crisis, ni mucho menos supone estar en contra de quienes sostienen que la entrada en el régimen de tipos de cambio relativamente fijos del SME se hizo a un tipo de cambio real excesivamente apreciado.
Para empezar, el hecho mismo de que se entrara en el SME a un tipo de cambio excesivamente sobrevalorado presupone que dicho exceso de sobrevaloración se hubo de producir con anterioridad a la adopción de dicho régimen cambiario. Así fue. Cerca del 70% de la apreciación del tipo de cambio real de la peseta entre 1986 (cuando se empieza a apreciar) y comienzos de 1992 (cuando se empieza a depreciar) se produjo entre 1986 y 1989; se produjo, pues, antes de entrar en el SME. De hecho, se puede aducir que la entrada en el SME ralentizó el proceso de apreciación respecto a lo que hubiera ocurrido si la peseta hubiera seguido operando en un régimen de tipos de cambio variable. Ciertamente una de las consecuencias buscadas por las autoridades económicas españolas con la decisión de entrar en el SME fue frenar las presiones alcistas sobre la peseta. Como se pone de manifiesto por las entradas masivas de reservas en los dos primeros años de pleno funcionamiento del SME (véase Cuadro 2), los tipos de interés no se fijaron pensando en los compromisos cambiarios y no fue posible eliminar las presiones alcistas sobre la peseta. Ello se debió a que, a pesar de la entrada en el SME, no se modificó la combinación de políticas económicas ni se abordó la —78→ reforma del mercado de trabajo. Así pues, el cambio de régimen cambiarlo no alteró las pautas de funcionamiento de la política económica, pero ni desplegó ningún efecto recesivo adicional ni acentuó los que emanaban de dicha combinación de políticas económicas.
En todo caso, las observaciones anteriores no pretenden más que ofrecer abigarradas viñetas de interpretaciones alternativas a las desarrolladas por Zabalza sobre estas cuestiones. Termino estos comentarios reiterando mi felicitación a Zabalza por facilitarnos una estructura de los más relevantes acontecimientos macroeconómicos de nuestra historia reciente de forma que sea posible abrir una fructífera discusión sobre los principales problemas, pasados y presentes, de nuestra política económica.
Xavier Sala-i-Martín, tras destacar la utilidad del análisis descriptivo llevado a cabo por Antoni Zabalza, encuentra que el trabajo no permite avanzar en nuestro conocimiento acerca de si la próxima recesión sera más o menos severa para la economía española que la última y bajo qué supuestos. Para ello, haría falta complementar el análisis descriptivo con un marco analítico más explícito y llevar a cabo comparaciones internacionales. También resalta que en el trabajo hay cierta inconsistencia entre los supuestos de competencia perfecta que se aplican en algunas partes y de competencia imperfecta en otras. Jordi Galí, en relación a la evidencia presentada acerca de la brecha salarial, se pregunta si un subsidio sobre el empleo que cerrara dicha brecha eliminaría el paro en España y cuáles serían sus efectos presupuestarios. En relación también a la brecha salarial, Charles Bean se muestra crítico con su Utilidad, ya que aquella tan sólo señala -por construcción- que hay paro pero no dice nada acerca de las causas de éste. Según Bean, sería aconsejable relacionar la evolución de la inversión y de los salarios en el trabajo, para lo que sería preciso contar con una estructura analítica de equilibrio general claramente explicitada. Bean también se muestra escéptico en que la causa principal del empeoramiento del paro en España sea el incremento de la imposición, sugiriendo que los problemas hay que buscarlos, más bien, en la elevada rigidez a la baja de los salarios reales. Finalmente, Bean sugiere que la lucha contra el paro puede hacer que, en el proceso de transición a la Unión Monetaria, se requiera disponer —79→ de mayores grados de flexibilidad de los que permite el Tratado de Maastricht.
José García Solanes indica que la entrada de la peseta en el Sistema Monetario Europeo ha tenido una muy escasa influencia en la evolución del paro en España. Por su parte, Rafael Repullo sugiere que un indica dor preferible de la orientación de la política presupuestaria es el cociente entre gasto público y PIB, ambos depurados de sus respectivos componentes cíclicos. Juan Pérez Campanero se interroga acerca de las razones que explican el diferente comportamiento macroeconómico entre España y Portugal así como sobre el impacto efectivo de la reciente reforma del mercado de trabajo introducida en nuestro país.
En su contestación, tras agradecer a los comentaristas sus observaciones, Antoni Zabalza insiste en la utilidad pedagógica de distinguir entre causas de oferta y demanda para describir la evolución macroeconómica reciente. También reconoce la conveniencia de contar con mejores indicadores de política presupuestaria pero, en cambio, no comparte la tesis de que la política fiscal haya sido la causa única del fenómeno de apreciación real de la peseta observada a finales de los años 80 y primeros 90. Para Zabalza, la pervivencia de numerosos problemas estructurales en el funcionamiento de los mercados españoles también contribuyó a la apreciación real de la peseta al impedir que la inflación descendiera con mayor velocidad en aquellos años. Por su parte. Zabalza argumenta que su trabajo no tenía como cometido hacer conjeturas sobre la posible intensidad de futuras recesiones en España sino, más bien, describir el pasado; no obstante, esta descripción no deja de ser útil, en parte, para especular con mayor tino sobre el futuro. A su vez, aceptando las críticas acerca de la brecha salarial, el autor mantiene la utilidad de esta medida con fines de ordenar los datos. Zabalza concluye expresando su convicción de que, tanto la entrada de la peseta en el SME como la aplicación de las políticas de convergencia presupuestaria que estipulan el Tratado de Maastricht, favorecen la consecución de un marco de estabilidad nominal y, en este sentido, contribuyen a un mejor comportamiento macroeconómico futuro de la economía española. No obstante, para que esto último sea efectivamente posible, también se requiere mejorar notablemente el funcionamiento de los mercados y, en especial, del mercado de trabajo.