Visor de obras.

Encantadora, para unos; insoportable, para otros. Pero a tope: llena de ajetreos nocturnos, de decibelios y de automóviles. Aún no hace demasiados años, su estampa veraniega era muy otra. Qué tiempos de sosiego, de fox-trot en los hoteles Mediterráneo y Costa Azul, de amplio territorio para cada bañista, de apacible siesta. Y más atrás en el tiempo, un lugar casi ignorado y casi inaccesible: es decir, un paraíso. Con la República, se decidió un destino, que luego, se ensombreció.

Primero fue la carretera, hasta El Campello, obra de la que ya hemos hablado aquí mismo y que comenzó el veinticinco de junio de 1933, en presencia del presidente del Gobierno, Manuel Azaña. De inmediato, le alcanzó el turno a la urbanización de la playa, en virtud del acuerdo municipal del siete de julio del mismo año. Indalecio Prieto, ministro de Obras Públicas estaba interesado, como lo estaba el doctor Tapia, en cuyo chalet del Cabo de las Huertas o de la Huerta, se reunían cuantos estaban por el proyecto. El planeamiento era racional. Pero tras la guerra civil, no se respetaron las previsiones urbanísticas ni estéticas.

Todo marchó con agilidad. En agosto de 1933, la «Gaceta de Madrid» daba cuenta de la disposición del Ministerio de Obras Públicas, «con el decreto presidencial autorizando su lectura en el Parlamento». Decía así la disposición: «En construcción ya la carretera de Alicante a la Playa de San Juan hasta el pueblo del Campello, y decidido el Ayuntamiento de aquella capital a emprender las obras de urbanización y saneamiento necesarias para levantar una ciudad jardín (Ciudad Prieto, habría de llamarse), en las inmediaciones de la playa referida, procede amparar la ejecución de esta idea con medidas legislativas, mediante las cuales aseguren las finalidades sociales perseguidas y se imposibilite que intereses particulares las frustren». Se contemplaban jardines, zonas verdes, hotel, instalaciones deportivas, campo de golf, etc. Luego, ya saben. El martes, veintinueve de aquel mes de agosto, la referida «Gaceta de Madrid» (número 241) publicaba la ley declarando de utilidad pública las obras de construcción de «una ciudad jardín que realice el Ayuntamiento en las inmediaciones de la Playa de San Juan».

El quince de diciembre de 1933, un jurado designado por el Ayuntamiento adjudicaba el premio de veinticinco mil pesetas al anteproyecto presentado por el arquitecto de Madrid, Pedro Muguruza Otaño. El accésit quedaba desierto. Como nos recuerda el profesor y amigo, Juan Martínez Leal, Pedro Muguruza, sería, muchos años más tarde, arquitecto mayor de las obras del Valle de los Caídos.

Nació republicano, afirmaba un periódico local del alicantino Carlos Esplá. Aún adolescente, inició su actividad profesional, en «El Liberal». A los quince años, publicó una crónica en el mismo lugar que habitualmente ocupaban los originales de Joaquín Dicenta o Gómez Carrillo, entre otros articulistas destacados. Más tarde «El Luchador» popularizó su seudónimo: Valentín Carrasco. Desde las páginas del diario de los hermanos Botella Pérez, arremetió contra la corrupción municipal, amparada por el caciquismo imperante. Aquella campana, le valió a Carlos Esplá el procesamiento y la cárcel, aunque, en su momento, la Audiencia Provincial lo absolvió. «Pero había que acabar con el joven y bravo periodista, hijo espiritual del doctor Rico y de Vicente Blasco Ibáñez». Un nuevo procesamiento se saldó con una pena de cuatro años de destierro. Esplá cumple su condena en Valencia. Allí escribe en «El Pueblo», del que llega a ser redactor-jefe. Por último, se exilia en París.

Castrovido define la labor política y humana de Carlos Esplá en la capital francesa: «Es un conquistador. Lo destierran de Alicante, conquista Valencia. Se extraña, como se decía antaño, se va a París y conquista París. Escribe desde París y conquista un puesto eminente en la Prensa española».

Y Unamuno lo recuerda así: «Cuanto yo diga de alabanza de este admirable mozo, quedará por debajo de lo que sentí». Y en París, conspira y se relaciona con los círculos de intelectuales y políticos desterrados en aquella ciudad. Desde allí envía los escritos de Blasco Ibáñez: «Las bodegas de Marcial Samper han ido, muchas veces, almacén de bocoyes llenos de folletos revolucionarios».

Carlos Esplá y Sánchez Guerra regresan a Valencia, cuando agoniza la dictadura de Primo de Rivera. Esplá es un activista, siempre con la Policía en los talones. «Ve desde París, centro luminoso y espléndido del mundo. Pero ni por un momento deja de ver Alicante (...) Y este es otro atributo de Carlos Esplá: ser un hombre universal, con raíces en el palmo de tierra donde nació. Es decir: ser del Universo y ser de Alicante», dijo Marcelino Domingo. E Indalecio Prieto por su parte, en marzo de 1931, publica la profunda gratitud que se le debe a Esplá.

Luego, cuando se proclama la República, desempeñará provisionalmente el Gobierno Civil de su ciudad. Y el de Barcelona será diputado y subsecretario del Ministerio de la Gobernación. Para de nuevo y ya en 1936, formar parte de la candidatura del Frente Popular, por Izquierda Republicana.

Según el cronista popular y entrañable, Francisco Monero Pérez, el primer alicantino, comprovinciano de Denia, cuando, posteriormente se constituyó nuestra provincia, que accedió al cargo de ministro y en este caso de ministro universal o presidente del consejo de ministros, fue don Francisco de Sandoval y Rojas, marqués de Denia. En 1598, Felipe III le concedió el título de duque de Lerma, por el que no es más conocido, y puso en sus manos el gobierno del país. El duque de Lerma, de acuerdo con la mayoría de historiadores, fue un experto en arruinar España.

El duque de Lerma «confió la hacienda a don Pedro Franqueza, al cual lo destituyó el propio rey, por dilapidador de las rentas públicas y se le confiscaron sus bienes. Este personaje fue el fundador del inmediato pueblo de Villafranqueza, el que pasó a dominio de la Corona al incautarse ésta de cuanto poseía». El duque de Lerma tuvo además de otras muchas la desafortunada ocurrencia, bien vista por el soberano, de expulsar a los moriscos, en 1609, medida que determinó el desastre de nuestra agricultura. Alguien escribió: «La unidad católica se había salvado; la riqueza de España se había perdido». Fue el duque de Lerma un desastre. Aunque, en 1614 consiguió que el monarca otorgara a Denia el título de ciudad.

Además del nefasto duque de Lerma, y ya en los siglos XIX y XX, hasta 1933, Montero Pérez, relaciona como primer ministro también a Joaquín María Lopes; y como ministros de diversos ramos a: José Carratalá Martínez, Juan Antoine Zayas, Francisco Santacruz, José María Manresa Navarro, Rafael Mayalde, Eleuterio Maisonnave Cutayar, Carlos Navarro Rodrigo, Trinitario Ruiz Capdepón, José Ortuño, Joaquín Chapaprieta, que llegaría a ser primer ministro, y Juan Botella Asensi.

Aunque no se trata de una relación exhaustiva y agradeceremos cualquier aviso al respecto, no recordamos ningún alicantino en los gobiernos del franquismo, ni tampoco, tras la transición democrática, en los de UCD. Sí, muy recientemente, a Pedro Solbes, actual titular de Economía y Hacienda, y natural de Pinoso; y Javier Gómez-Navarro Navarrete, de Comercio y Turismo, quien, según nuestras noticias, nació en Madrid, aunque de familia originaria de La Romana y Novelda. ¿Quedan más? Cuando completemos los datos.

Con mucho dolor, porque era peleón y bravo, el general Chapalangarra tuvo que entregar la plaza de Alicante a cuyo frente estaba como comandante militar de la provincia, a los ejércitos de la Santa Alianza que avalaban las calenturas absolutistas de Fernando VII. ¡Pobre Joaquín de Pablo Chapalangarra! Con la mayor honra posible, firmó la capitulación el día 6 de noviembre de 1823. ¡Qué trago para él y para todos los alicantinos liberales! Pero las armas, su irracional fuerza, le ganaron el pulso nuevamente a los partidarios de la Constitución.

Firmaron el convenio de entrega de esta plaza, por parte de las fuerzas aliadas, el coronel vizconde Foullon de Doné, y por delegación del general Chapalangarra: Miguel de Iribarren, segundo comandante de la provincia de Alicante, Luis María Sarasti, teniente coronel de artillería y Pedro Pascual de Oliver, secretario del gobierno superior político de esta citada provincia. En el correspondiente documento de capitulación se dice: «El general don Joaquín de Pablo Chapalangarra, las tropas que bajo sus órdenes componen la guarnición de la plaza y fuertes de Alicante, los habitantes de esta ciudad y todas las personas residentes en ella en este momento, después de haberse asegurado por los diputados enviados a Elche de que el gobierno constituyente de España ha sido enteramente disuelto, y que el rey está en el ejercicio de sus funciones soberanas, se apresuran a someterse a la autoridad de Su Majestad Católica, como ha hecho la nación».

Se acordó igualmente que el próximo día once del mismo mes se entregarían los castillos de Santa Bárbara y San Fernando a las tropas francesas, «así como las puertas de San Francisco y Nueva».

Chapalangarra aquel día se embarcó junto con otras varias personas comprometidas en la causa de la libertad hacia Gibraltar, mientras poco después el reciente comandante francés de Alicante, Talabot, decía: «Habitans de Alicante: les troupes allieés entrent dans cette place, pour en prende possesion au nom de sa majesté Ferdinand 7.º (...)».

El cinco de diciembre, llegaría a la ciudad el brigadier don Pedro Fermín Iriberri, gobernador militar y político de nombramiento real, y comenzarían las represiones, como ya hemos contado. Era el comienzo de la llamada década ominosa.

A mediados de 1836 se produjo de nuevo un tajante rechazo de los restos del absolutismo y un renovado entusiasmo por la Constitución de 1812, por «La Pepa», a la que se vitoreó de nuevo, en agosto del citado año, 1836, mientras se cantaba el Himno de Riego, «ese canto eléctrico que ningún liberal español puede oír sin estremecerse de júbilo».

En medio de tales mudanzas políticas que agitaban nuestra ciudad, se produjo un acontecimiento que enriquecía notoriamente la vida cultural y educativa de Alicante. De la mano de su fundador y director, don Francisco de la Cueva, se inauguró el día trece de agosto de aquel año un colegio de humanidades dotado de los medios disponibles en tal época para proporcionar «una enseñanza sólida y universal». «Se abrieron cátedras de todas las ramas que abraza el saber humano».

En un manifiesto público que su director dio a conocer al día siguiente y en el que se incluían planes, profesorado, honorarios, régimen de internos, de externos y medio pensionistas, etcétera, decía textualmente: «(...) El estudio, la experiencia de la enseñanza y una atenta observación de la vida de los colegios, me han dado a conocer bastante la manera más a propósito de dirigir a los niños y a los jóvenes reunidos en ellos, para conseguir darles una educación religiosa, moral y literaria». Don Francisco de la Cueva se aplicó a disponer de unas instalaciones higiénicas, espaciosas y bien aireadas. Aquel colegio, según el referido testimonio, estaba incorporado a la Universidad de Valencia y consecuentemente «sus certificaciones de ciencias eran admitidas en la misma para la carrera literaria y grados académicos».

Se impartían clases de primeras letras, latinidad, filosofía, matemáticas puras, geografía astronómica, literatura, idiomas, música, baile, esgrima y un muy largo etcétera. Los precios variaban según el grado que se cursara y el régimen. Así, los pensionistas de tercer curso pagaban una mensualidad de doscientos sesenta reales de vellón, que era el precio más elevado de todos, mientras que el más económico para los alumnos de primeras letras que abonaban sólo por leer y escribir veinte reales.

Además del director ya citado, don Francisco de la Cueva, desempeñaban funciones diferentes en tal centro de humanidades los señores Mariano Lorenzo, Francisco Navarro, Pedro Casamayor, José Peiret y Francisco Stiickler. Si bien, estaba previsto aumentar el claustro de profesores «a medida que vaya siendo necesario, y se presenten alumnos para otras materias».

Figúrense qué regocijo para los liberales alicantinos la publicación de la Constitución en 1812, pero en marzo de 1820.

Se recuperaba el pulso ciudadano, todo el brío de una sociedad que abominaba de ataduras y arbitrariedades.

En un clima así, se creó en nuestra ciudad, una asociación denominada Amantes de la Constitución y cuya iniciativa partió, según Nicasio Camilo Jover, de los señores Rafael Bernabeu, Mariano Piqueras Joaquín Hernández de Padilla, Juan Faus, José Natino, Manuel Navarro, Miguel Ródenas y Estanislao Sevila, «los cuales formaban la presidencia y junta directiva de aquella sociedad que el día de su inauguración, veintiocho de mayo de 1820, contaba con más de cien afiliados».

El «Reglamento para la sociedad patriótica de amantes de la Constitución», se inspiraba en el orden «tan necesario en toda asociación humana que no puede conservarse sin reglas inalterables que lo establezcan y consoliden (...), determinaba sus sesiones «al toque de oraciones los días de domingo, lunes, jueves y viernes de cada semana», y éstas no podían durar más de dos horas.

Había aspectos curiosos en su articulado.

Por ejemplo, se consideraba una prueba de menosprecio a los asistentes el hecho de fumar o de llevar armas o palos «que no le competieran por su estado o profesión»; asimismo cualquier opinión que estuviera en desacuerdo con la moral pública, era silenciada por el presidente, quien hacía sonar su campanilla. Por supuesto y conforme al artículo trescientos setenta y uno de la Constitución, se prohibía discutir temas referentes «a puntos dogmáticos y decretos conciliares», y sólo se permitían las ideas políticas y su debate, dentro de una normativa estricta.

Pero aquellos contertulios, no se limitaban a las actividades puramente teóricas, sino que pasaban a la acción cuando llegaba el momento, en defensa de los valores constitucionales. Tal fue el caso, por ejemplo, de su presidente don Rafael Bernabeu quien al frente de una columna, y con el grado de comandante, derrotó a una partida de realistas en Callosa de Segura, días después de que en Orihuela se produjera un pronunciamiento en favor del absolutismo el catorce de julio de 1822.

El tiempo estaba áspero. Y las nubes, tal como ahora, se exhibían en un desfile raudo. Luego, desaparecían sin dejar señal alguna. La desesperanza era un látigo. En aquel marco de augurios nada favorables, Franklin Albricias, a la sazón presidente de la Diputación Provincial, expresó la situación, sin ambages: la cosa se presentaba mal. Era el mes de septiembre de 1931.

Se atravesaba una profunda crisis económica y la pertinaz sequía había arruinado las cosechas de los últimos años, en la mayor parte de nuestras comarcas. Un factor más que incrementaba considerablemente el número de parados, ya alto de por sí. «El agua para riego es insuficiente de todo punto y en algunos lugares falta por completo».

Albricias tenía la firme convicción de que en muchos sitios de la provincia existían aguas subterráneas. Desde esa convicción y desde la urgente necesidad de resolver aquel agobio, la corporación provincial ya había acordado, meses antes, concretamente el quince de julio de dicho año, solicitar de la dirección de Minas, un tren de sondeo. La prospección abría un camino a la esperanza. Y se consiguió el pedido, pero los gastos de transporte, sueldos, mantenimiento, seguros, etcétera, debían de afrontarlos las arcas depauperadas de la Diputación. Su presidente requirió del Instituto Geológico y Minero, el envío de un geólogo, con objeto de que estudiara las posibilidades de nuestra provincia. Consciente, sin embargo, de que la captación de aguas subterráneas, en el mejor de los casos, no era asunto que se pudiera resolver en pocas semanas, Franklin Albricias realizó gestiones apremiantes cerca del Ministerio de Fomento «para obtener caudales suficientes como para permitir emprender con la mayor premura obras, especialmente de carreteras y caminos, con ánimo de conjurar la honda crisis del paro que a tanto trabajador afectaba». Pronto, dijo: «Hemos fracasado en nuestros intentos. Ahora gestionaremos con el Banco de Crédito Local un anticipo y si lo conseguimos dispondremos de un millón de pesetas que pensamos invertir en las comarcas más castigadas». Y agregó: «La Diputación de Alicante es pobre. Su presupuesto es menor que el del Ayuntamiento de la capital. Si el gobierno no nos ayuda no podremos resolver este grave problema».

Cuando menos, se palpaba la inquietud y la preocupación sinceras de aquellos viejos republicanos.

¿Ustedes saben lo que es el darnanismo? Pues ni puñetera falta que les hace. Es una brutalidad. Es destruir los excedentes de productos alimentarios para no abaratar sus precios. Eso sin una pizca de consideración ni solidaridad, para la tremenda hambruna que mata despiadada y diariamente a los pueblos más esquilmados por las potencias colonizadoras, las actuales naciones civilizadas, ya saben, o más desprovistos de recursos naturales. En cualquier caso, una medida monstruosa de ese libre mercado que entroniza y jalea la democracia. Al margen de personales opiniones, que apenas si nos permitimos en esta columna, sépase que en la Playa de San Juan se cometió un acto de tamaña iniquidad.

Con la carretera casi recién inaugurada, para fines más satisfactorios y populares, se llevó a cabo la destrucción de cuatrocientos mil kilogramos de harina y miles de cajas de cebollas, almendras y pasas. Escribió un articulista ante el despropósito: «En nuestra vida, hemos tenido ocasión de contemplar revoluciones, incendios, epidemias y otras mil calamidades de las que a diario azotan a la humanidad, pero jamás nos hemos impresionado tanto como al contemplar durante todo el día -finalizaba el verano de 1934-, cómo se arrojaban por la borda de un barco encallado, saco tras saco de harina, con tal regularidad, con tanta tranquilidad, como si lo que se lanzaba a las aguas fueran piedras».

Luego, durante muchas horas «centenares de obreros sin trabajo, de mujeres famélicas, de niños escuálidos, esperaban ansiosamente que una orden de las autoridades les permitiera apropiarse de tan inmensa riqueza. Después los vimos tirando de los sacos, apilándolos lejos del agua y trabajando como negros». ¿Ruanda? Sin llegar a tales límites, el inhumano y triste espectáculo tuvo lugar «en las mismas puertas de la culta y civilizada ciudad de Alicante». Algo que nadie se explicaba, pero que estaba sucediendo, que sucedió, hace ahora sesenta años, en una playa dispuesta para otros destinos y usos.

Si hubiera ocurrido ahora, este mismo verano, con tan altas temperaturas y tanta harina, los bañistas se hubieran ido fritos y bien rebozados.

En lo que va de siglo, los desprendimientos de rocas del Benacantil sobre Villavieja y el Raval Roig han constituido un factor de riesgo. No traemos a colación los últimos temores y las recientes y formidables obras de consolidación, con objeto de soslayar ese peligro. Si nos referimos a las grandes rocas que se precipitaron sobre varias casas de la calle del Socorro, sin que se produjeran, por fortuna, desgracias personales, en 1916 y en otras ocasiones.

En 1934, la Prensa denunció aquella situación -era una auténtica espada de Damocles- y se urgió una necesaria repoblación forestal que se había comenzado y se detuvo, «sin saber a ciencia cierta por qué razón». Como de costumbre, «El Luchador» abanderó la campaña. A raíz de la misma, el ingeniero jefe de la oficina en nuestra ciudad del distrito forestal dirigió una carta a la citada publicación, en la que le decía que las protestas y sugerencias deberían formularlas a los organismos que tenían que conceder los créditos que reiteradamente se habían pedido.

«El Luchador» respondió adecuadamente. En uno de sus párrafos, dice: «En los libros de actas del Ayuntamiento constan las manifestaciones del señor alcalde diciendo que la repoblación forestal no se seguía porque la dificultaba el ingeniero señor Cremades. Desconocemos el alcance de esta oposición, pero registramos la afirmación de nuestra primera autoridad». En cuanto a los créditos, el diario le recordaba al señor ingeniero jefe cómo se habían concedido e incrementado, con el concurso de los señores Botella Pérez, cuando éste ocupaba la Dirección General de Industria, de don Marcelino Domingo, ministro de Agricultura, y el director de Montes, Álvarez Ugena.

«Se cumplió entonces con el deber -afirmaba en sus páginas «El Luchador»-, pero ¿cuál ha sido la eficacia de este crédito concedido? Nosotros no lo podemos apreciar, pero el hecho evidente es que en esta ladera del Benacantil ni se ha cavado un hoyo, ni se ha plantado un pino, ni se ha hecho nada que justifique haberse empleado las pesetas que se consignaron para ello».

La repoblación forestal tan necesaria tenía por objeto no sólo embellecer las laderas del monte emblemático, sino la de preservar de desprendimientos a los vecinos de las citadas barriadas, «que sólo conocen la zozobra de vivir bajo la amenaza de unas moles de piedra que pueden precipitarse sobre ellos, si unos pinos no vienen a enraizar y sujetar, asegurándolas sobre la montaña, para siempre».

El Raval Roig es una cátedra de historia de Alicante. De historia y de tradiciones.

A Don Antonio Vázquez Limón lo llevaban de calle. No entró con buen pie y salió en medio de un alborozo generalizado. Para la mayoría, sus actuaciones al frente del Gobierno Civil fueron desafortunadas. Primero, los republicanos de izquierdas y los socialistas; luego, también algunos partidos de derechas, pusieron a caldo su forma de proceder. Polémico y controvertido, la Prensa lo descabelló. O casi.

La Prensa alicantina denunció el desprecio de que era objeto por parte de la primera autoridad provincial. Sucesivamente, hicieron pública su protesta «Diario de Alicante», «El Correo», «El Día», «Más» y «El Luchador». «Con todo ello, el gobernador como tal ha conseguido lo que ningún otro se ha llevado de Alicante: la antipatía de la Prensa, siempre tan ponderada en censuras y críticas pero que cuando se advierte menospreciadas sabe muy bien colocarse en el lugar que le corresponde, muy por encima de una persona por elevada o encumbrada que se considere».

El diario más afecto a la CEDA y periódico de la coalición en el gobierno, escribía el veinticuatro de agosto de 1935: «Ayer, sin que a ciencia cierta conozcamos los verdaderos motivos que se produjeron por el "boycot" que se hace a toda clase de noticias en los centros oficiales que deberían proporcionarlas (...)». Y «El Luchador»: «El gobernador civil a causa de un incidente político que a él no le había gustado que fuesen del dominio público, dio orden o, por lo menos, así lo tenemos entendido, de que no se ofrecieran referencias algunas, en la Comisaría, a los periodistas, hasta que él no conociera las noticias y las autorizase».

Ante tales hechos, la Asociación de la Prensa, tras un examen de la situación creada que atentaba contra la libertad de información, llegó a la conclusión de que se trataba de un caso insólito y que jamás se había dado en Alicante, y acordó dirigirse al Ministerio de la Gobernación, con objeto de que pusiera fin a aquel estado de cosas.

Vázquez Limón que suspendió «arbitrariamente» al Ayuntamiento presidido por Lorenzo Carbonell y que había sido elegido popularmente en las urnas el doce de abril de 1931, fue finalmente trasladado a Jaén, el veintisiete de noviembre de 1935. El llamado «bienio negro» escoraba. Los periódicos dijeron: «Una noticia grata para los republicanos alicantinos».

Con objeto de «extender la navegación por cuantos medios le fuera posible», por Real Cédula, fechada el 26 de junio de 1785, se creó el Consulado de Mar, en nuestra ciudad, cuya sede provisional estuvo en la calle de San Nicolás. En tal documento, se dispone que «se constituya entre vecinos hacendados que posean doce mil pesos sencillos en fincas, comerciantes al por mayor, mercaderes que tuvieran igual suma de pesos empleada en su tráfico, dueños de fincas y propietarios de embarcaciones capaces de navegar por los mares de Europa y América, y cuyos caudales, en ambas clases, ascendieran a seis mil pesos, cuando menos».

En tanto se formaba la matrícula o censo y del cual había de designarse los componentes de su consejo de gobierno, se nombraron los siguientes cargos: prior, el marqués de Castell Rodrigo; cónsules, don Ignacio Carreras y don Francisco Piqueres; y conciliarios de hacendados, comerciantes, mercaderes, etcétera, don José Peylaron, marqués de Algorfa, don Juan Saludes, don Francisco Martínez, don Luis Bonet; don Vicente Aldelda; don Juan Fillol, don Juan Bautista Morales; y asesor a don Vicente Abarques; secretario, don Esteban Pastor; contador, don Tomás Rovira; tesorero, don Mariano Salazar; guarda del almacén, don Tomás Roig; y don Francisco Berger y don Cristóbal García, alguaciles.

Ocho años después, don Juan Bautista Escoubet, por 13.250 libras, compró el edificio «con fachada a la plaza del Mar, a la de la pescadería y a la plazuela del Peso del Carbón». Posteriormente, y tras ponerlo en conocimiento de la Real Academia de San Fernando, ésta formó los planos de la nueva construcción, cuyas obras comenzaron y concluyeron en el mismo año de 1795, bajo la dirección de don José Ignacio Caturla y don Luis Llon.

En el Consulado se instalaron las Escuelas de Dibujo, de Agricultura (en una heredad adquirida en la partida de San Blas) y la de Náutica. El concejo elegido fue: prior, don Miguel Pascual de Bonanza; cónsules, don Miguel Saludes y don Juan Bautista Bellón; y consiliarios, los señores Juan Colomina, Juan Bautista Morales, Juan Bautista Antoine, Juan Bautista Samper, Francisco Blanch, Jacinto Fillol y José Samper.

Nos conocimos como más de medio siglo atrás y fuimos condiscípulos de bachillerato y amigos hasta su reciente desaparición. Nos referimos, claro, a Rafael Ruiz de la Cuesta Madruga. No somos nada propicios a las columnas necrológicas; sí a nuestra historia, donde Rafael ocupa, siempre ha ocupado, un protagonismo indiscutible, como médico y como alicantino. Profesionalmente, ya su colega y amigo común, Rafael Martínez Sampedro, nos descubrió, en un artículo publicado en estas mismas páginas el último sábado, aspectos de su brillante carrera como traumatólogo y de su condición de hombre de bien, de humanista, de ameno conversador.

Lo recordamos, en nuestros últimos encuentros, con Paquiro, en la galería de arte de Paquiro, siempre metidos en evocaciones de la infancia y de la adolescencia, haciendo memoria de aquel Alicante de los años cuarenta, que tanto y tan bien nos sabíamos. Luego, tras la muerte igualmente dolorosa de Francisco Muñoz, nos vimos esporádicamente. Por último, supimos de su enfermedad y nos sobrecogimos.

Con fecha veinticuatro de julio pasado, día grande para nuestra ciudad, nos escribió una carta: «Te leo todos los días y tengo un tema para que te informes y nos lo cuentes. En Alicante, hay una calle céntrica y conocida que se llama Ángel Lozano. ¿Quién era Ángel Lozano? He de confesarte que debo ser de los pocos alicantinos que sé quién era. Lo habré preguntado durante veinte años más de quinientas veces y aún no he encontrado a nadie que lo sepa. En seguro que tú lo sabrás. También te dirá que Bamborino era un zapatero remendón de Valencia que no fumaba, lo contrario de lo que siempre hemos creído». Y terminaba Faito así: «Un abrazo, Quique».

Lo llamé por teléfono y le di la referencia de lo que habíamos publicado aquí mismo sobre el malogrado y joven radiotelegrafista alicantino Ángel Lozano Campos. «Se me habrá pasado», dijo. De lo de Gamborino tomamos buena nota para otro amigo común, el doctor Juan Garro, quien está interesado por el singular y casi legendario personaje. Hablamos aún de varias cosas. Finalmente, con Faito o Rafa convinimos una cita, «para el otoño y si todo iba bien». Nos quedamos si ella, sin su amena conversación, sin su ágil memoria. Nos quedamos con su ejemplo en la amistad generosa y con ese huesecito dulce que nos encontró, para hacernos la vida algo más risueña.

Nos referimos a la calle así rotulada y de la que el cronista Bendicho ya nos deja una notable información. Durante algún tiempo se la conoció por la de General Sanjurjo, pero nunca llegó a perder su nombre tradicional.

Labradores y también de los Hidalgos, por las familias que allí tenían su residencia, familias nobles y adineradas, con propiedades en la huerta alicantina. Hasta en algún lugar, se la titula de las Cabezas, aunque de forma popular y pasajera.

Título tan lúgubre le viene, sin duda, porque, según comenta Vicente Bendicho, en ella se exhibían las cabezas de los piratas berberiscos. El mismo asegura que las vio en su época, es decir allá por el siglo XVII.

Y también en ella, y tomamos el dato de Gonzalo Vidal, «se levantaron las horcas para los condenados, antes de designarse para ello la hoy plaza del Portal de Elche», como ya noticiamos en dos ocasiones, en esta misma sección.

Prácticamente, sus extremos continúan siendo los mismos.

Por la parte de abajo la ahora plaza del Abad Penalva; por la más alta, la plaza de San Cristóbal, antigua Puerta de la Huerta.

Y su fisonomía no ha variado mucho si repasamos los edificios que aún nos llegan de las anteriores centurias, muchos de los cuales, por fortuna y cordura, están siendo debidamente restaurados. Tal como la de los aristócratas irlandeses O'Gormann, la del marqués del Surco, la de los Morelló, la de los Berenguer de Marquina, la de los Bellot que se encontraba frente a la actual concatedral y de la que el citado cronista provincial dice «que existían hasta los primeros años de este siglo y que era la casa más antigua de Alicante». Muchos de estos edificios nobles e históricos fueron derruidos por los bombardeos navales, especialmente el francés de 1691, y otros demolidos para levantar nuevas casas o explayar lo que sería la plaza del abad Penalva.

En una de aquellas casonas vivió y murió el cronista Viravens. En otra, tras una minuciosa rehabilitación, se encuentra actualmente el Archivo Municipal, inaugurado oficialmente el tres de diciembre de 1992, «las nuevas instalaciones, como dice en la placa, en la restaurada casa-palacio de Maisonnave».

En días sucesivos, contaremos interesantes historias sobre alguno de estos centenarios edificios.

A las nueve de la noche le asaltaron tres jóvenes. Uno de ellos lo hirió en la cara con un objeto de hierro. A Álvaro Botella Pérez, director del diario republicano «El Luchador» le mostraron previamente un número de su propio periódico, uno de cuyos titulares decía: «Inauguran un local para jugar al parchís». Le preguntaron si se hacía responsable de aquello y Álvaro Botella respondió que sí. Entonces, le golpearon y él repelió la agresión. Era el día veintinueve de julio de 1935. Álvaro Botella, por la calle del Mare Nostrum (Virgen del Socorro), se dirigía a su casa, en Sagasta, cuando del callejón de la Sierra, se precipitó sobre el periodista aquel grupo. Los ánimos andaban encrespados. Derecha e izquierdas se vigilaban tensamente.

Uno de los jóvenes a quien Álvaro Botella hizo rodar por los suelos, precisamente el mismo que le había ocasionado cortes en el rostro, fue detenido por uno de los vecinos y conducido a Comisaría, en donde el inspector don Jesualdo Mejías redactó el siguiente parte publicado en «El Luchador»: «Juzgado Municipal del Sur, veintinueve de julio de 1935. A las veintiuna horas comparece en esta Comisaría el que dice ser y llamarse Francisco Alemany Planelles, con domicilio en Mare Nostrum, veinticinco, y manifiesta, que momentos antes, encontrándose el compareciente en la puerta de su casa observó que dos o tres hombres agredieron a don Álvaro Botella, director de «El Luchador», y que éste había sido trasladado a la Casa de Socorro, al parecer herido, por cuyo motivo el que habla se dirigió a uno de los agresores que se prestó voluntariamente a comparecer en esta comisaría (...)».

El detenido era, según propia manifestación, José Ibáñez Musso, de veintinueve años de edad, casado, del comercio, natural de Madrid y con domicilio en plaza de Ramiro número uno. Ibáñez Musso que quedó detenido en la Comisaría declaró que debido al estado de ánimo por la noticia aparecida en el periódico, ignoraba de quién partió la agresión. Poco después, Fermín Botella, hermano de Álvaro, dijo al inspector que encontrándose, muy poco antes del suceso, en la terraza del hotel Victoria, tres jóvenes «vestidos con cierta elegancia», entre los que reconoció a Ibáñez Musso, le peguntaron insistentemente por su hermano a quien -según le dijeron- querían ver aquella misma noche.

«El Luchador» y otras publicaciones denunciaron la ideología fascista del detenido y de sus presuntos acompañantes. El lamentable caso provocó una fuerte corriente de solidaridad con el periodista lesionado.

En 1935 fue derribada la ermita de Los Ángeles. Con ella desaparecían tradiciones y recuerdos. Se dice que allí hubo antaño un pinar frondoso, en el cual un leñador encontró en el siglo XIII una tabla en la que se representaba «la imagen de la Virgen, cuyo rostro lleno de hermosura y bondad, contemplaba al divino infante que aparecía, sonriente, entre sus brazos (...) La tez de ambos era muy morena y las vestiduras, judaicas. El matiz de la tabla y todos los caracteres de la pintura y decorado revelaban un origen remotísimo (...)».

Leyenda o no, tras el descubrimiento, el vecindario levantó en aquel mismo lugar un eremitorio a la imagen que llamó Nuestra Señora de Los Ángeles, nombre que tomaría también la partida rural, donde se produjo el hallazgo. En 1440, el eremitorio se transformó en convento de los Franciscanos, hasta que en 1515, éstos se trasladaron a donde posteriormente estarían el cuartel e iglesia de San Francisco y la iglesia de Nuestra Señora de Gracia.

En aquel sitio se manifestó el llamado milagro de las tres faces, el veinticinco de marzo de 1489. Nuestra Señora de los Ángeles, según cuenta el presbítero Gonzalo Vidal, fue aclamada «como patrona de los alicantinos. En efecto, desde entonces, en el Pendón Real que el Concejo usaba, aparecía una copia de tan bella imagen, sostenida por grupos de ángeles, bordado todo en seda y oro».

Sobre las arenas del monasterio, en 1851, el obispo de Orihuela, don Felipe Herrero Valverde, hizo que se edificara una pequeña ermita, en la que se diera culto a la venerada imagen.

«En la noche triste del once de mayo de 1931 -noche a la que ya nos hemos referido aquí y en la que tuvo lugar la quema de conventos- la tradicional imagen desapareció. Pero tengo entendido -escribió el citado cronista- que está guardada por personas beneméritas que supieron salvar de la hecatombe tan preciado tesoro. No muchos años después, en 1935, la ermita fue derribada». El artículo donde Gonzalo Vidal contó la historia de la ermita de Los Ángeles, y de la que otros muchos cronistas e historiadores tanto se han ocupado, se publicó en el referido año, en el periódico «El Día» que dirigía Juan Sansano.

La vieja institución, después de haber atravesado un periodo de casi absoluta languidez, fue de nuevo reconstituida, el domingo, día treinta y uno de marzo de 1935, en el palacio de la Diputación Provincial, bajo la presidencia de don Manuel Prytz Antoine.

Con tal motivo, el secretario de la Federación de Asociaciones de «España, América y Oceanía», el periodista alicantino don Miguel Tato Amat dio posesión a la junta y pronunció un discurso acerca de otro alicantino a quien, a su juicio, no se le había tributado el reconocimiento que se merecía. Tato Amat se refirió a don Pablo Ferrándiz Bendicho.

Ferrándiz Bendicho, según dijo, fue, entre otras cosas, «subdirector del Consejo Supremo de Castilla, presidente el Honrado Consejo de la Mesta, primer auditor de Guerra y académico de Jurisprudencia, hasta la época de su fallecimiento, que ocurrió el diecisiete de enero de 1798». Ferrándiz Bendicho ingresó en la Sociedad Económica Matritense, en agosto de 1777, y desde allí participó en diversas actividades como la propagación y el cultivo de la patata, el plan para establecer una escuela de veterinaria en Madrid, la elaboración de una relación de máquinas y arados procedentes de Inglaterra. Su preparación le llevó a desempeñar diversos cargos directivos en la Sociedad, hasta que las elecciones de noviembre de 1783, fue designado director, en tanto la subdirección la ocupaba don Gaspar Melchor de Jovellanos.

Aquella circunstancia y la modestia de Ferrándiz Bendicho le llevaron a presentar la dimisión de su cargo, con objeto de que lo ocupara Jovellanos, autor de la reforma agraria. Apenas si atendió sus funciones presidenciales durante tres semanas. Como la Matritense, desde su origen, tuvo fuero académico y sus componentes leían discursos de recepción, Campomanes en su propósito de resaltar la figura del artesano, aconsejó que los mismos estuvieran presentes en la sociedad.

Y fue nuestro paisano quien consiguió que éstos llevasen los días de sesión sus propios instrumentos laborales para explicar su uso y conocimientos.

Tato Amat terminó así su intervención: «Hombre tan singular bien merece un recuerdo de los alicantinos y que los eruditos me ayuden en una tarea: en la galería de directores de la Matritense solo falta el retrato de Bendicho, ¿sería mucho pedir a sus deudos la proporción de un retrato?».

Una vieja aspiración ya cumplida. Pero tan sólo sesenta años atrás, las dependencias de justicia eran ciertamente lamentables. Tal se desprende de la descripción que realizó un redactor de «El Día», en marzo de 1935.

El reportero visitó los Juzgados de Primera Instancia Norte y Sur; y los colegios de abogados y procuradores que se encontraban instalados en el edificio de la calle del Cid. Cuanto nos relata es una calamidad, una precaria y tenebrosa relación de carencias. «Todo es caótico. Falta de higiene, de mobiliario, de medios». Malos olores y retretes nauseabundos».

Lo mismo ocurre, por supuesto, con los juzgados municipales.

Respecto a la Audiencia Provincial escribe textualmente: «En el antiguo edificio conocido por la Casa del Consulado, está hoy instalada nuestra Audiencia.

El inmueble, aunque bastante mal conservado, aún ostenta, intacto, en el segundo descanso de la escalera, la lápida de mármol negro, indicadora de que el edificio se consagró a la memoria de la católica majestad de Carlos IV. También pueden admirarse pinturas al fresco debidas al pincel del profesor italiano don Vicente Suárez existentes en el Oratorio, convertido actualmente en sala de testigos (...)».

El reportero emplea un estilo sarcástico a la hora de describir precisamente dicha sala: «Tenemos entendido -escribe- que un político influyente, trató de dar aspecto laico a la sala de testigos, durante el periodo azañista, destruyendo los frescos que representaban al Padre Eterno y a los cuatro evangelistas, pues entraba, sin duda, en sus cálculos sustituir a San Mateo por el retrato de Azaña; a San Lucas, por el De los Ríos; a San Marcos, por el de Casares; y a San Juan, por el de Albornoz».

Respecto a los archivos judiciales no hay desperdicio: eran, para el periodista, poco menos que una basura. Así andaban las cosas, ante la impotencia de magistrados, jueces y secretarios que difícilmente encontraban lugar adecuado para sus actividades.

Tan grave era la situación que el periódico terminaba solicitando del Ayuntamiento, de la Gestora Provincial o Diputación y de los parlamentarios alicantinos toda su persuasión y su apoyo para resolver el problema y levantar un Palacio de Justicia, digno de la ciudad.

El año 1935 dejó a mucha gente en el desempleo. Las cosas iban fatalmente. Y la ciudad de Alicante y toda la provincia de Alicante se resentía de la crisis. Con objeto de buscar medidas y soluciones al paro obrero, se celebraron varias reuniones en el Ayuntamiento capitalino. En la correspondiente al día 14 de mayo, el gobernador Vázquez Limón reunió en sus salones a los representantes de organismos y actividades, con el propósito de abordar el plan de obras urgentes, cuyos presupuestos se cargarían a los créditos que el Gobierno tenía proyectados.

Asistieron las comisiones gestoras municipal y provincial, los directores del Instituto de Enseñanza Media y de la Escuela de Comercio, el secretario de la Cámara de Comercio, el ingeniero jefe de Obras Públicas, el presidente de la asociación de Consignatarios, el inspector de Trabajo y otras representaciones. De nuestros diputados a Cortes, sólo estuvo presente el señor Ruiz Pérez Águila que llevaba la representación expresa de don Joaquín Chapaprieta.

Fue el ingeniero jefe de Obras Públicas quien presentó una exhaustiva relación de las obras más precisas que debían construirse en la provincia, dividida, la tal relación por partidos judiciales. Totalizaba la suma del coste de aquellas obras unos doce millones de pesetas, y afectaban a noventa y ocho pueblos de los ciento cuarenta con que contaba la provincia.

En ella, se contabiliza unos diez mil parados aproximadamente. Y según el informe que presentó, las obras previstas eran aquéllas que más mano de obra podían absorber desde noviembre a abril, justamente «los meses de más difícil colocación de trabajadores de las localidades rurales».

Ruiz Pérez Águila y Chapaprieta presentaron también una propuesta que afectaba mayoritariamente a la red viaria provincial, construcciones escolares, puertos y también a las casas cuartel de la Guardia Civil. La adición de los diputados fue aceptada por la ponencia.

«Los señores Pérez Molina y Santa Olalla, en nombre de la Diputación y del Ayuntamiento, manifestaron que estaban dispuestos a liberar de la hipoteca al solar propuesto para la construcción del Instituto y de las Escuelas Normal y de Comercio. La ponencia se encargó de seleccionar las obras para reducir la capacidad del importe total de la petición.

Después de darle cuerda a las neuronas, de llevarse el premio Nobel y de ejercer su cátedra de histología y anatomía patológica en Madrid, Don Santiago Ramón y Cajal, ya casi octogenario, se paseó nuestra ciudad, melancólicamente, como uno de aquellos decorativos poetas de chalina y chambergo. Asiduo de las benignas invernadas alicantinas, las anécdotas y noticias que nos alcanzan del apacible sabio son numerosas.

Nos refiere un periodista de aquellos que don Santiago frecuentaba el Café Central: «Entraba arrastrando su inveterada tristeza de hombre que nunca ríe. Luego, tomaba asiento en un ángulo del local y pedía un vaso de chocolate con picatostes».

Entonces, escribía sobre la mesa, sin dudas, anotaciones científicas o apuntes para su libro «El mundo visto a los ochenta años». Y posiblemente, fue en una de aquellas solitarias veladas, cuando redactó «nuestra más preciada patente de estación invernal», en las siguientes lapidarias frases: «El clima de Alicante es verdaderamente ideal. Las medias de temperatura, singularmente en los meses de invierno, indican que el frío es casi desconocido; la humedad es exigua, circunstancia favorable a los reumáticos y a cuantos padecen enfermedades del aparato respiratorio. Para los nerviosos, arterioescleróticos y agotados por el trabajo intelectual, constituye Alicante una estación de primer orden, extraordinariamente sedante y sin posibles comparaciones con otras ciudades de la costa mediterránea». Tan autorizada opinión está firmada por el ilustre investigador, en nuestra ciudad, en el mes de noviembre de 1931.

Se cuenta que uno de los camareros que le atendían en el Café Central, dijo: «Era tan sabio que nos había indicado exactamente hasta el día en que se iba a morir». Y un periodista escribió emotivamente: «¡Pobre de Santiago! Recorría los oscuros cafés del suburbio, como Veirlaine. Pero bien entendido que no hacía versos impregnados de nostalgia. Don Santiago, cuando iba al café y contemplaba las esbeltas y cimbrantes palmeras de la Explanada, era inevitable que profiriera siempre las palabras aquellas de Jean Conteau: "Mírate toda la vida en un espejo y verás a la muerte, como las abejas en un panal, trabajar en él"». Don Santiago Ramón y Cajal murió en 1934. Por fortuna, ni asistió ni presenció la hecatombe que se preparaba.

Aún le quedaba un año al «bienio negro», cuando el presidente del Consejo de Ministros, don Alejandro Lerroux, se dio una vueltecita a ver cómo andaba la ciudad y los ciudadanos, los correligionarios más bien. Llegó a Alicante y se hospedó en el Hotel Victoria. Era el sábado, veintiséis de enero de 1935.

Luego, a eso de las doce, partió en automóvil, hacia Santa Pola. Allí le esperaban los componentes de la antigua «Peña Alejandrina Madrileña», quienes habían acompañado al señor Lerroux, en su viaje. Le ofrecieron un almuerzo de solidaridad. Y después, el jefe del ejecutivo salió hacia Elche. En fin, el recorrido cliché que han efectuado casi todos los altos mandatarios, en sus visitas a nuestra capital y provincia.

El gobernador Vázquez Limón, por su parte, invitó a sus colegas de Madrid, Valencia y Murcia, a Elche. Allí esperaron, de acuerdo con el programa, a Lerroux. Lerroux paseó y admiró el Huerto del Cura, a una de cuyas palmeras se le bautizó con su nombre, en aquella ocasión. Todo se desarrollaba según lo previsto.

A las cinco y media de la tarde, emprendió el viaje de regreso a nuestra ciudad. Fatigado, sin duda, por tanto ajetreo, el estadista se retiró a sus habitaciones, en las que permaneció hasta poco antes de la hora en la que había de celebrarse el banquete oficial. El banquete se lo brindaba el Partido Radical de la provincia. De acuerdo con los datos proporcionados por la Prensa, asistieron alrededor de ciento cincuenta comensales. Y a los postres, don Alejandro Lerroux habló. Habló y dijo lo que dicen, en semejantes circunstancias, casi todos los altos mandatarios: que si su partido estaba en el poder no era más que para repartir justicia y nunca, sinecuras; ¿Les suena la frase?

Se marchó en la madrugada del domingo, con su séquito, tal y como les había comunicado a los representantes de algunos periódicos. Eso, sí. Se marchó en automóvil, como había llegado. «No quiso aprovechar un aeroplano de doce plazas que había llegado para reintegrarlo a Madrid», en donde con el presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, tenía que asistir al entierro del ex jefe del gabinete ministerial, don José Sánchez Guerra. Pero el aeroplano no lo utilizó. ¿Tenía miedo a volar? ¿Tenía miedo a que le acusaran de despilfarrar los dineros públicos? Vayan ustedes a saber.

Fue en el mes de mayo de 1939, días después de que terminara la guerra fratricida. Páginas oscuras y turbias las de la represión de los vendedores, pero historia, en fin; crónica de un tiempo que deseamos absolutamente irrepetible.

La «Hoja Oficial de Alicante», del día nueve de dicho mes, abría sus páginas con un titular estremecedor: Ejecución de sentencia. La escueta noticia decía así: «En la madrugada del día cinco, se ejecutó la sentencia recaída en Consejo de Guerra, imponiendo la pena de muerte a los procesados: Eliseo Gómez Serrano, José Cerezo Leal, Antonio Leal Cerezo, Antonio Guirao Estañ, Antonio Ibáñez Llopis, Juan Sala Andreu, Francisco Bailén Cárdenas, José Martínez Guerra, José Rodríguez Calvo y Juan Oliver Brotons. Alicante, ocho de mayo de 1939. Año de la Victoria. El comandante-Jefe de E.M. accidental».

Posteriormente la «Hoja» que estaba a cargo de la Tercera Compañía de Radiodifusión y Propaganda, noticiaría los sucesivos fusilamientos que tuvieron lugar en nuestra ciudad y provincia, durante aquel mes y los siguientes. En nuestra obra «La lucha por la democracia en Alicante» (Editorial «Casa de Campo», Madrid, 1978) dejamos constancia de la mayoría de ellos.

A partir del veintitrés de los mismos mes y años, aparece en la ciudad el periódico «La Gaceta de Alicante» que es, en gran medida y como así se recoge en una breve editorial, continuación de la «Hoja»: «Con distinto título y distintas plumas, el mismo espíritu alienta en el fondo de estos renglones (...)».

En «La Gaceta de Alicante» correspondiente al seis de junio, se dice: «Para que el pueblo pueda presenciar los consejos de Guerra que actualmente están celebrándose y con ello conocer el espíritu de equidad que impera, tanto en su desarrollo como en sus fallos, se ha dispuesto que dichos consejos tengan lugar en el salón de actos del Ayuntamiento, donde, desde ayer, vienen actuando estos tribunales (...)».

Los juicios sumarísimos de urgencia y los fusilamientos, en cumplimiento de las sentencias dictadas, aún continuarían por mucho, demasiado, tiempo.

Fue una de las organizaciones más activas de los vencidos, aun antes del lacónico parte del general Franco, en el que se anunciaba que la guerra había terminado, el uno de abril de 1939. La centuria «Ramón Laguna» (Ramón Laguna, un falangista fusilado en Alicante) se estableció en la cárcel y la jefatura la asumió Miguel Primo de Rivera, quien desplazado a Valencia, con objeto de ser canjeado por el hijo del general Miaja, le confió el mando a Diego Ródenas. Estaba integrada mayoritariamente por madrileños y callosinos.

Uno de sus componentes, escribió, en la «Hoja Oficial de Alicante», de abril: «Tiempo hacía que dentro del dominio rojo, estábamos esperando una ocasión propicia para sublevarnos, perfectamente organizados, los presos dentro del reformatorio, y los que estaban en libertad a las órdenes del capitán Corral (...) Al dar libertad a los camaradas que hasta última hora permanecieron en la cárcel, éstos salieron uniéndonos todos y lanzándonos a la lucha por España. Merece destacarse la infatigable labor del teniente coronel señor Estañ que, desde el primer momento, trabajó organizando todos los servicios oficiales en compañía del capitán Corral, quien se hizo cargo de la jefatura de Orden Público (...) en tanto nosotros izamos la primera gloriosa bandera nacional, en el balcón del Hospital Base, ante el asombro de un gran número de rojos que concentrados en el edificio del CRIM no acertaban a comprender cómo un pequeño número de muchachos tuviese la osadía de tamaña empresa. Inmediatamente, los heroicos madrileños ya sueltos de las cadenas que la barbarie roja les había impuesto crearon la centuria "Ramón Laguna", al mando de nuestro querido camarada Diego Ródenas, ésta empezó su labor infatigable bajando al puerto en compañía del Grupo de Seguridad que mandaba Corral, y desarmó a los rojos que en grupo numerosísimo allí se hallaban. Otros, entre tanto, se apoderaron de la Radio al mando de Herrero; Ródenas al gobierno Civil y, en general, los restantes a todos los edificios oficiales, de tal forma que a las diez de la mañana teníamos Alicante totalmente en nuestro poder o dicho mejor, en poder de España».

El anónimo falangista refiere en su particular interpretación de los hechos, cómo se creó la Brigada de Investigación de la centuria «Ramón Laguna» de la que muchos luchadores de la República guardarían un punzante recuerdo, y a cuyo frente estuvo Eugenio Casado. «De esta forma -continúa- fue cómo Alicante estuvo en poder de Falange cuarenta y ocho horas, hasta la llegada de las primeras tropas nacionales (...)».

Se denominó primeramente del Barranquet y de la Torreta, por la que allí se alzaba, de origen árabe, según refiere Gonzalo Vidal, junto con el corral destinado a Matadero y el Huerto de Moore, «punto destinado para dirimir sus cuestiones, de manera contundente, los matones y la gente del hampa». Hasta mediados del siglo XIX que se iniciaron las transformaciones urbanísticas en tan sombrío lugar. Sobre el Matadero, se construyó un edificio, propiedad del comerciante y primer cónsul de Rusia en nuestra ciudad, Lorenzo de Antoine. Allí también estuvo el colegio de San José, hasta 1845, año en el que se instaló un nuevo colegio, el de Humanidades que dirigía don Francisco Lacueva, «el primero de esta clase que aquí hubo, a cargo de un seglar». Espacio para la docencia, sin duda, también se alzó en él, un centro de enseñanza para sordomudos. Y en el mismo, con posterioridad, se instaló, durante algunos años, el colegio de la Alianza Francesa.

En el citado Huerto de Moore, «vulgarmente llamado La Figuereta de Moore» estaría por más de veinte años la Diputación Provincial y luego el convento de las Capuchinas. En 1860 y cerca de la Torreta, la sociedad anónima «La Peninsular», se edificaron «tres magníficas casas de tres pisos; la construcción de las mismas se adjudicó en pública subasta a don Tomás Tato Julián, y la dirección correspondió al maestro de obras don Juan Bautista Chápuli». Don Tomás Tato Julián fue alcalde de Alicante en 1882 y permítasenos la satisfacción y el recuerdo, nuestro bisabuelo. A esta calle se la rotuló con el nombre de la Batalla de Bailén, en 1856.

En la época de la República, se agilizaron diversos proyectos urbanos. Un decreto del Ayuntamiento, de cinco de mayo de 1932, ordenaba que se estudiase la apertura de las calles Gerona y San Ildefonso y se prolongasen hasta la Rambla de Méndez Núñez, el ensanche de Duque de Zaragoza y la alineación de Bailén. En marzo de 1935, el «Diario de Alicante» denunciaba la pasividad de la comisión gestora municipal.

Ya hemos dicho que en el puerto de Alicante naufragó la República. Allí hubo un número indeterminado de personas en espera de los barcos que habían de trasladarlos al exilio y a la vida. Las cifras que se han barajado oscilan entre las doce y las veinte mil las que se concentraron en los muelles para quemar, la mayoría de ellos, su última esperanza. Después del «Stanbrook», vapor inglés, que transportó a Orán a varios centenares de republicanos, y cuyas singladuras y características ya pormenorizamos ampliamente en este mismo periódico, salió el «Marítima». Y luego, nada. Los legionarios alicantinos de la división «Littorio», por un lado y, por otro el mar. Eran los días, las horas postreras de marzo de 1939. En el «Marítima» zarparon una treintena de pasajeros. Entre ellos la que fue viuda del eminente doctor Sanchís Banús, casada en segundas nupcias con Miguel Villalta Gisbert, que se quedó definitivamente en tierra y bajo tierra, para siempre.

Villalta Gisbert fue juez de primera instrucción, gobernador de Madrid y diputado. Era natural de Monóvar y allí lo detuvieron, tras muchas y dramáticas vicisitudes.

El escritor Miguel Signes Molines en sus testimonios, para nuestra obra «La lucha por la democracia en Alicante», nos comentó que cuando ingresó en el efímero «Campo de los Almendros» situado en la Goteta y sobre el que Max Aub escribió un libro del mismo título, supo la evasión de Villalta Gisbert, a quien volvería a encontrar en el llamado reformatorio de adultos, pasado algún tiempo. Pero es el propio diputado socialista quien nos legó un documento impresionante, de su puño y letra, y que nos cedió para su publicación en la citada obra su sobrina Elisa Villalta. El documento se titula «Informe de situación» y su autor lo elaboró en la misma cárcel, y reproducimos algunos significativos párrafos de su peripecia: «A los siete meses de estar (oculto) en casa de mi tía hubo un registro y me amparé en casa del tío Toni, que vivía junto al postigo; pero mi tía se vio obligada a decírselo a otra vecina llamada Remedios Mollá. Después del registro, volví a casa de mi tía, hasta el veinticinco de octubre que me detuvieron».

La Guardia Civil lo trasladó a Alicante, al cuartel de dicho cuerpo, en Carolinas. Lo interrogaron y finalmente ingresó en el reformatorio. El diputado Villalta Gisbert que presenció desde su escondite el entierro de su padre, el médico forense Francisco Villalta Nebleza, fue fusilado, tras el sumarísimo de urgencia correspondiente, el dieciocho de diciembre de 1942. Contaba treinta y ocho años de edad.

Desde el primer momento los canalejistas saludaron con alboroto al nuevo alcalde de Alicante, Luis Pérez Bueno, quien, nombrado por real orden de 13 de noviembre de 1909, tomó posesión de su cargo el 17 de aquel mismo mes. En su discurso, manifestó «que el desempeño de la alcaldía abraza el doble carácter de político y administrativo; por el primero representa al poder central, por el segundo está encargado de la gestión de los intereses comunales. Que el segundo aspecto place a su ánimo más que el segundo». Según el «Heraldo de Alicante», también insinuó que los alcaldes deberían ser nombrados por el pueblo.

Pérez Bueno sustituyó a Ricardo P. del Pobil y Chicheri al frente de la corporación municipal. Del Pobil y Chicheri ocupó la presidencia del Ayuntamiento, de la que desplazó a su vez a Luis Mauricio Chorro, desde el veintiséis de junio del ya citado año, hasta la fecha señalada en la que cedió la vara a su sucesor, con palabras de elogio, en un acto solemne.

A principios de diciembre, Pérez Bueno invitó a los periódicos alicantinos con objeto de exponerles su programa de actuaciones más urgentes e inmediatas. A raíz de tal reunión, el «Demócrata» informaba: «(...) se refirió a la construcción del nuevo mercado, haciendo presentes las deficiencias del actual (instalado en terrenos que, hoy, ocupan la Casa Carbonell), y los medios que podían emplearse, para obtener tan importante mejoría, sin necesidad de recurrir para nada el mermado erario municipal. Afirmó la casi seguridad de que alguna empresa extranjera se podía comprometer a construirlo por su cuenta, amortizando el costo y los intereses por el superávit que se obtendría con la nueva y más capaz construcción. (También) puso de relieve los peligros que encerraba para la salud pública el matadero y que obligaba al Ayuntamiento a transformar cuanto antes el antihigiénico edificio. Trató luego de sustituir las escuelas públicas por grupos escolares, ya que con las subvenciones que concedía el Estado y con la capitalización de los alquileres que se pagaban había más que suficiente para las obras que se proponían. Y concluyó solicitando el consenso de la Prensa para todos los proyectos que más que a su propia iniciativa correspondían a la opinión ciudadana». Los hermanos Florentino y Miguel Elizaicin, en nombre de la misma, y el señor Ferré, en el de los corresponsales, ofrecieron al alcalde su más decisiva ayuda. Había entrado con buen pie.

Así lo afirmaba José Rico de Estasen, en «La Semana Gráfica», de Valencia, el cuatro de agosto de 1928, refiriéndose al Reformatorio de Adultos de nuestra ciudad. «En la floreciente ciudad de Alicante, en el Barrio de Benalúa, orilla de la carretera de Elche, frente al mar de las civilizaciones y de las razas, asienta sus reales el moderno Reformatorio de Adultos (...). En la evolución experimentada por nuestras instituciones, Alicante señala el factor más avanzado de la reforma penitenciaria. Entre el antiguo presidio de Chinchilla, en donde todo dolor tenía acomodo, y el moderno Reformatorio Alicantino, media un abismo. Aquello era un infierno. Esto, un paraíso, una escuela de educación y de enseñanza (...). Penetremos en el suntuoso establecimiento carcelario. Tiene blancura de hogar y rugido de taller. Desaparecieron los antiguos cabos de vara. Los vigilantes de antaño se tornaron en oficiales, mitad apóstoles y mitad educadores (...). Los naipes, el alcohol, los vicios que matan y envilecen se quedaron fuera del establecimiento modelo (...). De entre cerca de seiscientos reclusos que integran la población penal apenas podrían señalarse quince o veinte (analfabetos). En el Reformatorio hay orfeón, orquesta y banda de música. También cuenta con estación de radio, cine y dos equipos de fútbol».

En su artículo, Rico de Estasen nos advierte de la atención que se dispensa en el extranjero al nuevo centro: «Han pedido informes el Uruguay, se han ocupado del establecimiento las principales revistas de Bélgica, Argentina, Chile, Cuba y Puerto Rico. Y en todas ellas las crónicas apuntadas son una ofrenda de admiración a la institución alicantina, tan joven como famosa (...)». Concluía el vibrante párrafo, con felicitaciones al ministro de Gracia y Justicia, al director general de Prisiones y al «noble prócer castellano, literato y periodista, Simón García Martín del Val, que desde el primer día y con el aplauso de sus superiores, rige los destinos del Reformatorio Alicantino».

Este artículo, junto con diversas referencias periodísticas y los textos de las conferencias pronunciadas en aquella cárcel, ya desaparecida, durante el curso 1927-1928, por José Guardiola Ortiz, Juan Sansano, Eliseo Gómez Serrano y Antonio Martínez Torrejón, entre otros, aparece publicado en el libro «Reformatorio de Adultos de Alicante». En el mismo, se dice que la dicha institución fue creada por una real orden del dos de septiembre de 1925 e inaugurada oficialmente (ya prestaba servicios con anterioridad) el diecinueve de mayo de 1926.

Con este mismo título que tomamos prestado, se han publicado las memorias de Enrique Barberá Tomás, a quien por su fortaleza física, sus propios compañeros apodaron Carrasca. Barberá Tomás, nacido en Alcoy, fue naturista, vegetariano y miembro de la Confederación Nacional del Trabajo. Al término de la guerra civil, fue detenido y encarcelado en Valencia, de donde sería trasladado a la cárcel de Alcoy y posteriormente a la de Alicante.

En 1941 fue condenado a la pena de muerte e ingresado en la sección de periodos, donde inició su diario, el jueves, cinco de junio de tal año. Durante varios meses abandonó el «tubo» a raíz de la revisión de su causa. Pero el cinco de septiembre de 1942 se confirmó la fatal sentencia, que habría de cumplirse el dieciséis de aquel mismo mes.

Ese mismo día y junto con el joven alcoyano perdieron la vida, casi con toda seguridad también ante el pelotón de ejecución, Antonio Navarrete Segura, Manuel Morell Castaños y Manuel Llopis Pascual, de acuerdo con la relación de las personas que fueron fusiladas o que murieron de hambre, enfermedad y malos tratos, en las cárceles de la provincia de Alicante, entre el cuatro de mayo de 1939 y el veinticuatro de diciembre de 1943, y que suman un total de quinientas ochenta y siete víctimas; relación que nos confió el socialista ilicitano Manuel Arabid y que vio la luz por vez primera en nuestro libro «La Lucha por la democracia en Alicante».

El diario de Enrique Barberá Tomás es un testimonio impresionante y en el que no se advierte ni la más leve pizca de odio. Con serenidad y firmeza describe cuanto sucede en una celda, donde se hacinan, en muy duras condiciones, un grupo de condenados a la pena capital. Barberá Tomás, con estilo ágil y diáfano, no tiene ni una sola frase ofensiva para quienes iban a ser sus verdugos. Actitud singular de quien ha aceptado, con integridad, el brutal destino del paredón. El diario se cierra, con unas conmovedoras cartas, escritas en capilla, y dirigidas a su esposa, a sus padres y a su hermano.

En el mismo tono, se expresa su hija, quien después de muchos años se ha decidido a editar un testimonio estremecedor. En la breve introducción de Marcela Barberá se puede leer: «El deseo ferviente de la familia de Enrique Barberá Tomás es que, en ninguna parte del mundo, haya ocasión de escribir diarios como este». Un deseo fervientemente compartido.

El comercio de la nieve fue muy activo durante los pasados siglos. Los productos farmacéuticos, las carnes, los pescados y los agobios del calor la hacían muy necesaria. Acerca de su comercio y abasto, se conserva en el Archivo Municipal de nuestra ciudad un volumen epigrafiado «Arrendamiento de la nieve», referido a los últimos años del siglo XVII y primeros del siguiente; aunque tales arrendamientos datan de tiempos más remotos, están sin documentar.

En su estudio «Alicante y el comercio de la nieve en la Edad Moderna» su autor, José Mallol Ferrándiz, cita a Cristóbal Martínez de Vera, señor de Busot, como concesionario, en 1605, de la venta de nieve a Alicante. «Desconocemos de qué manera funcionó la concesión hecha a Martínez de Vera, pues la siguiente noticia nos lleva a 1628. En esta fecha aparece en Alicante el mercader Bartolomé Rico, natural de Castalla, el cual gozaba de un privilegio expedido por el Consell de la ciudad, para que únicamente él pudiera vender nieve (...)».

Por supuesto, la provisión de nieve se efectuaba desde las zonas montañosas de Ibi y Alcoy. Y su transporte constituía en ocasiones, una verdadera épica. Los caminos de herradura obligaban a llevarla a lomos de caballería -los machos de neu-, cuando menos hasta donde el camino permitía ya el paso de los carros. En este sentido, hay descritas peripecias verdaderamente apasionantes.

Con alguna frecuencia, se producía el desavituallamiento de la ciudad. Esta situación, movió a nuestras autoridades a obtener terrenos en la sierra de Aitana, para asegurar el abastecimiento con pozos, casas y ventisqueros propios. «Así, salvo que el año fuera totalmente nulo en precipitaciones nivales, paliaba las ocasionales carencias ocasionadas en las sierras de Ibi-Alcoy, principalmente, que eran aquellas que abastecían con asiduidad a la población de Alicante, pues su densidad en pozos era la más elevada del arco montañoso alicantino». Este comercio se eclipsó con los cambios climáticos y el frío artificial, pero aún en el presente siglo se practicó, posiblemente hasta 1926.

Ya en pleno sexenio absolutista y tras la guerra de la Independencia, las autoridades locales decidieron justipreciar Alicante, conocer el número de sus edificios y locales comerciales a efectos de empadronar la contribución urbana, después de los numerosos derribos que se efectuaron en el barrio de San Antón, cuando se luchaba contra los franceses. Nuestra ciudad contaba por entonces con algo más de veintiún mil habitantes.

La tarea se encomendó a Antonio Jover que era «arquitecto de la Real Academia de Nobles Artes, denominada de San Carlos, matriculado en la misma, director de los reales caminos de esta Gobernación y único titular del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad (...)». Muy empobrecidas deberían de andar las arcas municipales, a tenor del escrito que el referido arquitecto dirigió al Ayuntamiento, en agosto de 1814. De su puño y letra, transcribimos algunos párrafos del interesante documento que nos ilustra acerca de la ciudad, por aquellos tiempos. Antonio Jover, en cumplimiento del encargo que se le había formulado, procedió al «justiprecio de dos mil cuatrocientas sesenta casas, doscientos y uno almacenes y seis mesones que forman la ciudad y sus arrabales, para el empadronamiento de la contribución directa, que debió practicar acompañado del caballero regidor comisionado al efecto (...)».

En su instancia, dice el mencionado arquitecto que «satisfizo tres mil reales vellón a los escribientes y maestros que tomó para que le ayudasen a practicar las operaciones con la prontitud requerida (...)». Naturalmente, «suplica que le sean reintegrados los tres mil reales vellón dichos que tiene suplidos y satisfechos, habiendo ocupado el recurrente muchos días y trabajo, para la demostración cierta de las casas y almacenes que tiene presentado en la certificación y espera de Vuestra Señoría se le señale lo que estime conveniente a lo practicado. Su deseos sólo se originan en que se tenga en consideración su trabajo (...).

Tras recibir la instancia el veintiséis de agosto, el regidor don Esteban Pastor afirma, con fecha uno de septiembre del citado año, «que pasó con Jover y demás comitiva a la práctica del justiprecio que aprovechadamente quedó concluida a toda satisfacción, consumiendo bastantes días (...)». Hijo de Antonio Jover fue Emilio, uno de nuestros más relevantes arquitectos del pasado siglo y autor, entre otros edificios monumentales, del Teatro Principal y de la primitiva plaza de toros.

Don José Manuel Martínez Aguirre renunció a la Alcaldía el veinticinco de abril de 1977. En sesión extraordinaria y urgente de la corporación municipal. Recordó, el abogado y periodista, que «hacía algo más de un año que recibió la vara de alcalde y que su actuación había tratado de cimentarla fuerte en la sustancia y suave, en la forma, para ser servidor de Alicante y de los alicantinos. Agregó, seguidamente, que las atribuciones recibidas las devolvía entonces «no por afán personal alguno, sino para servir de otra forma a los sagrados intereses de la patria». Por unanimidad, según consta en acta, aunque posteriormente fue contestada el acuerdo, se aceptó la renuncia.

A lo largo de varios meses, Martínez Aguirre declaró a la Prensa que «no se había planteado la decisión», como Jorge Silvestre Andrés, presidente de la Diputación, o que no se había decidido a que no dimitía. INFORMACIÓN del veintiséis de abril, titulaba: «Martínez Aguirre dimite en el último momento». Es decir, el día anterior y en el pleno ya reseñado.

En el mismo pleno y «en cumplimiento de lo establecido en las normas e instrucciones que al designar a los señores tenientes de alcalde se establecía el orden de preferencia, la sustitución en las funciones del cargo de alcalde debía recaer en el primer teniente de alcalde o, en su caso, sucesivamente en los siguientes», la presidencia se dirigió a don Pascual Coloma Sogorb y le preguntó si «aceptaba el cargo de alcalde en funciones». Coloma Sogorb declinó tal responsabilidad «al no disponer de tiempo que la dedicación a Alicante requiere, estando en juego su actividad comercial privada y la defensa de su patrimonio familiar (...)».

A renglón seguido, se le formuló la misma pregunta al segundo teniente de alcalde, don Ambrosio Luciáñez Piney quien contestó afirmativamente. De inmediato, Martínez Aguirre dejó la presidencia que ocupó Luciáñez Piney, «como alcalde en funciones».

Martínez Aguirre se hizo cargo de la Alcaldía en uno de febrero de 1976, en sesión extraordinaria del pleno, bajo la presidencia del gobernador civil, don Benito Sáez González-Elipe, tras pronunciar la fórmula establecida: «Juro servir a España, con absoluta lealtad al rey y a los principios básicos del Movimiento Nacional y demás leyes fundamentales del Reino, poniendo el máximo celo y voluntad en el cumplimiento de las obligaciones del cargo de alcalde de Alicante, para el que he sido nombrado». En el mismo acto, cesó su antecesor en tal cargo don Francisco García Romeu.

Ya nos hemos referido en distintas ocasiones a la crueldad, puesta de manifiesto en repetidas y sonadas ocasiones, del gobernador militar, don Pedro Fermín Iriberry, que llegó a nuestra ciudad, en calidad de tal y de corregidor, en 1823, representante de la reacción y el absolutismo. Viravens, nada sospechoso de progresista, escribe de él que se valió de personas impopulares y a quienes la opinión pública distinguía por los odios y rencores que abrigaban contra los partidarios del régimen constitucional. Pues en el año 1826 dio, una vez más, muestras de su talante intransigente y brutal, con motivo del desembarco liberal en Guardamar, encabezado por el antiguo director de nuestra fábrica de tabacos, coronel don Antonio Fernández Bazán y su hermano, el diecinueve de febrero de dicho año.

La expedición constituyó un fracaso que el propio Bazán pagaría con su vida, en Orihuela, el cuatro de marzo. Muchos de cuantos lo seguían, apenas un centenar, fueron hechos prisioneros por los realistas y ejecutados, en nuestra ciudad. Nicasio Camilo Jover dice de aquel episodio: «El veintidós de febrero entraron en Alicante aquellos desventurados: el veintitrés fueron puestos en capilla y del veinticuatro al veintisiete sufrieron la última pena (...)». Un testigo ocular del sacrificio escribió: «(...) el mismo gobernador Iriberry personándose en la cárcel hizo notificar a su presencia la sentencia de muerte, y continuó allí hasta acompañarlos al patíbulo. En tal ocasión alternó con ellos, dio de palos a uno y dificultó hasta la administración del viático a ocho de los reos que lo pidieron después, alegando que ya no había tiempo para esto, a lo que contestó el alcalde mayor, Benítez, que se fuese a por el viático que el señalamiento de tiempo era accidental, que recibieran al señor y que si no se fusilaba a las once, sería después (...) Llegado al sitio de la ejecución, el mismo Iriberry dijo a los sacerdotes, cuando los estaban reconciliando, que ya no era tiempo de confesar, y en segunda fue colocando él mismo a los reos en el puesto para ser fusilados, mandando también él mismo hacer fuego».

Según el citado cronista, en días sucesivos fueron ejecutados veintinueve liberales.

A raíz de ciertos conflictos suscitados por las actuaciones del general carlista Ramón Cabrera, el gobernador militar don Francisco Pérez Meca declaró nuestra plaza en estado de sitio y formó una junta de represalias «la cual mandó pasar por las armas el once de noviembre de 1838 a diecinueve sargentos carlistas que se hallaban en el depósito de la isla de Tabarca, a consecuencia de haber fusilado Cabrera noventa y seis individuos de la misma clase».

Por aquel tiempo y según el Boletín Oficial anunció la subasta para el arriendo de las puertas de Alicante, el siete de noviembre del mismo año que, en mayo del siguiente, se concedería, junto con los arbitrios municipales, a don José Safont. A consecuencia de tal medida, la opinión pública se exaltó «contra aquel contrato oneroso y todas las corporaciones, gremios y particulares protestaron de una manera enérgica, recurriendo al Ayuntamiento, para que adoptasen las medidas oportunas, a fin de que no se llevase a efecto».

Firmado por los alcaldes constitucionales Manuel Carreras, Cipriano Berguez e Isidro Salazar y por los regidores, síndicos y secretario, el Ayuntamiento remitió al Gobierno un extenso y razonado escrito en el que se exponía las repercusiones que tal arriendo suponía para nuestra ciudad que estaba al borde de la insurrección popular, en tanto todos los establecimientos comerciales cerraban sus puertas, en señal de protesta.

El documento comienza así: «La publicidad es el mejor garante de la administración, y el medio con que los encargados de ésta puedan legitimar sus actos». Toda una declaración de principios, de fecha veintidós de junio de 1839. «El interés -continuaba- que en todas las clases de este vecindario ha excitado el arriendo de puertas y arbitrios municipales, cedidos por el Gobierno de su Majestad a favor de don José Safont; la ansiedad pública exaltada por este contrato y la opinión manifestada de un modo inequívoco contra tal medida, colocan al Ayuntamiento en el imprescindible caso de manifestar las gestiones que en el particular ha practicado, para defender de este inesperado ataque los fondos cuya administración le están, por leyes, confiada (...)». Amarga posición, producto de encontrados deberes: conservar ilesos los intereses comunes y prestar obediencia a las órdenes del Gobierno. Finalmente, se impuso la cordura y «el derecho de puertas quedó en Alicante, encomendado como hasta allí, a la hacienda pública y al Ayuntamiento». El Ayuntamiento era y es el ajuntamiento de todos.

Pasa como pasaba en la antigua copla que unos dicen que sí y otros que no. Ambrosio Luciáñez Piney y Pascual Coloma Sogorb, ¿fueron alcaldes titulares o tan sólo alcaldes en funciones? Como el asunto no está nada claro, volveremos de nuevo a él, tras las debidas consultas legales y políticas.

Entre tanto, nos quedan las actas capitulares, algunos documentos y la Prensa. En nuestra columna del veintiocho de septiembre pasado, transcribimos textualmente el relevo de Martínez Aguirre por Luciáñez Piney en cuanto se refiere a la condición del cargo que desempeña este último y que era «como alcalde en funciones». Fue el veinticinco de abril de 1977. En sucesivas actas de sesiones plenarias y permanentes, se le cita como alcalde presidente de la corporación municipal, sin más matizaciones. En las sesiones de la permanente (actual comisión de gobierno) del trece de febrero de 1979, y en la del pleno de dos días más tarde, ambas de carácter extraordinario las preside don Ambrosio Luciáñez como alcalde, a secas. Son las últimas.

El veinte de febrero, ya figura como alcalde-presidente don Pascual Coloma, en la permanente en que se celebra con la misma fecha; y en el pleno del doce de marzo lo hace con la misma condición. Son las primeras sesiones que preside.

¿Qué ha sucedido en medio? En ninguna de las actas citadas se hace mención al cambio que se ha producido en la Alcaldía. Pero, en este mismo periódico, se puede leer, en su número correspondiente al diecisiete de aquellos mismos mes y año, «desde las cero horas de hoy, Pascual Coloma es el nuevo alcalde en funciones de Alicante. La elección se hizo efectiva al presentarse Ambrosio Luciáñez, como candidato a las elecciones en las listas de UCD, lo que significaba su cese inmediato. El nuevo alcalde permanecerá en su puesto, hasta que se constituya la nueva corporación tras las elecciones del cuatro de abril». El titular, en primera página, decía: «Coloma, alcalde de Alicante en funciones». El dieciséis de abril del 79, tres días antes de formarse el Ayuntamiento democrático que llegaba de las urnas, Coloma como «alcalde presidente» cerró su sesión final.

El domingo, día tres de marzo de 1889, a punto de celebrarse el cuarto centenario de la Santa Faz, «El Alicantino», que se subtitulaba «Diario Católico. Teléfono número 102», escribía: «Grande es el disgusto que en todas las clases de la sociedad alicantina ha producido el conocimiento de las frases que, sin motivo bastante que las justifique, lanzó en el Congreso, el ministro de Gracia y Justicia contra el alcalde de esta ciudad, a quien en cierto modo envuelve aquéllas en el poco honroso asunto de la evasión de los reos de Cox, de las cárceles de este partido». El citado periódico continuaba su información advirtiendo que se le imputaba la posibilidad de haber dispensado algunos favores a los autores e instigadores de un crimen cometido en aquella localidad y definía a don Rafael Terol, alcalde de Alicante, a la sazón, como «el primero de entre los hombres honrados, cuya fama y buen nombre jamás ha empañado la más leve sombra en el importante cargo que ejerce».

Poco antes de la noticia, en sesión municipal celebrada el uno de marzo de 1889, abordó el espinoso tema. El edil Mauricio dio lectura de un suelto de un periódico de Madrid, en el que se decía «que el principal responsable de la evasión de los presos de Cox era un policía que tenía el cargo de clavero (responsable de las llaves) y que había sido suministrado o recomendado por el alcalde de Alicante». El señor Terol explicó a los miembros de la corporación municipal que por la escasez de fuerzas de orden público, el gobernador civil le había solicitado el envío a la cárcel de la guardia municipal y que él había mandado al segundo jefe del cuerpo con cuatro agentes, y «que el guardia de referencias no fue en calidad de clavero, sino de vigilante. Por lo tanto no había sido nombrado por él, y sí por el citado jefe a quien correspondía la distribución de la fuerza».

Se propuso, se acordó y así se hizo, al término de la sesión, trasladarse al gobierno provincial, con objeto de que su titular transmitiera al Gobierno de Su Majestad el ruego de que se reparase la ofensa «que tal vez contra la voluntad del ministro de Gracia y Justicia entiende ver envuelta la honra del alcalde».

En sesión del seis de marzo de aquel año, consta la gratitud al diputado por esta circunscripción, don Enrique Arroyo, «por la defensa que en las Cortes hizo del alcalde vindicándole de las ofensivas interpretaciones dadas por una parte de la prensa, a las palabras pronunciadas por el ministro de Gracia y Justicia». Entonces ya, como ahora, como siempre, había que matar al mensajero. Y los periodistas pagaron los platos rotos.

Para disipar las tinieblas y despachar abusos y «el ejercicio de las maldades e insultos nocturnos», el gobernador de la ciudad don Francisco Pacheco, informado de que a Valencia se le había concedido el permiso, para instalar alumbrado público, lo solicitó también para Alicante. El Ayuntamiento en escrito de marzo de 1787, argumentaba ante el rey que «Sin perjuicio de las rondas y otras operaciones dirigidas al intento, no se acomoda otro remedio que el auxilio de la luz artificial con el competente alumbrado en las calles (...)». Firmaban el documento, además del ya señalado gobernador y mariscal, don Francisco Pacheco, los señores Francisco Borgunyo, Josef Nicolás Alcaraz, Josef Pizana y Nicolás Pro.

El Consejo Real notificó a la ciudad que le «informase con toda justificación qué número de faroles sería necesario para el alumbrado que se proyectaba, en las calles de la misma; el importe a que ascendería su coste principal, como también el de aceite que se consumiese; qué temporada o temporadas habían de lucir los faroles; qué dotación habría de señalarse a los sujetos que cuidase de encenderlos (...)».

Alicante atendió el despacho correspondiente y «en su virtud informó: que el número de faroles precisos para el alumbrado de la ciudad era el de cuatrocientos y sesenta, y su coste a razón de sesenta reales cada uno, el de veinte y siete mil setecientos veinte y dos (?); el gasto anual de alumbrado veinte y seis mil trescientos treinta y cuatro (...) quedando la dirección y arreglo del proyecto a cargo de nuestro corregidor y Ayuntamiento (...)».

Tras el intercambio de una copiosa documentación, se recibió la siguiente carta: «(...) Por lo cual, y en atención de la numerosa población, mucho tráfico y comercio, y demás circunstancias recomendables que concurren en la ciudad de Alicante, estimamos útil y digno de aprobación el proyecto del alumbrado de sus calles (...)». Este último escrito está fechado en Madrid, el trece de agosto de 1790, y firmado por el conde de Campomanes.

Aquel año, Alicante estrenaba su primer alumbrado público, a base de faroles de aceite.

No en balde era el Siglo de las Luces.

A estas alturas, no es una novedad el hecho de que nos refiramos en esta columna a Pedro Montengón. Curiosamente el cronista Nacasio Camilo Jover lo cita en su libro «Reseña Histórica de la Ciudad de Alicante», como «célebre jesuita». Y en el mismo, nos ofrece, en nota aparte, las siguientes novedades respecto a Montengón: «En sus primeros años, fue novicio de la orden de los jesuitas, en la cual tenía un hermano mayor; pero antes de profesar, se decretó la expulsión de aquellos religiosos, y habiendo emigrado su hermano el profeso a Italia, don Pedro le siguió estableciéndose en la isla de Elba. Allí se secularizó contrayendo matrimonio con una italiana, tuvo de ella un hijo».

Es decir, no se trata, según el citado autor, de un «famoso jesuita»; sino de un novicio que posteriormente dejó los hábitos y se casó, de acuerdo con la información que nos transmite el propio Jover. Pero sí podemos hablar de un excelente escritor, poeta con sus «Odas a Filópatro», y narrador con sus novelas «Eusebio», «El Rodrigo» o «Burdoxia, hija de Belisario». La aparición de sus poemas en la ciudad de Ferrara coincide con su destino a raíz del destierro. Vivió en esta ciudad y posteriormente en Venecia y Génova, pero no aparece la isla de Elba, como residencia del alicantino, tras las más modernas investigaciones.

Se casó en 1788 y tuvo un hijo. Nicasio Camilo Jover nos dice que «su hijo también se dedicó a la literatura, y aún emitió a un tío suyo residente en esta capital, una obra que se conserva inédita en poder de su familia».

Acerca de la actividad como escritor de Pedro Montengón y de su obra hay diversos e interesantes estudios. Destacamos el realizado por Guillermo Carnero, profesor de nuestra Universidad, con la colaboración de diversos especialistas más.

Pedro Montengón y Paret nació en Alicante, el 18 de julio de 1745 aunque, según Jover, fue bautizado en la parroquia de San Nicolás el 17 de julio de dicho año. Y murió en Nápoles, el 18 de noviembre de 1823, si bien Jover nos da el año de 1815.

Ahora, por las molestias y peligros, hace casi siglo y medio, por las molestias y peligros. La calle de San Fernando cumple así su tradición de protestas justificadas. En aquel entonces, los vecinos estaban hartos de los carruajes y de las caballerías. «Los carreteros de esta plaza que se ocupan en el servicio del comercio, por punto de parada de sus carruajes, la mencionada calle se convierte, en el transcurso del día en un estercolero, por las caballerías, al paso que las baldosas de la acera sirven como hogar diurno a los conductores de dichos carruajes». «En este estado y deseando aspirar el aire menos impuro que aspiran los demás vecinos de esta ciudad, se suplican medidas que pongan coto a un abuso impropio (...)».

El alcalde constitucional, don Rafael Pascual, no se lo pensó mucho. El seis de agosto de 1853, hizo publicar un bando con el siguiente texto: «Se hace saber que siendo frecuentes las quejas que se dirigen por la colocación de los carruajes del tráfico, en la calle de San Fernando y puntos inmediatos a ella, interceptando el tránsito de los vecinos, causando malos olores, produciendo ruidos, profiriéndose por los carreteros palabras obscenas e indecentes, y dando margen a otros perjuicios que no deben tolerarse ha acordado: primero, sólo en el malecón, formando líneas sobre la muralla del mar, será permitido colocar a los carruajes del tráfico público, sean de la clase que fueren, y sin distinción de dueños. Para preservar a las caballerías de la acción del sol, en la estación fuerte del verano, podrán los interesados proveerse de un toldo que se coloque sobre cada carro, con facilidad y sencillez, y adoptando el medio que a dicho objeto consideren más a propósito. Segundo, como pudiera ocurrir que, con ánimo de burlar lo dispuesto en el artículo anterior, los dueños de carruajes que tuvieran almacén de comercio en la dicha calle, tratasen de situarlos a las puertas de sus casas o establecimientos, causando a sus convecinos los perjuicios que se trata de evitar, se les previene de que sólo les será permitido tener a las puertas de sus casas o almacenes los carruajes, el tiempo preciso para cargar y descargar los efectos que su tráfico y comercio exijan».

Las multas iban, según los casos, de diez a cien reales vellón.

El bando era un bello y próximo medio de comunicación. Hoy casi nadie lo recuerda.

Nuestro Ayuntamiento demostró que se acordaba de Santa Bárbara, sin necesidad de tronar.

El diecisiete de noviembre de 1853, la corporación presidida por el primer teniente de alcalde, don Juan José Carratalá, en ausencia del titular don Rafael Pascual, aprobó mil quinientos reales de vellón para la instalación de dos pararrayos en el fuerte de Santa Bárbara.

Previamente, en una reunión, presidida por don Antonio Alegre Dolz «gobernador que fue de esta provincia, se trató de la necesidad de atender a varias mejoras de esta capital, siendo una de ellas, y bien urgente, la colocación de uno o más pararrayos en el fuerte de Santa Bárbara, para evitar las desgracias que, de algunos años a esta parte, ocasiona la caída de exhalaciones en tiempo de tempestades, matando a centinelas, como ocurrió a principios del mes anterior (...)».

Una vez aprobada la ayuda económica con cargo a la partida imprevistos, se entrevistaron los gobernadores civil y militar con el comandante de ingenieros, para que se llevara a efecto tales obras, teniendo ya por recibida la autorización superior necesaria.

Un documento, firmado por don Federico de Echevarría y procedente de la Comandancia de ingenieros, con fecha de diecinueve de noviembre, dos días después del citado acuerdo, dice así: «Al recibir de ese excelentísimo Ayuntamiento el donativo de la cantidad de mil quinientos reales de vellón con destino a la construcción de dos pararrayos, para el castillo de Santa Bárbara de esta plaza, cuya obra me cabe la honrosa satisfacción de haber comenzado, creo mi deber tributarle de la manera más sincera, por el laudable y paternal celo con que tan poderosamente contribuye a librar a los dignos habitantes de esta capital de los inmensos daños y perjuicios que pudieran ocasionárseles, si desgraciadamente, llegara el caso, ya próximo en varias ocasiones, de caer una chispa en el almacén de pólvora que encierra la dotación de aquel fuerte (...) Convencido de la necesidad de colocar tan útil cuanto único preservativo en el mencionado castillo, he puesto de mi parte cuanto era posible para que recayera sobre esta obra la superior aprobación, y una vez emprendida como se halla, no perdonaré medio alguno a mi alcance para terminarla a la mayor brevedad». Estábamos a salvo.

Don José Minguilló y Boluda, alcalde corregidor de Alicante, hasta últimos de enero de 1853, andaba preocupado con los escasos efectivos de que disponía para atender a los ciudadanos. Quería aumentar la plantilla de la Policía Urbana. Sus relaciones con el jefe político o gobernador civil eran ásperas, como se deduce de las cartas y oficios que se cruzaron en aquellos tiempos. El alcalde corregidor publicó un bando por el que se prohibía a los maestros carreteros y aperadores, a los toneleros, carpinteros, herreros y los de cualquier otro oficio que no lo desempeñasen, bajo ningún pretexto, en las calles ni plazas públicas, limitándose a ejercer sus respectivas industrias dentro de sus casas particulares o establecimientos», bajo apercibimiento de cuantiosas multas.

El texto de tal bando obedecía al escrito de don Manuel Cano, el gobernador, quien, el trece de abril de 1853, le manifestó: «Precisado ya en vista del abandono en que se encuentra todo lo relativo a policía urbana de esta ciudad que, según el párrafo quinto del artículo setenta y cuatro de la Ley de Ayuntamientos, corresponde a usted el cuidar y a mí el disponer que se cuide; y vista la tibieza con que tolera usted la prevención que me vi obligado a hacerle, para que los maestros carreteros no trabajasen en medio de las calles y plazuelas, he determinado hacerle a usted de nuevo esta prevención, por última vez (...)».

Poco después, el alcalde le contestó: «Sensible me es, sin embargo, que Vs. calificándome de una manera bastante dura, atribuya a un completo abandono por mi parte de todo lo concerniente a la Policía Urbana (...). Yo sé bien y no puedo menos de conocer que la Policía Urbana de esta ciudad, a pesar de haber mejorado lo que ha podido, dista mucho de lo que debiera ser, según los progresos de la civilización y adelantos del siglo; pero en una población donde lejos de haber elementos de prosperidad, su riqueza se presenta en continua decadencia, y donde la mayor parte de sus habitantes cuentan sólo con un corto jornal, salario o ganancias, a excepción de unos pocos, no permite que las mejorías en ornato y comodidad entren, si no es paulatinamente, según lo permita el estado de la población (...)». Una carambola a tres bandas.

En nuestra columna del pasado lunes, día tres del mes en curso, nos referíamos a las insinuaciones que se vertieron sobre el alcalde don Rafael Terol acerca de sus presuntas responsabilidades por «la evasión de los reos de Cox». El cronista de aquella localidad, don Patricio Marín Aniorte, nos ha remitido fotocopias de «El Diario de Orihuela» de veintidós y veintitrés de febrero de 1889. En ellas se recoge el asesinato, cometido un año antes, del vecino de aquel pueblo Manuel Lucas: «La acción de la justicia alcanzó bien pronto a los criminales, condenando a los mismos a sufrir la última de las penas. Cuatro eran aquéllos; tres de los mismos, calificados de instigadores y cómplices, fugáronse ha poco de la cárcel de Alicante, sin que hasta la fecha hayan podido ser capturados. Joaquín San Jaime Expósito, autor material del hecho, que al decir de las gentes no quiso evadirse de su prisión, por temor a que aquéllos lo matasen, como se lo tenían prometido, por haber hecho ciertas declaraciones, es el único que habrá de sufrir la pena impuesta».

Y la sufrió, en el propio Cox, ante cerca de doce mil espectadores, cuando los habitantes del pueblo no pasaban de mil setecientos habitantes. Según el referido cronista: «Se ignoran los pormenores y detalles del móvil del crimen, y lo cierto fue que el alcalde contrató los servicios de dos sicarios vecinos de Albaida (Valencia), para cometer dicho acto sanguinario, aceptando para dicha faena la suma de ciento cincuenta pesetas, en el decir de las gentes treinta duros y una cena de hierbas (camarrojas)». Apresados los autores del asesinato de Manuel Lucas Rocamora, en el campo de La Matanza del término de Orihuela, fueron interrogados, hasta lograr descubrir a los instigadores del crimen «siendo todos trasladados a la prisión provincial de Alicante (...). La sentencia fue tajante, pena de muerte para todos, en una ejecución pública, en el pueblo donde ocurrieron los hechos (...), y es entonces cuando sucedió algo inesperado, los reos hacinados en la cárcel provincial se habían fugado (...). ¿Cómo es posible esto?, se preguntaba la gente sencilla. Más tarde se rumoreaba que alguien les abrió la puerta, y ese alguien... ¿quién fue? Lo cierto es que alguien les preparó la fuga a base de bien, incluso les prepararon embarcación en el puerto de Alicante, con lo que consiguieron pasar a Orán». En el suceso, según parece, hubo ciertas connotaciones políticas.

A raíz de la citada fuga, se produjeron insinuaciones que involucraban, en alguna medida, por supuestas negligencia o connivencia, al alcalde Rafael Terol.

En 1903 empezó todo el papeleo para poner en marcha la carretera de Alicante a El Campello. El trece de agosto de dicho año, el gobernador civil, a la sazón, don Agustín Bullón, dispuso la expropiación de fincas y el nombramiento de un perito «que les represente en las operaciones de medición y valoración», a los propietarios de las mismas, según oficio del ingeniero jefe de Obras Públicas, don Juan Miró, al alcalde constitucional de la ciudad, don Alfonso de Rojas. En septiembre, el Ayuntamiento notificó las medidas de expropiación a don Agustín Limiñana Rico, don Gervario Tallo, don Vicente Gosálbez Gosálbez, don Rafael Die y doña Filomena Rovira, quienes nombraron perito a don Ramón Sala Bellver.

Precisamente, por aquellas mismas fechas Roger Dragó remitió una instancia al alcalde en la que solicitaba «la construcción de un muro de cercas en nuestra propiedad llamada "La Británica", en el primer kilómetro de la carretera de segundo orden de Alicante al Campello». A esta instancia del siete de julio de 1903, se acompañaba plano en el cual aparecen tanto la citada carretera cuanto el trazado de la vía férrea de La Marina.

También ese trazado que era el primer intento fallido del tren de nuestra ciudad La Marina, llevaba consigo toda una serie de expropiaciones. Y de nuevo el Ayuntamiento las notificó a sus propietarios, de acuerdo con la providencia de la primera autoridad provincial y el oficio de Obras Públicas. Con tal motivo, comparecieron ante la administración local, bien personalmente, bien por medio de sus representantes acreditados, los señores Miguel P. de Bonanza, Renato Bardín, Fernando Tortosa, Juan Seva y Manuel Senante, aunque la relación de propietarios afectados es mucho más numerosa, como se desprende de la documentación que se conserva en el Archivo Municipal.

Con la carretera a El Campello ya en marcha, de nuevo otra instancia dirigida a la Alcaldía insiste en el asunto del muro de cercas: «Los señores Deustsch y Compañía, refinadores de petróleos de esta plaza y propietarios de unos terrenos junto a su fábrica de refinación denominada "La Británica" solicitan permiso para cercarle». Se les concedió por decreto el catorce de noviembre de 1905.

En los primeros años del presente siglo, nuestra ciudad adolecía de una considerable falta de higiene pública. El Ayuntamiento carecía de los suficientes recursos y medios, para sanear determinados puntos negros que ocasionaban permanentes conflictos, en tanto el peligro de infecciones crecía considerablemente.

Cuando menos, tal situación se desprende tras la consulta de los correspondientes documentos, relativos a la sanidad social. Frecuentemente, se daban casos de difteria, tifus y viruela.

En 1900, la Casa de Socorro ya advierte al alcalde de la necesidad de adoptar medidas profilácticas con objeto de prevenir la difteria.

Pero lo de la Albufereta y sus hedores ya estaba en pie de guerra y causaba una verdadera problemática.

A principios del citado año, la Junta Provincial de Sanidad, tras un estudio del paraje, oficia a la alcaldía avisándola que existen allí varias charcas «cuyo mal olor hace imposible la estancia en dicho sitio y sus alrededores, por lo que debe procederse inmediatamente a su desecación y relleno».

La Albufereta siempre ha proporcionado a las diversas corporaciones muchos quebraderos de cabeza, en lo que respecta a sus condiciones higiénicas.

Pero en el mismo oficio, de fecha veintidós de enero, la citada Junta Provincial señala además, como objetivos prioritarios, los terrenos situados a espaldas de la fábrica de petróleos, propiedad de los señores Fourcade y Gurtubay, en sitio cercano a la estación de Murcia, «donde diariamente se depositan infinidad de basuras por los vecinos que habitan en dicho punto, lo cual, unido a los residuos de la fábrica mencionada que también se depositan allí, constituye un verdadero foco de infección que es necesario que desaparezca, por lo nocivo que pudiera resultar para la salud pública».

En el mimo informe se dice también: «Próximo a los depósitos de aguas de Sax continúa todavía un estercolero que, por acuerdos de esta Junta comunicados a esa alcaldía, se propuso la urgente necesidad de su traslado o desaparición, y que hasta la fecha no se ha verificado, lo cual constituye un peligro gravísimo para el vecindario, por las filtraciones de la materias descompuestas que pudieran contaminar las aguas destinadas al consumo público».

¿Estamos tan lejos ya de todo aquello?

Las diferencias, ya en proceso de superación, entre nuestro Ayuntamiento y la Junta de Obras del Puerto, tienen un ilustre y casi ignorado precedente que ahora descubrimos, en virtud del hallazgo de ciertos papeles que así lo ponen de manifiesto.

El doce de octubre de 1812 oficia nuestro Ayuntamiento lo siguiente: «En la séptima de las atribuciones que señala a los ayuntamientos el artículo trescientos veintiuno de la Constitución política de la Monarquía Española, deja a cargo de estos todas las obras públicas de necesidad, utilidad y ornato: y en su consecuencia no puede prescindirse de tomar a su cuidado las del muelle de esta ciudad, a cuyo intento fue erigida esa junta; y ha acordado oficiar a VSS. como ejecuta, a fin de que en debido cumplimiento de las sabias y soberanas disposiciones que nos gobiernan, cesen VSS. en sus funciones y se sirvan pasar a este Ayuntamiento los caudales que existiesen, sus cuentas, instrucciones de su gobierno, antecedentes y demás papeles, para continuar en la dependencia, como privativamente corresponde a este cuerpo». Está dirigida al presidente y vocales de la Junta de Obras del Puerto y firmada por el alcalde Soto-Ameno y varios más.

A tan resuelta invitación, la respuesta fue contundente: «La Real Junta de Obras de este Puerto creada por su majestad, en veintiocho de enero de 1803, para entender exclusivamente en la prolongación de la punta del muelle, hasta cubrirlo de los vientos del este en la continuación del Malecón e invertir en esta interesante empresa los caudales procedentes de los arbitrios que en la misma real orden se hallan designados. Tales obras son hidráulicas y están bajo la dirección inmediata de un ingeniero y bajo la protección del Ministerio de Marina. Las de que trata la séptima de las atribuciones que la Constitución política de la Monarquía Española señala a los ayuntamientos son las que se hallan cometidas a los mismos por la instrucción de corregidores, y a las cuales están atenidas los caudales de propios, como lo demuestra bien claramente el artículo trescientos veintidós de la misma Constitución previniendo que si ofreciesen obras u otros objetos de utilidad común y por no ser suficientes los caudales de propios fuese necesario recurrir a arbitrios, no podrán imponerse éstos, sino teniendo por medio de la Diputación Provincial la aprobación de las Cortes. El cuerpo de cabildo, el de hacendados y el de comercio tienen por disposición de su majestad representación en esta Junta, siendo los individuos de cada uno vocales natos. Por esta razón y porque no cree la Junta que el ilustre Ayuntamiento se atrevería a exigir el tomar a su cargo las obras de fortificación, artillería u otras cualesquiera privativas de ciertos cuerpos, como lo son las del Puerto, no comprende oportuna la solicitud que le hace por medio de VS. En papel del doce del corriente pretendiendo la cesión de esta Junta en sus funciones (...)».

Documentos poco o nada conocidos que hacen alusión a la isla de Tabarca y que se encuentran en los fondos del Archivo Municipal. Nos merecen una considerable importancia, en particular, para los investigadores e historiadores de aquella parte insular de nuestro término. Todos ellos, como se verá, se refieren a la construcción en la misma de barracones destinados a hospital militar; y datan del año 1810.

«Al maestro de obras de esa ciudad José Lozano y a los señores comisionados del ejército del centro les he dado todos los auxilios que han pedido y enseñado todos los edificios de esta isla y han demarcado diferentes de ellos para el servicio de hospitales», está firmado por Antonio Lanzarote, en la isla de San Pablo, el 23 de junio de dicho año, y dirigido a don Cayetano de Iriarte y a quien Lanzarote, en uno de sus manuscritos llama «mi general y señor».

Con destino al mismo escribe, desde Ibiza, el treinta de julio, don Manuel de Llamas: «Por el oficio de VS. de veintidós del corriente mes quedo inteligenciado de la facultad que ha obtenido del comandante general del Departamento de Marina de Cartagena, para cortar en esta isla siete mil cuartones de pinos, para la construcción de barracones que han de servir de hospital general militar del ejército central de la isla de Tabarca, y que se le ha dado la comisión al comandante de Marina de esta isla, para que verifique su corte y remesa a la mayor brevedad. Deseoso yo, pues, de cooperar en cuanto sea posible a este servicio en beneficio de la humanidad, auxiliaré con cuanto pueda al expresado comandante, deseando que VS. continúe proporcionándome nuevos motivos en que, como deseo, pueda emplear mi incanable celo por el mejor servicio al rey».

Y por último, sin que se agoten los documentos reseñados, transcribimos otro informe de Antonio Lanzarote a Cayetano de Iriarte: «Quedan recogidas y almacenadas toda las barcadas de junco y carrizo que se hallaban en cinco diferentes partes de esta isla, como también los mantos y demás enseres que se dejaron en el barracón que está principiado, en cuyo trabajo se han ocupado once prisioneros, ocho días, y el patrón del barco lleva el recibo del importe de las jornadas, como VS. tiene mandado. Cuatro prisioneros se han quejado que el maestro de obras le debe a cada uno cuatro días de jornal de lo que han trabajado en la fábrica de los mantos, lo que le comunico a VS. a fin disponga lo que halle por más conveniente». El escrito fechado en Tabarca o isla de San Pablo, el 10 de septiembre de 1810, insiste en la calificación de barracones para servicio hospitalario y se encuentra en nuestro Archivos Municipal.

Lo fue 1931, como ya lo hemos explicitado en varias de nuestras columnas. Inquietante y conflictivo. Año del hundimiento de la monarquía y de la llegada de la Segunda república.

En marzo se inauguró el nuevo Hospital Provincial, el domingo, día uno, con asistencia de numerosos alcaldes. Hubo cocktail en el hotel Samper y banquete en el Casino que sirvió el Palace. Luego, los consabidos parlamentos. El presidente de la Diputación, Pérez Mirete, «pronunció un elocuente discurso contando las glorias provinciales y abogando por un estrechamiento mayor de los vínculos regionales, sin perjuicio de la patria grande». Le siguieron en el uso de la palabra los alcaldes de Orihuela y Alcoy, señores Balaguer y Pérez Batllé, respectivamente, y el de Alicante, aunque según el periódico católico «Las Noticias», «dijo unas palabras que nadie oyó y que pasaron sin pena ni gloria».

No tenía la citada publicación mucho aprecio a don Ricardo P. del Pobil. Así, cuando se inauguró el alumbrado público de la calle Mayor (entonces, Francos Rodríguez), escribió: «Ese alumbrado no es cosa del señor Pobil, sino de su antecesor en la alcaldía, señor Mengual, que de acuerdo con el comercio de la citada calle, y contribuyendo éste, en parte, a los gastos de la obra, se llevó a efecto la mejora. El señor Pobil actuó sólo de "instalador"».

Por aquellos días, se hizo cargo del Gobierno civil don Emilio de la Cerda y López-Mollinedo, coronel del cuerpo jurídico. Por poco tiempo, ya que el catorce de abril quedaba a la vuelta. Y tras aquella fecha luminosa, el Gobierno provisional nombró a varios alicantinos para cargos públicos de relieve: Rodolfo Llopis, director general de primera enseñanza; y don José Guardiola Ortiz y don José Escudero Barnicola, gobernadores civiles de Valladolid y Salamanca, por el mismo orden. En tanto «el eminente música don Óscar Esplá recibía el encargo de componer el himno nacional».

Incluso un periódico «recogía la idea de que otro ilustre paisano, don Rafael Altamira Crevea, sabio catedrático y profundo pensador, que formaba parte del Tribunal Internacional de La Haya, fuera elevado a la presidencia de la República». Tiempos para el trajín y la especulación.

Las empresas «Camino de Hierro de María Cristina», escribió el veinticuatro de julio de 1844, la siguiente carta al Ayuntamiento alicantino: «Esta Junta tiene la satisfacción de remitir a VS. los adjuntos estatutos, sobre cuyas bases ha de constituirse la sociedad. Las ventajas que han de reportar a la península están vías de comunicación, teniendo un seguro puerto en esa bahía, a la sola distancia de siete horas y media de la Corte, con más de una economía del cincuenta por ciento en el transporte y pasaje, no se oculta a la ilustración de VS., y que como a corporación interesada, por la prosperidad de sus representados a quienes ha de redundar el más grande beneficio, ha creído oportuno esta Junta dirigirse a VS. para merecerle su útil cooperación e influencia en esa ciudad, a fin de indicar las personas de mayor notabilidad, por su fortuna y posición social, se hallen en el caso de secundar la realización del proyecto, en utilidad de sus intereses particulares, además de la seguridad que se proporciona a sus capitales de poderse emplear redituándoles el interés legal y dividendos de regulares beneficios, con la circunstancia de disfrutar iguales derechos en un todo, los herederos sucesivos de los accionistas, y que en cualquier caso de un cambio de fortuna o domicilio, les queda una renta segura radicada en esta empresa».

«La Junta tiene probabilidades de poder hacer más lucrativos los beneficios del país y de los accionistas tan luego la real munificencia se digne entender la concesión de la propiedad perpetua, con otras gracias que están pendientes de su augusta resolución y que su majestad, la Reina Madre, está también interesada, como en todo lo que pueda proporcionar el bienestar y la felicidad a los españoles (...)». El escrito está fechado en Madrid y firmado por el presidente de la sociedad, duque de Castroterreño, y por el secretario, Pelegrín José Saavedra.

En los estatutos que se adjuntaban, se puede leer, en su primer artículo: «Se constituirá una sociedad anónima mercantil con arreglo al Código de Comercio, que tendrá por objeto de la construcción de un camino de hierro, con todas sus dependencias, desde Madrid al real sitio de Aranjuez, y su prolongación hasta Albacete y de allí a Alicante (...)».

José Minguilló, alcalde constitucional, a requerimientos del gobernador civil, convocó en las casas consistoriales a «los individuos de la junta de comercio y demás personas respetables de la ciudad, para enterarles de los estatutos y hacer entre todos cuanto pudiera para conseguir tan útil y beneficioso proyecto».

La concesión del ferrocarril y la obtuvo primeramente el ingeniero señor De Lara y Meliá quien, falto de medios, dejó tal proyecto que pasó a la citada empresa «Camino de Hierro de María Cristina» la que a su vez, también sin suficientes recursos se disolvió y dio la concesión en manos del marqués de Salamanca. Tras muchas vicisitudes, saldría de todo ello la Compañía de Ferrocarriles de Madrid, Zaragoza, Alicante.

Alicante a lo largo de la guerra civil (1936-1939) fue objetivo muy frecuentado por la aviación franquista, como ya hemos escrito en esta sección. El sábado, diez de julio de 1937, se constituyó la Junta Local de Defensa Pasiva, bajo la presidencia del alcalde, Santiago Martí Hernández, y con objeto de proteger a la población de las incursiones aéreas. Una vez formada, la Junta celebró su primera sesión en los salones del Ayuntamiento y en ella se determinó acelerar la terminación. de los refugios en construcción y hacer otro nuevo en la calle de Bailén.

En bando publicado a tales efectos se recomendaba que a partir de determinadas horas de la noche, no se encendieran luces en lugares exteriores como terrazas y azoteas y que en la habitaciones que tuvieran hueco a la calle tampoco se encendieran o bien que se procurase que no saliera al exterior. «Los bares y establecimientos similares cerrarán, sin excusa alguna, a las diez de la noche, y los cines, aunque funcionaban hasta las doce, lo harán de forma que desde afuera no se perciba iluminación alguna. Se crearán partidas de barrio que tendrán la misión de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Junta y que en caso necesario auxiliarán a los que sufran accidentes, si se produce algún bombardeo. La Junta se propone actuar constantemente para que la defensa antiaérea de la ciudad esté garantizada».

Esta Junta, que se creó por decreto de veintiocho de junio, se trazó un plan de construcción de refugios. «Para llevar a cabo estas obras y estando así dispuesto en el citado decreto, los gastos inherentes a la preparación y realización de la defensa pasiva sean sufragados por los beneficiarios de la misma, se ha acordado imponer, con carácter obligatorio, el pago mensual de la cuota única de dos pesetas por cabeza de familia, cuya cobranza se efectuará a domicilio por los vigilantes nocturnos. Y en cuanto a los comerciantes e industriales vendrán obligados al pago de una cuota equivalente al uno por mil de las ventas, según los datos facilitados por el control del establecimiento».

Hasta aquel entonces, los refugios eran insuficientes y carecían de respiraderos de modo que «a la media hora de estar dentro, la atmósfera es densa, hedionda y asfixiante». De acuerdo con los datos de la Consejería de Obras Públicas, por aquel tiempo, había cuarenta refugios «bien construidos, o bien en construcción, para una capacidad de veintidós mil personas y de veintiséis mil una vez terminados». La inversión ascendía a setecientas mil pesetas.

En 1821 y a raíz de las disposiciones reales, que ya hemos comentado aquí, se suprimieron en nuestra ciudad, las comunidades de dominicos, agustinos y capuchinos. Durante el trienio liberal y el cinco de octubre de ese mismo año, Alicante se erigió en capital de la provincia del mismo nombre.

El veinticuatro de marzo de 1822, se dirigió al rey la siguiente instancia: «El Ayuntamiento constitucional de la ciudad de Alicante cuyo primer cuidado es el de procurar por todos los medios, la prosperidad de un pueblo tan digno de disfrutarla y que deslumbrado por el prestigio lisonjero de la capitalidad, con la que tan justamente ha sido designada por las Cortes, no perdonará sacrificio alguno de cuantos pueda contribuir al progreso de las luces y al goce de la más sana policía, ha meditado detenidamente acerca de los edilicios que pareciesen más a propósito para crear la universidad de provincia y los establecimientos de beneficencia pública».

«Entre los conventos que han sido suprimidos, se encuentra el que ocupaban los dominicos, edificio muy capaz y muy a propósito para erigir en él la precitada universidad: el modelo de su planta, que se acompaña bajo el número uno, instruirá a vuestra majestad de las ventajas que presenta el dictamen de don José Cascant, académico de varias y arquitecto titular de esta ciudad (...)».

«Todavía es más urgente el establecimiento de la casa de la maternidad de que habla la ley de beneficencia, y por cuya causa se halla el Ayuntamiento en el mayor conflicto, sin que le sea dado a su buen celo enjugar el llanto y precaver el abandono de muy cerca de doscientos expósitos víctimas de la desnudez y de la miseria (la población de Alicante era de 21.000 habitantes aproximadamente). Para evitar, pues, los males funestísimos en que se encuentran, debe procederse inmediatamente a la erección de la expresada casa de maternidad, y para ello ninguno menos capaz que el anterior edificio, es muy a propósito el convento que ocuparon los agustinos y cuya planta incluye el Ayuntamiento con el número dos, dejando a cargo de la Junta de Beneficencia las obras (...)». Dicha Junta se creó en agosto de 1821, presidida por el Barón de Finestrat y entre cuyos individuos se contaban también al regidor don Juan Antonio Lafora, a don Pedro Vignau, etc.

Por último, el escrito se refiere al hospital civil «que según la nueva ley debe plantearse a la extremidad de los pueblos. Es otro de los establecimientos de que carece esta ciudad y que debe crearse desde luego por las utilidades que reportan a la conveniencia pública. Así el Ayuntamiento cree que ningún otro edificio tiene la ventaja que el denominado hasta aquí hospicio de Tierra Santa, su localidad, sus salas dilatadas y espaciosas, su hermosa construcción, su ventilación y la circunstancia de haber sido ya hospital militar, en la época de la revolución, le da la preferencia sobre todos los demás (...)».

Además de los ataques de la aviación italo-germana al servicio del general Franco, Alicante también estaba bajo el punto de mira de la artillería naval. En el verano del treinta y siete, un día, sobre las ocho de la tarde, el prolongado ulular de las sirenas, estremecieron a cuantos se encontraban, a aquella hora, en playas y paseos. Hubo una desbandada general. La ciudad quedó desierta y sus habitantes a cubierto, en sus casas o refugios.

Minutos después de producirse la alarma, se escucharon potentes aunque distantes detonaciones: eran los cañones del crucero «Canarias» que, veinte millas mar adentro, se disponía a bombardear, entre otras, nuestra ciudad.

Según la prensa, el «pirata» «Canarias» no logró sus propósitos. Y no los logró, porque tres bimotores republicanos lo interceptaron. Entre los aviones y el buque de guerra se entabló un feroz combate que algunos alicantinos pudieron observar desde lugares altos. No mucho después el crucero se alejaba de las costas y ponía rumbo a las Baleares. A las ocho y cuarto cesó la alarma y las gentes abandonaron casas y refugios, y se restableció la normalidad, si bien «se adoptaron precauciones en el alumbrado, que quedó totalmente suprimido en las calles». Mientras, el gobernador ordenó que aquella noche «patrullas motorizadas de guardias de asalto circularan por todas las calles, ya que se tenía el temor de que pudiera producirse una incursión de la aviación enemiga».

El gobernador, don Jesús Monzón, manifestó a algunos periodistas que el crucero «Canarias» estaba merodeando por el litoral alicantino y la tarde anterior, la tarde de la alarma, se había situado frente al puerto de Alicante con el propósito de cañonearlo. Propósito que no pudo llevar a cabo gracias a la intervención de los aviones leales».

El gobernador aprovechó la oportunidad, para recomendar a los periodistas que a su vez aconsejen al vecindario que acate y cumpla con exactitud cuantas órdenes emanen de la autoridad respecto a la defensa antiaérea de la población. «El gobernador -escribía «Nuestra Bandera», órgano de partido comunistas- se propone ser inflexible en esta cuestión, considerando como enemigo al régimen a quien consciente o inconscientemente enciendan luces que trasciendan al exterior y aplicará importantes sanciones a los transgresores (...)». La llamada «quinta columna» parecía incordiar lo suyo.

Desde su implantación como monumento artístico, «les Fogueres de Sant Joan» se vincularon al Ayuntamiento de nuestra ciudad. Bandos, subvenciones y acuerdos municipales, así lo ratifican. De los primeros, recordamos el del alcalde Julio Súarez-Llanos, publicado el veintidós de junio de 1928, al que sucesivamente seguirían el de otros alcaldes, hasta un total de siete; tres de Lorenzo Carbonell; uno de Alfonso Marín de Santaolalla Esquerdo; y dos de Agatángelo Soler Llorca.

El primer acuerdo relativo a las fiestas de hogueras del pleno municipal, data del 18 de junio del citado año, en el apartado relativo a hacienda y que dice: «De conformidad con lo dictaminado por esta comisión, se acordó conceder dos mil pesetas para premiar a las tres mejores "Fogueres de San Chuan", distribuyéndose en la siguiente forma: el primer premio, mil pesetas; el segundo, seiscientas idem; y el tercero, cuatrocientas idem. Se faculta a la alcaldía para designar el jurado que otorgue los referidos premios. También se acordó que la Banda Municipal de Música de un concierto en Benalúa, como está acordado por la comisión permanente». En la misma acta consta lo siguiente: «El señor Llopis interesa de la alcaldía que se ceda la escalera del Parque de Bomberos, en la forma y condiciones reglamentarias, para montar una "foguera" que tiene gran altura». (Por cierto que en la misma sesión se aprobó la propuesta de la permanente de entregar al ramo de Guerra la cantidad de catorce mil doscientas seis pesetas con cincuenta y cinco céntimos «precio de dos ciento cuarenta y dos mil sesenta y cinco metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados que han de adquirirse, para la instalación del Campamento de Rabasa»).

En ese año, salvo involuntaria omisión y hasta el mes de junio, no hemos encontrado ningún otro acuerdo plenario relativo a las entonces emergentes fiestas de las hogueras. Sí, en las actas de la comisión permanente. Y con frecuencia. El treinta de mayo se recoge textualmente: «También se pasa al informe de dicha comisión (de hacienda) la instancia de don José María Py, solicitando premios para «Les Fogueres de San Chuan».

En otro acuerdo anterior, de tres de mayo, se dice: «Se aprueban los bocetos presentados por las comisiones organizadoras de "Les Fogueres de San Chuan" que han de emplazarse en los cruces de Pérez Galdós y Belando, y en el de Pablo Iglesias y Alfonso el Sabio, y en la plaza de Isabel II. Votan en contra de la aprobación de esta última la señorita García Trejo y el señor Latorre. Se autoriza al señor alcalde para resolver acerca de cuantas instancias referentes a "las fogueres" se formulen en lo sucesivo».

La falta de espacio nos impide ofrecer mayor información al respecto. En otra ocasión lo haremos.

Durante la Guerra Civil, en la retaguardia de Alicante, el problema del abastecimiento de víveres resultaba acuciante y de muy difícil solución. La escasez de alimentos propiciaba, en ocasiones, abusos en sus precios que las autoridades no estaban dispuestas a tolerar. Con objeto de evitar tales desmanes, la Comisión Provincial de Abastos, bajo la presidencia del consejero Marcial Samper, tomó severas medidas para combatir la elevación de los precios. En aquella reunión, en la que el gobernador civil, Valdés Casas, se despidió de sus compañeros en la dicha Comisión, otro de los miembros de la misma abogó «por el frente único de la economía, lo mismo que se había hecho con las fuerzas combatientes, pues si se quería ganar la guerra había que unir lo bélico con lo económico, para que la vanguardia y la retaguardia antifascistas se complementasen. No podían tolerarse que hubiera pueblos ricos y pobres; todos debían ser iguales, y los ricos habían de suplir las faltas de los pobres».

Francisco Domenech señaló el peligro de la elevación de tasas «porque al agiotista se le enseña el camino para posteriores abusos», y recordó que Francia estuvo a punto de perder la guerra, en 1918, por eso, «y gracias a la entereza de Clemenceau que sujetó el agio no ocurrió una catástrofe». En el debate, se solicitaron medidas para impedir el escándalo que suponían algunos precios, en «los pueblos que burlan la tasa y varios delegados expusieron casos muy típicos de lo que ocurría en sus localidades expresando al propio tiempo la confabulación de algunas autoridades o cuando menos su tolerancia con los productores, para vender a precios carísimos los artículos».

El propio Domenech propuso, y su propuesta fue aceptada, que debía decomisarse la mercancía que se vendiera a precio superior a la tasa, que no se surtiese a los pueblos infractores y que se llevasen al tribunal de desafectos a los alcaldes y consejeros municipales y a los particulares que hubieran autorizado unos las elevaciones de precio e infringido otros las dichas tasas».

El presidente de la Comisión de Abastos manifestó, entonces, que en tal sentido, «se recibían denuncias contra los alcaldes de San Vicente, San Juan, Muchamiel y Campello».

Bien entrada la guerra civil, Jesús Monzón relevó a Valdés Casas, en el Gobierno Civil. Pocos días después, Monzón presidente nato del Consejo Provincial, intervino en el mismo, por vez primera, para elogiar «la labor realizada por aquel organismo y por todas las representaciones políticas y sindicales que constituían el Frente Antifascista Alicantino, de bien probada combatividad».

Tras su protocolario y encendido discurso, los vicepresidentes representantes de la UGT y de la CNT, y los consejeros de los partidos socialista, sindicalista y comunista, de Izquierda Republicana y de Unión Republicana, le prometieron la colaboración de sus respectivas formaciones. Aquella reunión concluyó con el envío al Gobierno del siguiente telegrama: «Ante peligro disturbios promovidos por fascistas y reaccionarios en nuestra retaguardia, el Consejo Provincial de Alicante -formado por todas las organizaciones políticas y sindicales- me encarga unánimemente manifieste a V.E. su firme confianza en que todos, en un solo haz, sabremos aplastar fácilmente y para siempre a los enemigos del pueblo y de la República», lo firmaba el recién nombrado gobernador de la provincia.

«Nuestra Bandera» escribía, a raíz de la citada sesión: «No podía menos de ser así. El Alicante antifascista, que en todo momento estuvo presente en las horas difíciles en que los enemigos del régimen y de las libertades populares crearon, no podía dejar de manifestar su más decidido propósito de colaborar decididamente a que la retaguardia no pueda ser objeto, en momento alguno, de infiltraciones que pudieran crear dificultades a las ya muy importantes que el Gobierno tiene que afrontar, con los problemas de los frentes de guerra e internacional (...). Nos congratulamos del acuerdo y felicitamos al Consejo Provincial de Alicante y les exhortamos para que sigan por ese camino tan necesario para el fortalecimiento del Gobierno y la continuidad de la unidad de acción, en la lucha antifascista».

Una retaguardia saneada y libre de las actuaciones de los emboscados y quintacolumnistas era una de los propósitos más firmes que animaban a Jesús Monzón, quien, en mayo de 1938, fue destinado al mismo cargo, en Cuenca, mientras el Gobierno Civil de Alicante lo ocupaba Ricardo Mella Serrano.

De los efectos de las riadas en el Barranco de las Ovejas, aún tenemos memoria próxima. A ellas habremos de referirnos en otra ocasión, para que la crónica registre también el desastre de unos años atrás. Aquel barranco tiene ya su historia negra. Rescatemos un documento casi de siglo y medio que nos la ratifica.

El dos de agosto de 1850, el alcalde de la ciudad, don Tomás España, acude al gobernador de la provincia, con objeto de que remedie una situación ya insostenible. El escrito que le dirige, dice así: «En oficio de dos de mayo último tuve el honor de exponer a VS. varias reflexiones acerca de la necesidad de construir un puente sobre el Barranco de las Ovejas. Hechos bien recientes han venido a demostrar de nuevo cuán apremiante es esta obra y preferente a cualquier otra. Pocos días hace que salieron de esta ciudad dos carromatos conduciendo a su destino las locomotoras del ferrocarril de Madrid a Aranjuez, y a pesar del considerable número de mulas por que eran tirados, uno de ellos no pudo salir del barranco. En el día de antes de ayer, pudo VS. observar que, en algunos puntos de este término se presentase el tiempo lluvioso, y aunque generalmente no fue de gran duración, el agua que cayó por espacio de unos veinte minutos, en el expresado barranco y sus vertientes, fue bastante para interceptar el paso, con la avenida que produjo, y aún después de ella, apareció el fondo del cauce destruido por la fuerza de las aguas, y el camino formado sobre aquel quedó intransitables».

«Estos hechos que acaban de ocurrir a la vista de todos, y a mover abundamiento los continuos clamores de todos los carreteros y trajinantes, por los trabajos y peligros a que se ven expuestos en aquel penoso y difícil paso, me han impulsado nuevamente a dirigirme a VS., rogándole se sirva exponer estas consideraciones a la superioridad, solicitando se devuelva por la Dirección de caminos el plano y presupuesto que le fueron remitidos, hace algunos años de la obra de otro puente, a fin de que, economizándose el tiempo que pudiera invertirse en la formación de otro plano y presupuesto se pueda, desde luego, llevar a efecto aquélla, y evitarse los continuos e irreparables males que se sienten en todos los conceptos y van en aumento».

En el citado oficio del dos de mayo se especifica: «La carretera general que a Castilla, Aragón, Andalucía, Valencia y otras provincias conduce desde esta capital se halla cortada a poca distancia de la misma por un profundo barranco llamado de las ovejas». Punto de riesgo por las riadas y el refugio que suponía para salteadores y ladrones.

El diez de febrero de 1938, el jefe del Gobierno, don Juan Negrín, visitó nuestra ciudad. Fue una visita relámpago. La marcha de la guerra acuciaba. Llegó con él, Álvarez del Vayo, a la sazón ministro de Estado, a ambos le acompañaban otros cargos gubernamentales.

El doctor Negrín visitó el Gobierno Civil de la provincia, sobre el mediodía y saludó -con los de su séquito- a su titular, el socialista Ricardo Mella Serrano, y a los señores Arques y Martínez Serrano. Todos ellos mantuvieron una conversación con el presidente del Tribunal especial de Guardia y fiscal Mittenhoff, y con el consejero provincial de cultura y dirigente comunista Rafael Millá. En particular, tanto Negrín como Álvarez del Vayo se interesaron en todo aquello que afectaba a la defensa pasiva.

Dos horas después, el doctor Negrín junto con sus compañeros prosiguieron viaje hacia Valencia. El gobernador y el comisario de Policía, señor Serrano, les acompañaron, hasta el límite de la provincia. El Frente Popular en un comunicado informaba de que «el doctor Negrín, con sus acompañantes, los generales Miaja y Matallana, junto con el gobernador, almorzaron en Ifach». Ya en Valencia, Álvarez del Vayo telegrafió al embajador de España en París dándole cuenta de la decisión del Gobierno de establecer su residencia en la zona Centro-Sur, y rogándole que así lo trasladara a todos los representantes diplomáticos de nuestra República en el extranjero.

Tras aquella fugaz visita, concretamente en la sesión plenaria del Ayuntamiento, celebrado el veintidós de mayo del mismo año, todas las organizaciones antifascistas ratificaron los «trece puntos programáticos de Negrín».

Tras el golpe del Estado del general Casado, en Madrid, considerado sedicioso por el propio Ramón Lamoneda, secretario del PSOE, Juan Negrín junto con destacados miembros de su gabinete abandonó España, a bordo de un avión que partió del improvisado aeródromo de Monóvar. Poco antes lo habían hecho otros dirigentes: Dolores Ibarruri, Antonio Cordón, Rafael Alberti, Jesús Monzón, con todo el exilio por delante.

No le satisfizo mucho al obispo diocesano, el oficio que le presentaron con fecha veintidós de marzo de 1853, el vicario José Fenoll y el alcalde pedáneo, Ramón Lledó, ambos de El Campello.

El oficio decía textualmente: «Si la necesidad de establecer en la partida del Campello, término jurisdiccional de esta ciudad, un vicario con cura de almas, para la asistencia espiritual de estos fieles, ha sido con tanta solicitud atendida por V.E. ilustrísima, nombrando, tan pronto como le ha sido posible, quien desempeñe aquel sagrado ministerio, no lo será menos, a juicio de este Ayuntamiento, la de proveer a esta iglesia de una casa abadía, para la decente habitación del vicario, mayormente cuando sus feligreses se hallan pronto a contribuir con la mitad o más del coste de la obra».

«No hay para qué encaminar la necesidad de otro edificio, ni menos de excitar su santo celo, a que procure su levantamiento o construcción, por los medios que sus atribuciones le concedan; este Ayuntamiento está íntimamente convencido de lo sagrado de las creencias y de la piedad suma de S.E. ilustrísima; y están persuadidos de que en este caso, como en todos, se servirá acoger sus súplicas. En tal concepto, considerando que la construcción de la casa abadía es un complemento de la iglesia, para que ésta sea bien servida y dignamente atendido el sacerdote que desempeña la cura de almas, se ha formado el presupuesto que se acompaña y que importa veintidós mil ochocientos setenta y cinco reales de vellón, de cuyo gasto ofrecen tomar a su cargo los vecinos del Campello doce mil ciento cuarenta, consistente en el yeso, piedra y peones que para la obra se necesitan. y con sujeción a la real orden de nueve de octubre de 1851, se dirige esta municipalidad en nombre de aquellos, a V.E. ilustrísima suplicando se digne en su superior consideración lo expuesto, instruido que sea el oportuno expediente, obtener del Gobierno de su majestad las cantidades que faltan para la total edificación de la casa de que se ha hecho mérito» (...).

Se incluía copia del presupuesto formado por el arquitecto don Emilio Jover y el real documento al que se hace referencia. El obispo, en carta de veintidós de febrero de 1835, le contestó al vicario que no era el pedáneo, sino el Ayuntamiento de Alicante el que había de formular la solicitud y que el presupuesto sólo debía de hacerse con el mandato del gobernador civil. Se observa en el contenido del escrito una comedida irritación.

En septiembre de 1938, «Nuestra bandera» publicó algunos fragmentos del informe de la Comisión Técnica Británica que había investigado cuarenta y seis «ráids» aéreos sobre nuestra ciudad. En dicho informe, se dice: «La población de Alicante, con relación al puerto, desde el punto de vista de seguridad de la población civil, es desfavorable».

De los dichos cuarenta y seis ataques de la aviación rebelde examinados, la Comisión «no puede declarar otra cosa sino que cuarenta y uno, por lo menos, fueron tentativas de alcanzar la zona del puerto o la estación del ferrocarril». La Comisión destacaba también que de la tres estaciones ferroviarias ninguna disponía de «depósito alguno de material de guerra. No existían tampoco pruebas de que, en el momento de los ataques, las operaciones de importación y exportación que se realizaban fueran otras que la de carbón y víveres».

El resultado obtenido tras las pertinentes indagaciones acerca de los bombardeos más cruentos es el siguiente: «El veinticinco de mayo, a las once, nueve aviones arrojaron noventa bombas, desde cuatro mil metros de altura. Todas las bombas cayeron sobre la ciudad. Resultaron doscientos treinta y seis muertos y doscientos veinticuatro heridos (cifras que varían según las fuentes consultadas, como ya hemos constatado en esta misma columna)». El informe concluye en este caso: «Ataque deliberado a una zona civil». Por supuesto, se refiere al tremendo bombardeo que sufrió el mercado de abastos, en mayo de 1938. «El veinticinco de julio, a las doce cuarenta y cinco horas, cinco aviones arrojaron sesenta bombas, desde cuatro mil quinientos metros y todas cayeron sobre la ciudad. Hubo trece muertos y veintitrés heridos. Se trató de un ataque deliberado sobre la población civil o bien de un ataque mal dirigido contra el puerto y la zona marítima, realizado por unos aviones inexpertos (...)». La comisión declaró que en el «ráid» aéreo del seis de agosto de 1938, con un muerto y once heridos, «fueron desviados los aparatos por el fuego preciso de las baterías de la DECA. Como resultado, las bombas fueron lanzadas a ciencia cierta o bien por casualidad o al azar sobre la zona habitada de las afueras de la ciudad». El referido informe se elaboró a petición del Gobierno de la República.

Según nuestras propias fuentes («Canelobre», números 7 y 8, verano-otoño de 1986), entre el cinco de noviembre de 1936 y el veinticinco de marzo de 1939, Alicante soportó un total de setenta y un bombardeos aéreos.

Una vieja vocación de Alicante era merecer tal consideración. Otra, ser Niza. Parecerse a Niza. Mirarse en Niza. La primera la explicitó, la formalizó en un acta del pleno. La segunda se quedó en un protocolo de hermanamiento con la ciudad francesa. La nuestra, en aquellos tiempos y tempranas aspiraciones turísticas, se conformó con el tren-botijo y sus veraneantes madrileños, de pensión y balneario.

El veintisiete de febrero de 1914, el alcalde don Ramón Campos Puig, meditó acerca de la moción que acababa de conocer y finalmente afirmó que le parecía perfecta, «tanto más cuanto por no tener carácter político, podían y debían asociarse a ella todos los que se interesaban por el bienestar de Alicante». Don Alfonso de Rojas que la había presentado, abogó porque se adhirieran, además del pleno municipal, «la Cámara de Comercio, el Círculo Mercantil, la Liga de Propietarios, la Diputación Provincial y cuantos aspirasen a representar a Alicante en las Cámaras».

En la referida moción que se declaró de urgencia, el señor De Rojas y los demás ediles firmantes que eran bastantes, solicitaba la formación de una comisión «que asistida por todos los elementos necesarios, recabase de la compañía Madrid-Zaragoza-Alicante, la modificación de los itinerarios de los trenes de viajeros, para que fuera menor el tiempo que se invertía en salvar la distancia entre nuestra ciudad y Madrid, comprendiendo también los pueblos de la línea, a partir de Villena; y que se modificasen las tarifas ferroviarias en el sentido de que fuesen beneficiosas para el comercio de esta plaza, que debía considerarse de entre todos los puertos marítimos de España como el más en contacto con la capital de la monarquía».

«El puerto marítimo de Madrid es Alicante». Argumentaban los responsables de tal moción, finalmente, aprobada, que «en otras épocas, cuando la ciudad carecía de condiciones adecuadas, ciertas solicitudes podrían parecer excesivas, pero que entonces y gracias al empeño de hombres como Canalejas, el puerto poseía condiciones admirables para cumplir su misión comercial; todo lo que se retardase en cuanto a vías terrestres capaces de facilitar el ahorro de tiempo y de dinero, entre Madrid y esta capital, equivalía a retardar una pronta y útil comunicación con la Corte, llamada a favorecer la riqueza nacional».

Ahora por el AVE. Y amén.

Desde el veinte de octubre de 1934, hasta el veintiocho de enero de 1936, el Ayuntamiento popular que salió de las urnas el doce de abril de 1931, estuvo suspendido, por orden del gobernador civil Vázquez Limón. En la correspondiente disposición se dice: «(...) En vista de que el Ayuntamiento de esta capital no ha prestado en las circunstancias actuales la debida e inexcusable asistencia al poder público, incurriendo en grave extralimitación de carácter político, quedan suspendidos en el ejercicio de sus cargos los concejales que lo forman». Era el diecinueve de octubre de 1934.

En los últimos días de enero del año 1936, la noticia de la reposición se tradujo en un clamor insistente. A primeras horas de la noche del veintiocho de aquellos mismos mes y año, miles de alicantinos se congregaron en la plaza de la República (hoy, del Ayuntamiento), ante la confirmación de dicha noticia. Aunque la actitud de los asistentes no podía ser más pacífica, el gobernador ordenó a las fuerzas del orden que disolviesen la concentración. Operación que se llevó a término, sin sobresaltos ni incidentes.

Mientras, el alcalde, hasta entonces depuesto, se encontraba en Madrid. Acompañaban en sus gestiones, a Lorenzo Carbonell, el periodista Fermín Botella Pérez y el alcalde de San Juan, Juan Sevila. Por teléfono, comunicaron que la reposición «era absolutamente segura y no sólo la del Ayuntamiento de Alicante, sino también las de los de Orihuela y Pego».

Al día siguiente, y como ya hemos relatado en esta sección, la corporación municipal, elegida por sufragio, ocupó el lugar que le correspondía, en tanto el gobernador civil de aquel entonces, Alejandro Vives, aceptaba la dimisión de todos los integrantes de al comisión gestora que, presidida por el señor Bonanza, había sido nombrada los días seis y siete del mismo mes.

Pero curiosamente el Ayuntamiento repuesto fue de nuevo destituido -con los de Alcoy y Orihuela-, por acuerdo del Ministerio de la Gobernación quien «en virtud del informe emitido por V.E. -le notifica al gobernador ya citado- ha tenido a bien disponer que se deje sin efecto la reposición de los ayuntamientos de Alicante, Alcoy y Orihuela (...)».

Con el triunfo electoral del Frente Popular, el dieciséis de febrero, Lorenzo Carbonell y sus ediles -salvo Lorenzo Llaneras Rico, Rafael Sierra Bernabeu y Rafael Blasco García, fallecidos durante la larga espera- volverían, por fin, después de tantas vicisitudes, a sus cargos municipales.

El veintisiete de marzo de 1919, la ciudad de Alicante y muchas otras localidades de la provincia, observaron un paro que afectó a los diversos sectores de la producción e incluso al pequeño comercio que, durante varios días, mantuvo cerradas sus puertas. En aquel tiempo y mientras el sistema turnista de los partidos dinásticos, conservador y liberal, se deterioraba en una proceso imparable, los anarcosindicalistas «consiguieron la hegemonía en la organización obrera alicantina (...)».

A pesar de que las sociedades de trabajadores «prometieron -según el periódico El Día- reanudar por la mañana», mientras los presidentes de la Cámara de Comercio y del Círculo de la Unión Mercantil decidieron ayudar a la normalización de la vida laboral y ciudadana, al día siguiente no varió la situación. Situación que, hora tras hora, se haría más crítica. Sólo el mercado, donde se encontraba el alcalde, don Antonio Bono Luque, observaba una considerable actividad: las gentes hacían acopio de alimentos, para varios días.

El treinta, la anunciada reunión en la Casa del Pueblo que había de tener lugar a las diez de la mañana, se pospuso para las cinco de la tarde. Había muchos recelos y el temor de que el edificio estuviese ocupado por fuerzas de la Guardia Civil. Se celebró, por fin, y presidió el encuentro don Lorenzo Carbonell quien ostentaba la representación del Circulo de la Unión Mercantil y a quien acompañaba, como delegado gubernativo, el jefe de Vigilancia don José Ciruana. En aquella reunión «se apreció la huelga como adhesión a la protesta iniciada en Barcelona», de acuerdo con el referido periódico liberal. La comisión del mencionado Círculo trasladó al gobernador civil, don Francisco de Federico, el encargo de poner en libertad a dos obreros detenidos, lo que así se hizo.

No y ante la persistencia de la huelga, a principios de abril se declaró el estado de guerra y se impuso la previa censura de prensa. Tomó el mando de la provincia, el gobernador miliar, general don Fernando Moltó quien proclamó la ley marcial.

A partir de entonces, patrullas del regimiento de la infantería Princesa número cuatro recorrieron la ciudad. El diez de abril, provincia y capital ofrecían un aspecto menos conflictivo, y fue entonces, cuando el señor De Federico se reunió con la junta de autoridades y decidieron solicitar del Gobierno el cese del estado de guerra. La solicitud fue atendida y Alicante pasó de nuevo a depender del gobernador civil. Por cierto que Francisco de Federico, pocos días después, fue sustituido en el cargo por el conservador don José Maestre Laborde.

Nombre escasamente conocido con el que se denominó a parte de la actual plaza de la Santísima Faz (según acuerdo municipal del diecinueve de agosto de 1921), y a la que anteriormente también se la llamó de la Fruta, de la Harina y del Progreso, según cita el cronista provincial Gonzalo Vidal Tur, quien no se refiere, en ningún momento, a esta rotulación.

La plazuela de la Cárcel que hemos encontrado en documentos correspondientes a 1850 y en un plano de la misma época, de Emilio Jover, debe su nombre, sin duda, al hecho de que allí estuvieron ubicadas, en la Casa Consistorial, y hasta 1848, las cárceles del partido.

Los documentos citados se refieren al derribo de una casa propiedad de don Rafael Bernabeu, en la citada plazuela. «La comisión de ornato que en medio de la escasez suma de recursos, no descansa en procurar las mejoras materiales posibles, en cuanto la existencia de aquellos lo permiten, usando siempre de la mayor economía, ha observado que es muy realizable cortar el martillo que forma la casa de don Rafael Bernabeu, en la plaza de la antigua cárcel, derribando aquélla y regularizando la configuración de la expresada plazuela, ante la fachada de la Casa Consistorial, por la calle Mayor. Con objeto de llevar a cabo tan importante reforma, asociada la comisión del arquitecto titular ha tenido varias entrevistas y conversaciones con otro interesado, para convenir con el precio de la finca con que debe indemnizarlo y manera de percibirlo, y después de haber mediado diferentes proposiciones, se ha convenido proponer a la aprobación del Ayuntamiento lo que sigue: primero, don Rafael Bernabeu cede al público para que se prolongue la calle de San Agustín, las dos casas que posee en la antigua plazuela de la Cárcel, frente a la Casa Consistorial por un precio de doce mil reales de vellón; y segundo, la expresada cantidad se le pagará en seis plazos, a razón de dos mil reales de vellón, cada uno, por mensualidades, principiando a contar desde el mes inmediato a la aprobación del presente convenio». Está firmado, el dieciocho de julio de 1850, por Calixto Pérez, Ramón Campos, José G. Amérigo, Rafael Bernabeu y Emilio Jover.

El veinticuatro de agosto del mismo año, el secretario del Ayuntamiento certifica que se aprobó el proyecto el veinte de julio anterior. El plano que se acompaña nos muestra parte de la actual plaza ocupada por una manzana de edificios, a los que se encuentran adosados irregularmente las mencionadas casas. El proyecto recibió el beneplácito del gobernador, don Ramón de Campoamor, quien así se lo comunicó a don Tomás España, alcalde de la ciudad. Era, entonces, una considerable reforma urbanística. Con el tiempo, serían demolidos los restos de aquella viviendas, para configurarse, con sus solares y la plazuela de la Cárcel, el espacio actual.

En lo que hoy es la plaza del Mar y en los solares ocupados por la casa Carbonell y otros edificios, se levantó el mercado de abastos, en 1843, según señala el arquitecto y escritor José Guardiola Picó, aunque «su primitivo proyecto (del también arquitecto Emilio Jover) no llegó nunca a realizarse pues no se intentó siquiera la construcción de las verjas de hierro que debían cerrarlo por las noches (...)». Años después, se desbordó el recinto, hasta entonces suficiente, de forma que «las calles de la Aduana, de Roger, de San Fernando, Cruz de Malta, parte de la de la Princesa, de la Explanada, plaza de Alfonso XII y calle de Trafalgar, en las horas de la mañana y aún en las primeras horas de la tarde, forman parte del actual mercado», escribía en 1897, Guardiola Picó.

Pero si no se intentó cerrar el viejo mercado, ni se insistió en ello, como lo demuestra el oficio que el gobernador de la provincia, don Ramón de Campoamor, dirigió al alcalde de la ciudad, el veintitrés de agosto de 1849 y que dice: «Conviniendo al mejor ornato y salubridad de esta capital el que se concluya la obra de las plazas del mercado de la misma y que definitivamente queden cerradas, para que los vendedores puedan estar con la comodidad y aseo correspondiente, he tenido a bien prevenir a usted ponga en ejecución cuantas medidas su celo le sugieran, a fin de que inmediatamente queden concluidas y cerradas las expresadas plazas, como se hallan trazadas en el plano formado por el arquitecto titular don Emilio Jover, compeliendo a los sujetos que no hayan obrado aún, para que desde luego lo verifiquen, adoptando usted cuantas disposiciones crea convenientes, para llevar a efecto la expresada obra, sirviéndose usted darme parte de cuanto al particular haga, para apreciar el celo de usted en este ramo de la administración que se halla bajo su inmediato cuidado».

Tres años antes, el secretario del Ayuntamiento, don Vicente Bernabeu y Marco expidió certificado del acuerdo del cabildo ordinario del diez de enero de 1846, según el cual, por medio de escribano público, se notificaría a los propietarios de terrenos que en la expresada plaza quedaban por edificar, que realizaran las obras de acuerdo con el pliego de condiciones durante el siguiente mes de febrero; transcurrido dicho plazo, se procedería, de no cumplir el compromiso, a expropiar el terreno y a su posterior venta. Entre los propietarios de tales terrenos, se encontraban el propio Ayuntamiento y la Junta Municipal de Beneficencia. Y también don José Minguilló, primer teniente de alcalde. Qué negligencia.

Sin lavadoras automáticas, sin tantos detergentes, nuestros antepasados o bien se hacían la colada en su casa, a base de restregarla en la pila como hasta aún no hace mucho, o bien llevando la ropa sucia al lavadero público.

En Alicante, hacia la pasada mitad de la centuria anterior tampoco abundaban. Tal se desprende de la solicitud que, en 1853, cursó don Francisco Paris, quien pedía a nuestro Ayuntamiento que el lavadero público que había construido en las inmediaciones de la puerta de San Francisco (hoy, por donde se encuentra la Cruz de los Caídos), quedara abierto en la estación de verano.

Por la minuciosa instancia que remitió al municipio, nos informamos de un aspecto poco conocido de la vida y de las necesidades cotidianas de aquel tiempo. «Las ordenanzas de esta municipalidad -decía en su escrito el señor Paris- prohíben el uso de los lavaderos que no tengan agua corriente durante los meses de estío. Esta disposición la ha motivado, sin duda, el cuidado que debe tener la autoridad municipal, para evitar todo aquello que sea contrario a la higiene pública, aunque perjudique los intereses de las personas dueñas de aquellos lavaderos». Después de ponderar el celo de la corporación, en beneficio del común de las gentes, argumentaba: «Pero, desde luego, comprenderá V.E. que el exponente al invertir un capital de bastante consideración, en edificar el citado lavadero no hallará en consonancia, siquiera con su interés propio, escasear ningún gasto, para que su establecimiento ofrezca todo lo que puede ser útil, conveniente o cómodo para las personas que usen de él, y para obtener de este modo, mayores productos (...) Hasta puede y debe asegurarse que dejando abierto el lavadero del que expone en los meses de verano no tan sólo no se permitirá una cosa contraria a la higiene pública, sino que le será muy favorable. Es reducidísimo el número de éstos que hay en nuestra ciudad, con aguas corrientes; el mejor está situado en el punto más céntrico y concurrido de la población y ninguno tiene gran abundancia de aguas, lo cual produce que se agolpe en ellos demasiada concurrencia de lavanderas, y que, a pesar del cuidado y esmero, no es posible evitar algunos malos olores. Aumentándose el número de los que pueden servir en el verano habrá algún desahogo, en una operación tan necesaria como la limpieza de ropa y no tendrán que sufrir tanta incomodidad y acaso enfermedades las lavanderas ni los vecinos. En este caso, debe advertirse que el lavadero del exponente tiene abundancia de agua, aunque no sea corriente, tiene cubierto el sol, tiene ventilación por todos sus lados, separaciones para lavar diferentes clases de ropas y está situado en las afueras pero cercano a la ciudad». Cuánta ropa sucia. Era junio de 1853.

Por fin, en 1872, el Ayuntamiento decidió derribar el antiguo baluarte de San Carlos, situado aproximadamente al final de nuestra actual Explanada y con fachada al mar. El diez de junio de aquel año, se hizo público el pliego de condiciones, para su adjudicación; y el trece, en el salón de sesiones de las Casas Consistoriales, la comisión, presidida por el teniente de alcalde don Manuel Santandreu, procedió a abrir las plicas correspondientes. Se presentaron don José Antón Lillo, que se comprometió a efectuar las obras de desmonte por ocho mil pesetas (treinta y dos mil reales de vellón); don Antonio Galdó y López, por ocho mil trescientas setenta pesetas (treinta y tres mil cuatrocientos ochenta reales de vellón); y don Isidro Sabater, por veinticinco mil quinientos sesenta reales de vellón. Las referidas obras, se adjudicaron a este último, por considerar su oferta la más ventajosa.

En la base cuarta del citado pliego, se decía: «El Sitio que ocupaba el antiguo baluarte ha de quedar limpio de tierra y piedras, a fin de utilizarlo en las próximas ferias». Y en la siguiente: «Las obras han de quedar terminadas el día treinta del mes actual». Apenas si se disponía de tiempo, considerando además que, en el interior del recinto fortificado, había dos casas.

El dieciocho del mencionado mes, don Tomás España, jefe por entonces de la Administración Económica de la provincia, recordaba, en oficio, al alcalde: «Posible sería que la corporación que preside al adoptar aquella determinación (el derribo del ruinoso baluarte) ignorara quizás o no tuviera presente que los expresados terrenos y fincas enclavados en ellos, pertenecen en propiedad a la Hacienda Pública y se hallan comprendidos en el inventario de riquezas (...). La Administración Económica, en cumplimiento de su deber y con el objeto de desvanecer cualquier error, se apresura a notificarlos así a VS. y a salir en defensa de la propiedad que le está encomendada, rogándole que se sirva dar conocimiento a fin de que, desde luego, o acuerde la suspensión de las obras o cumpla con los requisitos y formalidades que, para estos casos, se hallan previstos por nuestras leyes (...)».

Tiempos aquellos de agitaciones y mudanzas entre la revolución de 1868 y la proclamación de la primera República, el once de febrero de 1873, la titularidad de la Alcaldía había pasado sucesivamente de García López a Eduardo Carratalá, de éste a Eleuterio Maisonnave, precisamente el cinco de julio de 1872. Fue, pues, Maisonnave quien contestó al referido oficio «que las dos casuchas que existen en las ruinas del antiguo baluarte han sido derribadas por orden de mi autoridad, porque ofrecían inminente peligro al gran número de personas que concurren a aquel sitio». Las cuentas ya se echarían luego.

Con fecha veintiocho de septiembre de 1868, justamente en medio de los estallidos revolucionarios, el alcalde recibió un interesante documento que reproducimos, en casi su totalidad: «Por el Ministerio de la Guerra se dirigió a este de la Gobernación, en cuatro del actual, la real orden siguiente: Excmo. Sr. con fecha veinticuatro de agosto último, se dijo por este Ministerio al capitán general de Valencia, de real orden, lo que sigue: Dada cuenta a la reina (q.D.g.) de la documentada comunicación de VS. (se refiere al director general de administración de la Gobernación), de dos de junio último, en la que participa a este Ministerio que el Ayuntamiento de Alicante está construyendo un paseo en los terrenos del Malecón, los cuales pertenecen al ramo de la Guerra. Su Majestad, enterada y de conformidad con lo que acerca del particular ha informado el ingeniero general, y en vista de que por el que V.E. acompaña, emitido por el director subinspector de Ingenieros del distrito, está demostrado el derecho de propiedad que tiene el Estado sobre los mencionados terrenos, los cuales viene poseyendo Guerra, desde que se ganaron al mar por escollera que se construyó con fondos del expresado ramo, y que en tal concepto habrá lugar a la inmediata destrucción de la obra ejecutada por el Municipio, puesto que ha invadido una propiedad que no le pertenece en manera alguna».

«Pero atendiendo a que el indicado paseo es una obra pública de reconocida utilidad, para el vecindario, y que no puede perjudicar al servicio de Guerra, hasta tanto que se organice la defensa marítima de aquel puerto, interesando, por lo tanto, únicamente que quede incólume el derecho de propiedad sobre los repetidos terrenos (la reina), se ha servido autorizar, por gracia especial, la subsistencia de lo ya ejecutado por el Ayuntamiento, con la expresada condición de que dicha concesión no da el mismo derecho alguno de propiedad sobre los referidos terrenos y también que la obra ha de quedar sujeta a las prescripciones generales establecidas en real orden del trece de febrero de 1845, así que como para terminar la obra del mencionado paseo ha de obtener el Municipio la real aprobación por medio del expediente que fija la soberana resolución antes citada».

En el informe mencionado del director subinspector de ingenieros del que daremos cuenta y que no tiene desperdicio, ya se dice que la autorización concedida al Ayuntamiento, el 20 de julio de 1958, para el derribo de las murallas, se reglamenta por real orden de treinta de octubre, de ese mismo año, aunque para asegurar las defensas del puerto se conservaran entre otras fortificaciones, los castillos de Santa Bárbara y San Fernando. Naturalmente, cuando nos referimos al paseo que se construía sobre el Malecón, estamos hablando del paseo de los Mártires y de la hoy Explanada.

Cuando allá por los primeros años de la segunda mitad del pasado siglo, Alicante pierde la condición de plaza fuerte, la dinámica comercial y el impulso urbanístico, apuntan decididamente hacia un concepto de ciudad moderna, libre del encorsetamiento de las fortificaciones militares. Así, en 1861, se procedió a la explanación y derribo de una parte de la muralla en el emplazamiento de la puerta de San Francisco, situada en la plaza de mismo nombre y en lo que en la actualidad es -se trata de una referencia aproximada- el espacio donde se encuentra la cruz de los caídos.

El arquitecto titular del Ayuntamiento, Jorge P. Moreno, estableció las siguientes condiciones para las obras que debían verificarse: «Primero, el movimiento de tierra se hará con arreglo a lo que expresa el plano formado con este objeto (...); segundo, las tierras que produzca el desmonte se verterán en los puntos que se han de terraplenar, sin que por esto se exija retribución alguna, puesto que esta operación está comprendida en los precios de la unidad de desmonte; tercero, las tierras para completar la formación del terraplén se extraerán del relleno de las murallas, en los puntos inmediatos. También podrán servir para terraplenar los escombros procedentes del derribo de la parte de murallas que se han de demoler; cuarto, el terraplén se formará de un cuarto de metro de espesor, bien apisonados en los puntos de tránsito de los carruajes; quinto, el derribo se hará con picos, palas u otros medios que no perjudiquen a la vecindad y transeúntes, quedando enteramente prohibido el empleo de barrenos de pólvora; sexto, los trozos de muralla que se han de demoler a uno y otro lado de la brecha que hay actualmente abierta, están indicados en el plano con línea carmín, que los separa del resto de la fortificaciones, comprendiendo también, en este derribo el parapeto que existe frente a las casas nuevas sobre la contraescarpadura del foso; octavo, el contratista acatará la orden del arquitecto titular en lo relativo a la disposición del trabajo y todo lo referente a nivelación del terreno y demás pormenores del proyecto. Alicante, dieciocho de febrero de 1861».

El alcalde aprobó planos, proyecto y presupuesto (que ascendía a cinco mil doscientos catorce reales de vellón), y se dio a conocer mediante edicto publicado en el BOP del veintiuno de marzo de aquel año y por el pregonero José Fonseca. El treinta de marzo, se adjudicó al único licitador que se presentó, José Escobedo, por cinco mil doscientos reales de vellón. Según certificación del ya citado arquitecto titular, las obras se concluyeron el veinticinco de mayo del mencionado año. Como curiosidad y de acuerdo con los presupuestos, los peones cobraban de jornal entre seis y diez céntimos.

El quince de enero de 1932, el presidente de la República, don Niceta Alcalá Zamora inauguró oficialmente el actual Palacio Provincial, en la avenida de la Estación. Pero antes, como ya hemos recogido en esta misma columna y en diversas ocasiones, desde su constitución, la institución provincial ocupó otros edificios.

Don Manuel Asín Fornes, en su condición de contratistas de obras del nuevo Palacio Provincial, dirigió instancia al Ayuntamiento. Era el dieciséis de enero de 1985 y el escrito decía: «(...) que necesitando conocer de manera oficial las alineaciones y rasantes que corresponden a las fachadas que dicho solar ocupa en la calles Jorge Juan, Gravina y callizo del Marqués de esta capital, para poder dar principio a la excavación de zanjas de cimentación y demás que corresponde a la parte de obra que tiene contratada, con arreglo a los planos formulados por el arquitecto provincial y que se ejecutarán bajo la inmediata dirección del facultativo que representa a esta contrata, don Pedro León Navarro».

Por decreto de la alcaldía que por entonces desempeñaba don José Gadea Pro, el arquitecto municipal don José Guardiola Picó, informó lo que sigue: «(...) ha revisado el plano geométrico de la ciudad y resulta de ello lo que se referencia: que las alineaciones de las calles de Gravina, Jorge Juan y callizo del Marqués no tienen alteración ninguna, sirviendo de base para la primera el ángulo oeste de la calle de San Telmo (casa de don Alfredo Javaloy), y el ángulo este de la casa del señor marqués del Bosch (callizo del Marqués) para la segunda, o sea la de Jorge Juan, el ángulo de la casa de don Enrique Guillén Fernández, y el ángulo del solar de dicho señor marqués, y la tercera, o sea el callizo del marqués, será de un ancho de cinco varas castellanas, o sea de cuatro metros y veinte centímetros. Respecto a las rasantes, éstas son las nuevamente establecidas y quedan marcadas por el encintado de la acera».

Después del enrevesado informe técnico, agrega Guardiola Picó: «Ahora bien, a fin de no retardar las obras, el arquitecto que suscribe, acompañado del director y autor del proyecto, el arquitecto provincial, ha demarcado sobre el terreno las mencionadas alineaciones».

El informe está fechado el seis de febrero de 1895. Allí, pues, entre las citadas calles, también estuvo emplazada la Diputación, antes de trasladarse al lugar que hoy ocupa.

El tráfico y almacenamiento de pólvora y explosivos ha sido objeto y sigue siéndolo de una especial atención. En el año 1893, el gobernador de nuestra provincia ordenó que se llevara a efecto un reconocimiento, en aquellos comercios dedicados a la venta de las peligrosas sustancias y que se comprobara si disponían de la debida autorización.

El trece de noviembre de aquel año, el gobernador notifica al alcalde de la ciudad: «El inspector de Vigilancia, en comunicación del ocho del actual me dice lo que sigue: en cumplimiento de lo ordenado por V.E. y acompañado del concejal don Eufrasio Ruiz y una pareja del Cuerpo y otra de la Guardia Municipal, se ha hecho un minucioso registro, dando por resultado lo que a continuación se expresa: en el establecimiento de Hijos de A. Bernácer, calle Princesa (hoy, Rafael Altamira) número treinta y dos, se encontró una existencia de diez a doce kilos de pólvora de varias clases; en la carretera de San Vicente, número diecinueve y propiedad de dichos señores, en un local en el extremo de la casa y en una pequeña despensa, una caja de dinamita con veinticinco kilos; y en la tienda de la misma casa, en una caja de lata, unos cuatro kilos de pólvora. En otra casa, fábrica de Ocre, partida de las Carolinas, sitio denominado Pla del Bon Repós, se encontró a la derecha de la entrada de la casa, y en una especie de naya, dos cajas de pólvora alemana sin explosión de otros cincuenta kilos, dos cajas de pólvora Santa Bárbara y Manresa, con cincuenta kilos, tres cajas de pólvora F.F.F. inglesa, con setenta y cinco kilos. En el establecimiento de don Ildefonso Martínez, San Fernando, número diez, no hay más existencias que cuatro y medio kilos de pólvora de varias clases, y medio kilo de dinamita en cincuenta y un paquetes. En la antedicha fábrica y propiedad de dicho señor, y al extremo de la misma, se encontró una caja de pólvora alemana de veinticinco a treinta kilos, tres cajas de pólvora Manresa de unos setenta y cinco a ochenta kilos, y dos de dinamita de cincuenta kilos. La citada fábrica dista unos cuarenta metros de las casas inmediatas y unos ciento cincuenta del barrio de las Carolinas».

Tras el exhaustivo informe, el gobernador, al amparo de la real orden de siete de octubre de 1886, solicitó de la Alcaldía se le informara si tales establecimientos «tenían o no licencia escrita para guardar las materias explosivas relacionadas». Diez días después, el Ayuntamiento contestó que no, que no se había concedido licencia por escrito para vender dichas sustancias. Alicante estaba sobre un polvorín.

Para la aprobación de los planos del ensanche se movieron muchos y sutiles hilos. Había que apresurar los trámites, para que la ciudad creciera y desarrollara su urbanismo. El marqués del Bosch, también conde de Casa-Rojas y de Torrellano, medió en el asunto. En septiembre de 1890 le envió un saluda al alcalde, don Rafael Terol, al que adjuntaba una carta de don Federico de Madrazo, presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a don Antonio Cánovas del Castillo, presidente del Consejo de Ministros. El texto de tan interesante documento dice así: «Muy señor mío de toda consideración: tengo el gusto de contestar a su carta manifestándole que el proyecto de ensanche de Alicante se halla en esta Academia a informe de la sección de Arquitectura, y el ponente que es el secretario de la misma, lo tiene estudiado y solo le falta hacer una comprobación sobre el terreno, a cuyo efecto se propone pasar a dicha población en el próximo mes de octubre, durante el cual confío quedará evacuado el dictamen».

Como quiera que el plazo previsto expiró sin que se produjera el dictamen esperado, el señor Terol, mandatado por la corporación municipal, se dirigió al jefe del partido conservador y presidente del Gobierno: «Tengo el honoroso encargo de interesar a usted en la pronta aprobación del plan de ensanche de esta ciudad, por usted ya recomendado a instancias del marqués del Bosch, en el mes de septiembre último (...)». Cánovas del Castillo le escribió, el diecisiete de noviembre, en los siguientes términos: «Tengo el gusto de participar a usted, como contestación a su atenta carta del quince que ya he recomendado con eficacia a mis amigos de la Real Academia de San Fernando la pronta aprobación del plan de ensanche de esa ciudad y celebraré en extremo que pueda usted ser complacido en breve». Poco después, el veintitrés del mismo mes, Federico de Madrazo y Kunt, responde a Rafael Terol: «(...) las razones de conveniencia que en dicha carta consigna son muy atendibles y demuestran el interés que usted se toma por las cuestiones que atañen a ese municipio. No era necesario ese estímulo para que yo procurase el despacho de aquel expediente, pero de una parte el estado de la salud pública y de otra los muchos asuntos que agobian a esta Academia han hecho difícil y retardado la visita a esa población del señor ponente encargado de formular dictamen sobre los proyectos de ensanche en que usted se interesa. He hablado con él y me ha prometido pasar a esa población del seis al diez del próximo diciembre».

Terol le contestó el veintinueve de noviembre, en nombre del Ayuntamiento, dándole las gracias y asegurándole, entre otras cosas, que «el día en que el expediente quede definitivamente resuelto, la clase trabajadora de esta ciudad le deberá un señalado favor y la población toda un servicio verdaderamente inolvidable». En principio, el proyecto de ensanche de José González Altes, se aprobó por real decreto de siete de abril de 1893. Luego aún habría nuevos inconvenientes.

Las actuaciones a lo largo de los años sobre el monte Benacantil, para evitar desprendimientos, han sido varias: en 1930, por el ingeniero don Francisco Mira; las del arquitecto municipal don Miguel López, en «los años cincuenta; y las más recientes, de 1992, del ingeniero don Juan José Rodes Amorós, tras el estudio de investigación realizado por el Instituto Tecnológico Geominero de España, gracias a las cuales se «anclaron con bulones sujetos a la roca estable, aquellos bloques con evidente riesgo de caída».

Dos manuscritos del pasado siglo, encontrados en el Archivo Municipal, nos describen la situación del Benacantil en aquella época. El primero dice así: «Habiendo hecho el reconocimiento de la montaña del castillo de Santa Bárbara, según me dijo el brigadier don Pablo Miranda, en su oficio de veintitrés de junio pasado (este informe, dirigido al gobernador, está fechado el veintisiete de agosto de 1818), he de manifestar a V.E. que se hallan esparcidas y fuera de su verdadero lugar varias peñas de diferentes magnitudes, sostenidas por débiles obstáculos que el tiempo u otros motivos pudieran vencer, causando a su caída daños irreparables. Entre ellas se encuentra tres sobre la plaza de Ramiro. La primera en la cumbre y enteramente vencida y las otras dos en la mitad de la altura, sobre la calle llamada del norte, de las cuales la una que es de bastante magnitud, a más de estar débilmente sostenida, sirve de apoyo o a lo menos está muy unida a un grupo de piedras que pueden caerse con ella; y la segunda, un poco más arriba y también grande, está enteramente quebrantada. Me parece excusado hacer presente a V.E. cuán expuestos se hallan los vecinos que habitan en todo el terreno, amenazados por todas estas enormes masas, y no hallo otros medios para precaver estas desgracias más que el de formar estribos en donde el terreno lo permita, que las sostengan; y en donde no pueda ser, que se corten formando grandes y robustos andamiajes, para mayor seguridad, prohibiendo, con el mayor rigor, la construcción de casas, a lo menos en los parajes más expuestos» (...) Firma don Francisco Paramillo.

El segundo de los citados informes es del arquitecto municipal don Antonio Jover, del veintiocho de agosto del mismo año, y dice: «(...) y examinado con la escrupulosidad que exige lo grave de la materia (...) digo que por la voladura que tuvo esta parte del Castillo se quedó a manera de terraplén y de consiguiente las lluvias han socavado cuatro peñascos de una magnitud diforme, en términos que si no se acude prontamente a precaver el gran peligro que amenaza a los edificios y habitantes comprendidos desde el punto Lonja de Caballeros, una recta a la Aduana y escalera nombra de Marbuf (sic) hasta la puerta nueva, no sería de extrañar que desprendiéndose alguno de ellos perezca esta parte de la población y sus habitantes, y por lo mismo soy del parecer debe acudirse a su precaución por medio de unos sustentáculos de mampostería de sillarejos en los tres primeros, y el cuarto que está más encumbrado debe hacérsele unas rozas y cuñeras desde un andamio muy robusto y fuerte que deberá formarse para esta operación (...)».

Durante los años 1884 y 1885, por razones de fuerza mayor, no se celebraron los actos en honor de la Virgen del Remedio, patrona de nuestra ciudad. Así se recoge en la propuesta de la sesión municipal del treinta de junio de 1886, donde se dice: «La calamidad que afligió al país en los dos últimos años, no permitió que se celebraran en esta capital, las solemnidades públicas que anualmente consagra V.E. a su patrona la Virgen del Remedio. Libres en el presente año de que el contagio, parece natural que se verifique el expresado festival. Así lo exige la piedad de V.E. y lo reclaman las conveniencias del comercio y de las industrias de la población, que se encontraron en aquellas fiestas los beneficios que son consiguientes en la concurrencia de forasteros que atrajeron las mismas, por lo que la comisión de festividades que suscribe propone a V.E. se digne acordar que los días cuatro, cinco y seis de agosto próximo se efectúen los actos públicos que se acostumbran, consignar un crédito de dos mil pesetas, para subvenir el gasto que se ocasionen, y autorizar a los concejales que suscriben para que acuerden con el señor alcalde los pormenores de este festival, publicado con la debida anticipación el programa de las mismas». Se aprobó, el dos de julio siguiente, la propuesta que formulaba la referida comisión, y se comenzó a trabajar en la organización de las tradicionales celebraciones.

Desde antiguo, estaba muy arraigada la tradición religiosa y ferial de agosto. Por eso, y tras dos años sin festejos, instituciones y particulares se volcaron. La Diputación Provincial comunicó al alcalde, don Julián de Ugarte, que «de la misma forma que se ha hecho en años anteriores» repartiría «entre los pobres, mil doscientas raciones de pan». En iguales términos, se pronunció el Casino de Alicante, quien se comprometía a socorrer a los menesterores con «mil raciones de pan y arroz», además de engalanar e iluminar, durante los días festivos, la fachada de su edificio social.

Por su parte, el comandante de Marina, a petición del Ayuntamiento, autorizó el paseo nocturno de lanchas «con iluminación y música», por el puerto, y el disparo de una traca de fuegos artificiales. «Ahora bien -puntualizaba-, con el fin de precaver en todo lo posible, el peligro de algún accidente desagradable para las embarcaciones amarradas en el puerto, estimaré y agradecerá a V.E. que se sirva dar oportunas órdenes, para que no se disparen cohetes en las proximidades de los muelles. Por supuesto, el cabildo de la Colegiata de San Nicolás «ofreció todo su concurso para que se verificase aquel religioso acto, con toda la brillantez y majestad posibles».

Pero qué mal les sentó a los tabarquinos la actitud negativa del señor gobernador civil. Pero qué mal. El señor gobernador civil atentaba incomprensiblemente contra sus costumbres. Aquello no era de recibo. Y como no era de recibo, protestaron. Insistieron.

El alcalde pedáneo de la isla se dirigió de nuevo al alcalde de la ciudad «En atención al oficio remitido por usted a esta alcaldía concediendo permiso para las fiestas que tendrán lugar el día veintinueve de este mes en honor al Santo Patrono de esta isla, he de manifestarle el sentimiento que aquí ha causado la negativa del señor gobernador a la petición que en mi anterior oficio hacía respecto a correr una vaca por las calles. Interpretando la voluntad de la totalidad de los vecinos de este pueblo, me atrevo a rogarle se sirva remitir nuevamente oficio al señor gobernador indicándole la costumbre establecida en este pueblo de correr todos los años vacas atadas con cuerdas y con todas las precauciones necesarias, sin haber tenido nunca que lamentar ninguna desgracia personal. Asimismo puede usted significar al señor gobernador que estamos dispuestos a observar, además de las citadas precauciones que venimos haciendo, todas cuantas por dicha autoridad se nos ordenara». Está fechado en Tabarca, el veintitrés de junio de 1884, y firmado por Gaspar Cano.

El dieciséis del mismo mes, se solicitó permiso para celebrar las fiestas de sus santos patrones San Pedro y San Pablo, en cuyas fiestas se incluía «además de la función de la iglesia, correr una vaca ensogada y quemar unos fuegos artificiales». El pedáneo Gaspar Cano pidió también al alcalde de Alicante «una pareja de guardias civiles o municipales, para más seguridad del orden público». Era un hombre muy mirado y respetuoso, pero también leal a las tradiciones de su comunidad.

Una vez más, como cada año, el Ayuntamiento le contestó, el diecinueve de dicho mes y año, referenciando el correspondiente oficio del Gobierno Civil, en el que se especificaba: «Tengo el gusto de manifestarle que he acordado autorizar al alcalde de Tabarca para celebrar fiestas en los días veintinueve y treinta del corriente, pero suprimiéndose del programa el correr una vaca, en atención a que según las disposiciones, sólo en playas cerradas pueden correrse toros».

El año anterior, como de costumbre, sí les había alcanzado el permiso, sin limitaciones.

De ahí, sin duda, la sorpresa, primero, y la subsiguiente irritación y protesta de todos los vecinos, que el pedáneo Gaspar Cano expresó, para evitar que las tradiciones dieran al traste.

Pues miren lo que son las cosas: fueron los Comerciantes de Valencia y Murcia los que presionaron para que la Feria de Santa Faz volviera a ser lo que era. Si la fe mueve montañas, los dineros mueven cordilleras. Léanlo.

El alcalde, don Miguel Domanski, el dieciséis de marzo del año del Señor de 1874, hizo público el siguiente bando: «Hago saber: que el Ayuntamiento que tengo el honor de presidir, en sesión del seis del actual, acordó el restablecimiento de la feria de la Santa Faz, en la época y sitio que de inmemorial venía celebrándose, suprimiendo la de Nuestra Señora del Carmen que se celebraba en el mes de julio. Lo que he dispuesto anunciar, para conocimiento del público en general y de los feriantes, así de esta capital como forasteros».

¿Y el porqué de este bando? Léanlo también. El veinticinco de febrero del citado año se recibió en el Ayuntamiento el siguiente escrito: «Deseosos los abajo firmantes de que sea restablecida la Feria de la Santa Faz, en la época en que inmemoriales años se ha venido ejecutando, o sea unos días después de terminada la de San Jorge de Alcoy, debemos manifestar que en los dos años últimos, nuestros intereses han sufrido mucho, por este concepto, ya por privarnos de la citada feria en que realizábamos nuestros géneros, ya por haber ensayado la de julio que nunca tendrá valor de ser como feria, porque la época y condiciones no lo permiten, y por se la estación puramente de baños y recreo, como lo han demostrado los dos años que han precedido. Consúltelo si no a los vecinos de Alicante, que en su mayor parte verían muy gustosos la instalación de la Feria de la Santa Faz que solicitamos». Los firmantes eran «comerciantes y vecinos de Valencia de acuerdo con los del Reino de Valencia».

La comisión de festividades, a raíz del escrito, entendieron las razones de «los comerciantes de Valencia y además la animación que ha tenido siempre la Feria de la Santa Faz, lo que no ha podido conseguir, a pesar de los muchos esfuerzos que se han hecho, en la época en que se celebra ahora la de Nuestra Señora del Carmen». Consecuentemente, la comisión propuso que se restableciera la Feria de la Santa Faz que durante dos años fue suspendida. El Ayuntamiento, así lo aprobó el seis de marzo de 1874. La tantas veces citada feria se celebraba habitualmente en la plaza del Mar y del diecinueve de abril al tres de mayo.

Una vez más, el mercado imponía sus leyes y reconfortaba las costumbres. ¿Lo ven ahora?

Por supuesto que, ya en muchas ocasiones nos hemos referido en esta misma sección, a las líneas ferroviarias de Madrid, de Murcia y del trenet, con cierta minuciosidad. Sin embargo, la aparición de nuevos documentos, nos mueve a aportar más datos, con objeto de complementar esta ya extensa y minuciosa crónica sobre nuestra ciudad, que día a día, vamos elaborando con la colaboración de numerosos lectores.

En 1877, se concedió la concesión del ferrocarril de Alicante a Murcia a don Juan Bautista Lafora. Sin embargo, como sucedió con otras concesiones, no prosperó el invento y sufrió un considerable retraso. La línea, pues, sólo se inauguraría finalmente el once de mayo de 1884, con su estación terminal en Babel.

A raíz de dicha inauguración, el alcalde de la ciudad dirigió una carta al obispo de la Diócesis, para que éste asistiera a tan señalado acto. La carta, cuyo original se custodia en el Archivo Municipal de Alicante, es del día siguiente tenor: «El cronista señor Viravens y Pastor me ha enterado y a mi vez lo he hecho al excelentísimo Ayuntamiento, que accediendo su ilustrísima a los deseos de éste manifestados por aquél, se dignará venir a esta ciudad, para bendecir con la pompa del pontifical el ferrocarril de Alicante a Murcia, próximo a inaugurarse; y al propio tiempo, el propósito de su ilustrísima de asistir al Te-Deum que inmediatamente después de aquel acto religioso se cantará en la colegiata, para dar gracias al Todopoderoso, por la terminación de la expresada línea férrea que tanto ha de influir en el desarrollo y fomento de los intereses comerciales de esta plaza. Esta Alcaldía cumple el deseo de todos los concejales y el suyo propio expresándole el testimonio de su reconocimiento, por la benevolencia con que ha acogido las aspiraciones de nuestro pueblo. Alicante, a siete de mayo de 1884».

El obispo contestó: «Interesados como no puedo menos por la prosperidad de Alicante y de toda la provincia, he accedido, en efecto, con el mayor gusto, a la atenta invitación que me ha sido dirigida para bendecir solemnemente la nueva vía férrea que, enlazando esta ciudad con la de Murcia, tanta ventajas ha de reportarle (...)».

Como quiera que el obispo de Orihuela no disponía de habitaciones propias en nuestra ciudad, se alojó «en el domicilio del señor don Matías Torres, director del banco», quien manifestó al Ayuntamiento: «He recibido el atento oficio de V., con motivo de haberme ofrecido la honrosa ocasión de hospedar en mi casa al excelentísimo obispo de esta diócesis (...)».

En las ultimas semanas, nos hemos referido en distintas ocasiones, a la necesidad de que Alicante rompiera finalmente el cerco de fortificaciones militares que le impedían su desarrollo urbano, social y económico. Abundando, pues, en el tema por su indudable interés, el siete de octubre de 1858, el Gobierno de la provincia comunicaba al Ayuntamiento: «Con fecha veintisiete de septiembre último, me dice el subsecretario del Ministerio de la Gobernación lo que sigue: Por el Ministerio de la Guerra se ha comunicado a este de la Gobernación, con fecha quince del actual la Real Orden siguiente: enterada la reina (q.D.g.) de la exposición remitida por V.E. a este Ministerio, con fecha de dieciséis de junio último, en la que el Ayuntamiento de Alicante solicita, entre otras cosas, el Ensanche de dicha población, se ha servido disponer su majestad diga a V.E. que habiendo dejado de ser plaza de Guerra la mencionada ciudad, ya no es necesario resolver acerca de aquel particular. De real Orden lo digo a V.E. para su conocimiento consecuente a su citado escrito, y de la propia Orden de su majestad, comunicado por el señor ministro de la Gobernación, lo traslade a VS. a los efectos oportunos. Lo que a su vez se traslada al Ayuntamiento, para su inteligencia y efectos consiguientes».

Alicante había dejado de ser plaza fuerte y tenía que proceder al derribo de las murallas que imposibilitaban el desarrollo mencionado. Un año antes, el Ayuntamiento alicantino, presidido entonces por don José Miguel Caturla, se dirigió a la reina, en los términos que textualmente transcribimos y que explican muy claramente cuáles eran las aspiraciones corporativas: «El Ayuntamiento constitucional de Alicante a vuestra majestad, con el más profundo respeto, expone: que si el Ensanche de esta ciudad ha sido hasta hoy un proyecto que aconsejaba la convivencia, hoy es una necesidad de las que no puede prescindirse, y que el Ayuntamiento se propone satisfacer aun a costa de los mayores sacrificios. El ferrocarril del Mediterráneo muy próximo a ponerse en explotación, va atrayendo a Alicante un movimiento que no se desarrollará en toda su escala, si la ciudad sigue limitada por el estrecho recinto que la contiene. Y el Ayuntamiento, señora, no desempeñaría bien la misión administrativa que se le confió, si no procurara remover los obstáculos que se oponen a la realización de aquel proyecto. El derribo del lienzo de muralla que se extiende desde el Baluarte de San Carlos hasta la puerta de San Francisco es, señora, indispensable; y lo es tanto por ser el único punto por donde puede extenderse la ciudad con mayores ventajas, como porque de permanecer levantadas las murallas quedaría interceptada la comunicación entre el muelle y contramuelle, así como entre éste y la ciudad, lo cual ocasionaría al comercio grandes embarazos y no pequeños perjuicios. (...)». El manuscrito está fechado el diecisiete de noviembre de 1857 y aprobado en sesión del veinte del mismo mes. Además, hay un telegrama dirigido al alcalde que dice: «En mi presencia el general O'Donell ha resuelto que no se ponga impedimento al derribo inmediato de las murallas», lo firma en Madrid, Juan Antoine y Zayas, el veinte de julio de 1858.

Firmaba «Fray Melones» y escribía crónicas en el «Eco de Levante». Pero su nombre era José Díaz Sanchís y murió cuando la guerra de África, en Monte Arruit, tres años después de recibir, en la Academia de Toledo, el despacho de Alférez. Nos lo han descrito, al ser de la misma familia, como un joven de considerable estatura, lleno de vitalidad y buen humor. Finalmente, la guerra lo convertiría en héroe. Mal negocio ése. Mal negocio.

La Prensa de aquel tiempo decía: «El día veinticinco de abril de 1923, llegaron a Alicante los restos del capitán don José Díaz Sanchís, muerto gloriosamente en Monte Arruit». Pero su madre, doña Isabel Sanchís Pujalte, añoraba al hijo y no al héroe. Así nos lo confesó, en más de una ocasión, cuando nos contaba de sus cosas.

La Prensa de aquel tiempo, decía además que cuando trasladaron los restos del infortunado alférez se depositaron en una caja de cinc y ésta, a su vez, en una de madera envuelta en la bandera nacional. Desde las siete de la mañana en que llegó el cadáver del militar alicantino, a bordo del vapor «Canalejas», hasta las cinco de la tarde, el féretro estuvo en el edificio de Obras del Puerto. Desde allí sería llevado hasta el ya desaparecido cementerio de San Blas, en medio de una multitud y acompañado por las bandas Municipal y del Regimiento de la Princesa. Un acontecimiento doloroso.

Murió en Monte Arruit, pero antes estuvo en Anual de donde fue evacuado, con su regimiento. El día veintiocho de julio de aquel fatídico 1922, el alférez Díaz Sanchís realizó una descubierta y fue herido. Son varias las versiones de que disponemos acerca de aquel hecho. El cronista Gonzalo Vidal escribió: «(...) Herido, con hambre y sediento, anduvo por Monte Arruit apoyado en cayado "alentando a todos sus subalternos, con muy buen humor" (según carta del teniente de artillería, señor Gomiz-López), hasta que el día nueve de agosto, después del acuerdo de entregar las armas, por el jefe de la columna adoptado en junta de jefes y oficiales, al intentar salir de la posición fue villana y cruelmente asesinado por los moros». Para identificar su cadáver, se trasladaron a Melilla su padre, el doctor José Díaz Rico y su tío, el ingeniero Antonio Sanchís Pujalte.

En homenaje a su memoria, la vieja calle del Depósito fue rotulada, por acuerdo municipal, con el nombre de Alférez Díaz Sanchís. El veinticinco de octubre de 1923, su propio padre descubrió la placa.

Antes de que se iniciara la guerra contra Napoleón Bonaparte, la Guerra de la Independencia, el veintiocho de mayo de 1808, nuestra ciudad observaba un clima de abierta hostilidad contra los franceses. A partir de aquellos meses y con objeto de preparar las defensas de la ciudad, se llevaron a cabo fortificaciones, tala de árboles y demolición de casas, como ocurrió con el barrio de San Antón, para evitar que el enemigo pudiera tomar posiciones en ellas; se construyó el castillo de San Fernando y se hizo acopio de víveres, en Santa Bárbara. La ciudad vivió la angustia y la penuria de una ciudad sitiada, cuando los franceses sólo se asomaron por aquí el dieciséis de enero de 1812, al mando del general Montbru. Aquel día, el ejército napoleónico lanzó unos cuantos cañonazos sobre Alicante desde el Altosano y de inmediato continuó su marcha hacia Francia.

De tales hechos, rescatamos varios documentos. El primero, dirigido al gobernador militar don José Betegón, está fechado el uno de agosto de 1808 y dice: «Es virtud del oficio de VS. de hoy, en el que se sirve mandar haga patente las obras que restan hacer en el ramo de artillería, para regular el estado de defensa de esta plaza, y si faltan algunas bocas de fuego y municiones, debo decir que la artillería se halla en los puntos que por ahora, se consideran más interesantes, y en disposición de emprender una defensa que sea capaz de detener por muchos días al enemigo, pero que no sería de las que los defensores llevan alguna vez al extremo de considerarse obstinados, por no habérseme podido remitir de la plaza de Cartagena el completo de las cureñas, balas y metralla que se figuraron en la relación que presenté en Junta de Guerra, más no por eso dejará de ser honrosa a las armas de su majestad; ocupándome, en el día, solamente en la construcción de cartuchos de fusil, que hay suficientes para la guarnición, más deseo tener considerable repuesto para proveer al paisanaje armado de esta Gobernación e inmediatas, por lo que tengo pedido a Cartagena quintales de plomo. Las bocas de fuego que existen como dotación son capaces y suficientes, para mantener una vigorosa defensa, por su número y excelente estado de servicio, siempre que no se distraigan en otros objetos que las baterías del castillo y muelle, únicos que considero más interesantes (...)». Por su parte, el ingeniero militar Pablo Ordovas informa a Betegón: «Las obras que restan ejecutar en esta plaza y su castillo son (entre otras) cubrir y habilitar los cuerpos de guardia de la muralla que sube al castillo por parte de San Antón, habilitar los torreones que la flanquean y repasar la que sube desde la Puerta Nueva (...)». Lleva la misma fecha que el anterior documento. «Y una relación de los víveres que se hallan en el castillo de esta plaza, al diez de diciembre del mismo año» y entre cuyos géneros se cuentan, además de garbanzos, arroz, sal, azúcar, café, sémola, etcétera, doce cántaros de vino fondillón, mil cuatrocientos ochenta y siete de vino aloque. ¿Iban sólo a defenderla?

Nuestro antiguo Ayuntamiento fue destruido, por el bombardeo de la escuadra francesa en 1691. A principios del siglo siguiente y después de muchas actuaciones, se inició la construcción de la nueva Casa Consistorial que se concluiría en 1780, de acuerdo con las investigaciones rigurosas y documentadas de Joaquín Sáez Vidal. Los distintos planos están firmados por los arquitectos Juan Bautista Borja, Vicente Mingot y José Terol, y en la última etapa, por Lorenzo Chápuli; etapa que el mencionado investigador sitúa entre 1770 y 1780, aproximadamente.

Incorporamos dos nuevos documentos que se conservan, junto con otros varios que estamos actualmente indagando, en el Archivo Municipal de Alicante. Ambos se encuentran debidamente cumplimentados por el fedatario «Juan Bautista Campos escribano, por su majestad, del Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad de Alicante». El texto del primero de los mismos, data de 1759, del veinticinco de agosto, y dice: «(...) en pública subastación y con las solemnidades acostumbradas, se remató a favor de Lorenzo Chápuli, maestro cantero, el asentamiento de las obras de cantería proyectadas en la formación del enlosado del zaguán de la casa nueva del Ayuntamiento, lucimiento de las paredes del mismo y recompostura de todos los defectos que demuestra la frontera, desde la superficie de la tierra a la habitación principal, por el precio de quinientas noventa libras; y a nombre de Tomás Mira el asiento de las de carpintería concernientes a la construcción de puertas y tablones, para el piso de los balcones de la anunciada casa, en cantidad de quinientas cuarenta y dos libras (...)». Por entonces y según se recoge en el expresado documento, el marqués de Alós era «gobernador y corregidor de esta plaza».

En el segundo, de 1765, se manifiesta textualmente lo siguiente: «Juan Bautista Campos escribano, por su majestad, del Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad de Alicante, doy fe de que el excelentísimo señor don José Ladrón, gobernador y corregidor de esta ciudad, por auto proveído en este día, ha mandado se satisfaga a José Chápuli, cantero, trescientas libras que se les restan debiendo, de la cantidad en que arrendó las obras de cantería proyectadas para la fábrica de la torre de levante de la casa nueva del Ayuntamiento, del caudal destinado a la obra de otra casa, en atención a haber declarado el director de ella que el referido Chápuli ha cumplido el declarado asiento, según capítulos. Y el mencionado auto se ha notificado a la ilustre junta de propios y arbitrios en este día, lo cual acordó se expida el libramiento correspondiente, según consta por el expediente formado en esta razón a que me remito. Y en fe de ello y para que conste en contaduría de propios y arbitrios, para la formación del libramiento, de orden de su excelencia, libro la presente que signo y firmo (...)».

Como la zafra cubana. Lean y estarán de acuerdo. Tras un largo y razonado preámbulo sobre los caminos y su conservación, «siendo estos uno de los puntos que más interesan al bien público», el veintidós de septiembre de 1764, «se formó el reglamento y ordenanza», referentes a los caminos, «sin que por ella se entiendan derogados ningunos estatutos y ordenaciones, que en su razón tengan algunos de los pueblos de este Reino (el de Valencia)». La extensión de tan curioso documento manuscrito, nos dispensa de reproducirlo en su integridad, en esta columna.

Sin embargo, no nos resistimos a ofrecer a nuestros habituales lectores, algunos de sus diecisiete artículos, por su indudable interés y muy escasa divulgación. El primero de los mismos dice así: «Será del cargo y obligación de los justicias de cada pueblo emplear todos sus vecinos, lo menos quince días al año, en la composición y reparo no sólo de los caminos reales, sino también de los particulares que facultan la comunicación de los componentes, hasta la raya o término respectivo de cada uno. Y para cortar todo recurso o queja, se declara no hay vecino alguno exento de concurrir a la composición de caminos, aún los privilegiados de cualquier estado o condición que sean. Pues aunque algunos de estos, por razón de su ocupación o carácter, no pueda hacérseles acudir al trabajo, sus hijos, criados, caballerías, o carruajes que no gozan esta calidad podrán y deberán desempeñar esta obligación, que por refundirse en beneficio general y público es común a todos, según los previenen las leyes del Reino (...)».

El sexto nos informa de lo siguiente: «Para su gobierno en esta providencia, se declara que el camino real o general debe tener lo menos cuarenta palmos (el palmo como medida de longitud equivale a unos veintiún centímetros); veintidós, el particular, de pueblo a pueblo; y doce, el azagador o senda ordinaria por el que se ha de dar paso capaz a los ganados (...)». El séptimo: «para evitar las incomodidades y extravíos a que están expuestos los pasajeros y traficantes, por la falta de noticia de los diferentes caminos que se dividen en un mismo paraje, será de la atención y cuidado de los justicias, en sus respectivos términos y jurisdicciones, que en todos los sitios o donde se junten dos o más caminos o sendas, se ponga de fijo bien sea de manera o de piedra, un pedestal con una tarjeta o letrero que diga: camino para tal lugar; con tan buena disposición que los que transiten por aquellos parajes lo ejecuten sin recelo de extravío, distinguiendo los que fueran caminos de carruajes o de herraduras».

Y en el último: «Se publicará este reglamento por pregón, para que llegue a noticia de todos y cualquier individuo del pueblo tendrá obligación de dar cuenta si los justicias atienden o no debidamente al cumplimiento de lo que se les encarga». Dado en Valencia, por don Andrés Gómez y de la Vega, el veintidós de septiembre de 1764.

Las ideas revolucionarias que inspiraron toda una nueva edad histórica, sembraron nuestro país de temores e inquietudes. Y también de una oratoria inflamada de heroísmo y desconfianza. Poco después de la Revolución Francesa y tras la confrontación armada entre ambas naciones, se acentuaron las medidas de vigilancia, para que tales ideas no socavaran los principios religiosos y de sumisión a la jerarquía de nuestro pueblo. Desde muy pronto, Alicante se manifestó contraria a las aspiraciones hegemónicas de los franceses, a pesar de la alianza firmada en 1795, con la nueva República vecina. El recelo estaba a flor de piel.

No resulta nada extraño que, en este clima de hostilidad y cautela, las autoridades extremaran sus precauciones. Un documento, fechado en Valencia el siete de junio de 1794, aún enfrentadas España y Francia, resulta esclarecedor. El documento dice: «El excelentísimo señor duque de la Roca, capitán general de este ejército y reino, ha tenido positiva noticia de que el domingo próximo pasado, transitó por la villa de Cambrils un sujeto que al parecer era francés e iba siguiendo su viaje, con una galera, hacia esta capital. Que antes de partir de aquella villa se le observaron algunas disposiciones sospechosas, preguntando qué número de vecinos se hallaban en ella, qué marinería y qué barcos había en aquel puerto y si se hallaba fortificada con alguna materia, diciendo que era teniente coronel de milicias; que también se sabía que por otras villas de su tránsito, había hecho las mismas preguntas, diciendo, en unas, que era capitán de Dragones y, en otras, coronel de Infantería, y que iba a tomar un diseño de toda la España; que es un hombre, al parecer, de cincuenta a cincuenta y cinco años, color bastante encendido, pelo y barba blanca, estatura regular, con un sombrero negro a la genovesa; que le va sirviendo otro vestido de miliciano, y que habiéndosele preguntado si lo era, respondía que un día sí y otro, no. Enterado de todo esto, su excelencia se ha servido mandar que por mí, como gobernador de la sala del crimen de esta real audiencia, se practiquen las más exquisitas diligencias, para la aprehensión de dichos sujetos. Lo que participa a VS. para que inmediatamente, con la reserva y cautela oportuna, se informe y practique las diligencias que convengan, para la pronta aprehensión y arresto de los referidos sujetos, así en esta ciudad, como en los demás pueblos de la costa de esa gobernación, a quien comunicará esta orden con la mayor brevedad. Y para en el caso de haber mudado el traje, compañía o carruaje, lo hará también a cualquier otro sospechoso, dándome aviso, con propio, de cuanto haya practicado, encargando a VS., la mayor actividad en un asunto en que tanto interesa al servicio del rey, nuestro señor, y a la seguridad de nuestra patria (...)». El documento que lleva en su ángulo superior izquierdo la palabra de «reservado» está dirigido al corregidor de la ciudad de Alicante.

Durante el trienio liberal (1820-1823), se produjeron en Alicante acontecimientos que enrarecieron el clima político y ciudadano. Especialmente, en 1822, año en que los absolutistas arteramente llevaron a cabo acciones de hostigamiento, contra los partidarios de la Constitución liberal de 1812. Precisamente en tal año, el diecisiete de julio, y después de manifestaciones y confrontaciones entre los grupos moderados de la burguesía local y los sectores más populares y radicales, una tropa de milicianos al mando del coronel y director de la fábrica de tabacos Antonio Fernández Bazán, salió hacia Orihuela donde había sublevado los realistas.

Por aquel tiempo, los oficiales de la guarnición del castillo de Santa Bárbara protestaban, ante el Ayuntamiento constitucional, de la precaria situación en que se encontraban los cuarenta hombres -«sargentos, cabos, soldados y tambores»- encargados de la custodia de doce prisioneros, en la cárcel de la fortaleza, y prácticamente carentes de provisiones y armamento necesario.

La correspondencia entre el Gobierno Militar interino y el alcalde de la ciudad es abundante y muy curiosa. Para apreciar el estado de descontento y protesta, disponemos del texto manuscrito de uno de los oficios que la autoridad castrense dirigido al alcalde de Alicante. El referido oficio es del siguiente tenor: «Cuando desde el doce de agosto de este año, en que se sirvió usted asegurarme de oficio que el importe del coste de la conducción de agua al castillo de San Fernando, sería satisfecho religiosamente por usted, según lo había resuelto ese Ayuntamiento constitucional y descansaba no creyendo que jamás se faltase a una tan formal promesa, me hallo con dos partes a la vista, del ayudante de dicho fuerte y del sargento del destacamento, en los que se me manifiesta que ni ayer ni hoy han tenido agua para guisar ni aún para beber; este estado tan lastimoso como poco duradero me pone en la dura precisión de recordarle la obligación que contrajo por su oferta y la urgencia con que espero se remedie tamaño mal; esperando por minutos la contestación de usted, para esperanzar a aquellos beneméritos militares o para, en otro caso, tomar las determinaciones que crea convenientes, para salvar lo primero la existencia de la mencionada tropa y evitar un desorden, cuyas responsabilidades no podrán menos de exigirse a quien con sus procedimientos los impulsa». El documento está firmado en Alicante, a ocho de octubre de 1822.

Se quedó corto el cronista Rafael Viravens cuando afirmó, respecto a las obras del nuevo Ayuntamiento que tal edificio «no se dio por concluido hasta los años 1770 al 1775». Sí parece probado que, aún en obras, se reuniera en el la corporación, el primero de marzo de 1760.

Hace apenas unos días, advertimos del hallazgo y consulta de papeles poco conocidos, acerca de la prolongada e intermitente construcción del actual palacio consistorial. El investigador Sáez Vidal, quien más aportaciones ha hecho en este sentido recientemente, afirma que «no obstante Chápuli será (después de la destacada intervención de Vicente Mingot, al frente de las obras) durante esta etapa de finalización el verdadero protagonista del último impulso constructivo. La razón de este cambio de arquitecto en la dirección de las obras quizá resida en la sospecha -si bien no confirmada por ninguna prueba documental explícita- de la posible defunción de Vicente Mingot (...)».

Que las tantas veces mencionadas obras continuaba el 1777, lo prueba el escrito, fechado el veinticinco de junio del citado año, y firmado por el escribano «Nicolás Pro, antes Baiona», «en testimonio de la verdad», y en el que se puede leer: «En vista de la representación de Vs. de catorce de este mes, manifestando las causas y motivos que me dieron y tuvieron, de esa junta, presentes para la elección del director y sobrestante de las obras que se están construyendo, en virtud de dicha facultad, en las casas consistoriales de esta ciudad, en Lorenzo Chápuli, maestro mayor de su Ayuntamiento, y con presencia de lo que en otra del diecisiete del mismo mes me hace presente el caballero gobernador de esta plaza, en abono del referido Chápuli, prevengo a Vs., que, sin embargo de mi decreto de diecisiete de mayo anterior, dado a solicitud de don José Nicolás Alcaraz, regidor de esta ciudad y actual diputado, para la intervención de dichas obras, disponga que Lorenzo Chápuli continúe con la sobrestantía y dirección de estas obras, como sujeto de mi mayor satisfacción, con la decisión acordada, por quedar cubiertos los inconvenientes que dieron causa al referido decreto, con la particular junta compuesta de individuos del Ayuntamiento, para la intervención de dichas obras proyectadas, en caso de sospecha, a que se añade la mayoría de votos que tuvo el referido Chápuli, en la primitiva junta de su nombramiento y el hallarse responsables sus vocales de toda malversación de caudales comunes. Dios guarde a Vs., muchos años, Valencia, veinte de junio de 1777, Pedro Francisco de Priego». Está dirigido el transcrito oficio a los señores justicia y junta de propios y arbitrios de la ciudad de Alicante, y signada y firmada la copia, por Nicolás Pro, escribano mayor, por su majestad, «de esta ilustre y siempre fiel ciudad de Alicante».

Aunque de redacción enrevesada, cosa de los tiempos, en fin, el documento abre unas nuevas e inesperadas perspectivas a los estudiosos de nuestros asuntos.

Alicante fue una cabalgata, una función de Moros y Cristianos, una cerería y un polvorín, cuando se coronó Carlos III. Durante los días ocho, nueve y diez de octubre de 1759, la ciudad celebró las fiestas de la proclamación y se fundió cuatro mil ciento cuarenta y siete libras, dos sueldos y cinco dineros, según la minuciosa relación del importe de gastos que se certificó el veinte de agosto de 1760.

Como resulta imposible, por lo extenso, transcribir todo el preciso documento, sí ofrecemos a nuestros interesados lectores algunos de los conceptos que allí se contienen, y que, sin duda, nos permiten conocer un poco más cómo se lo montaban nuestros conciudadanos de hace ya dos siglos y un tercio.

Por ejemplo, en uno de los capítulos se especifica: «Con igual fecha (se refiere al catorce de agosto de 1760) se pagaron ciento veintiséis libras, cinco sueldos y seis dineros al maestro brochero Miguel Campos, valor de las cintas empleadas en los jaeces de los caballos de los señores del Ayuntamiento y demás comitiva, para la cabalgata de la proclamación, hechura de los mismos, torzal (cordoncillo de seda) y broches para los vestidos de los porteros, reyes de armas, trompeta, clarinero y ministros de justicia, como por menor abraza su memoria, examinada por los expresados diputados». «Con la misma fecha se pagaron a José Menchent y Pedro Alonso trescientas treinta y tres libras, dos sueldos y un dinero valor de la cera que suministraron los dos referidos, para la función de la iglesia y la iluminación de la casa del Ayuntamiento». Y además otras treinta libras y cinco sueldos al portero mayor, Manuel Rosell, importe de alquileres de caballos que se emplearon en la cabalgata y publicación de fiestas y demás gratificaciones a la tropa que participó en las mismas.

Sin embargo, los datos más significativos son los siguientes: «Trescientas setenta liras a Bautista Pastor y Vicente Jornet, maestros polvoristas por el valor de los dos castillos de fuego que hicieron y en que se ajustaron con los señores comisionados del ilustre Ayuntamiento don Juan Rovira, don Tomás Viar, don Luis Canicia y don Francisco Arques (...) Se liquidó también -y es un dato de interés, para los investigadores de nuestras tradiciones populares- la factura al maestro carpintero por la construcción del armazón para los castillos de fuegos colocados sobre las torres del Ayuntamiento, tablados para la real proclamación y «el de la función de Moros y Cristianos».

Los Moros y Cristianos consumieron sesenta y cuatro libras, pagadas a Pedro Corona, «valor de la pólvora suministrada para los mismos».

Ciertamente y como venimos constatando en estas columnas, el Palacio Consistorial ha albergado, a lo largo de sus dos siglos y una docena de años de su historia, cárceles, juzgados, habitación para la Guardia Civil, centros docentes, Casa de Socorro y Escuela Normal de Maestros.

En el año 1879, por compromiso con la Diputación Provincial, el Ayuntamiento se vio precisado a acoger en sus dependencias la referida Escuela Normal de Maestros.

En consecuencia, la comisión municipal de gobernación ordenó al arquitecto titular realizar los proyectos siguientes: por el primero de ellos, se trasladaban las oficinas de contaduría y depositaría al piso entresuelo y crujía de la fachada norte.

Por el segundo, se instalaban el Archivo Municipal y el del juzgado, con la oficina del arquitecto, también en la crujía norte, y la Escuela Normal quedaba así establecida en el local que ocupaban el Archivo y la citada oficina del técnico.

«El local a que se traslada la Contaduría y Depositaría Municipal se halla ocupado, en la actualidad, por la madre del portero Francisco Aries, que es a la vez viuda de otro portero que prestó sus servicios por largos años en el Ayuntamiento. Atendida esta consideración, podría compensarse el prejuicio que ahora se le irroga señalando al mencionado portero una gratificación mensual de quince pesetas, para pago del alquiler de una habitación para su indicada madre».

«Por último, la comisión a fin de que haya quien responda de los efectos mobiliarios de las Casas Consistoriales y cuide de que la limpieza del edificio se haga con el debido esmero, tiene el honor de proponer que el portero más antiguo, Francisco Aries, adquiera el carácter de conserje, sin perder el de macero, estando bajo sus órdenes los demás porteros y dependientes encargados de la limpieza y aseo de la Casa».

La propuesta, formulada el treinta y uno de diciembre de 1879, se aprobó el día dos de enero del siguiente año.

Los presupuestos del primero de los señalados proyectos ascendía a cuatrocientas noventa y ocho pesetas, y el segundo, a cuatrocientas ochenta y cinco, de acuerdo con el arquitecto municipal, don José Ramón Mas.

Las obras a realizar comprendían demolición de muros y bóvedas, extracción de escombros, instalación de vigas de madera, enlucidos de alabastro, puertas y pinturas. Calculen ahora.

El cinco de julio de 1808, el ingeniero militar Pablo Ordovás remitió un minucioso informe del estado de las fortificaciones de la plaza de Alicante antes de proponer su plan de defensa. Se trata de un documento de once folios y medio, manuscritos, precisos en su descripción, que se conservan en nuestro Archivo Municipal.

Ante la imposibilidad de su transcripción íntegra, tomamos algunos de sus párrafos, aunque todos nos parecen igualmente interesantes. «El torreón de San Bartolomé es de muy sólida construcción y sus fuegos útiles para la defensa del puerto, pero tienen el defecto de estar dominados por las casas de la plazuela de Elche, teniendo algunas muy inmediatas. El frente de poniente que es la principal avenida de la plaza se compone el expresado torreón y el de las Capuchinas, con una gran cortina intermedia de trescientas ochenta varas de longitud (la vara equivale a casi ochocientos treinta y seis milímetros), nueve de altura, incluso el parapeto, y siete de espesor aunque es de sólida construcción tiene el defecto de no estar flanqueada más que por un cañón de cada torreón, no tener foso ni otras obras que impida aproximarse a ella y evitar la batan por el pie, de estar dominada por los edificios del espacioso arrabal de San Fernando, algunos a la corta distancia de nueve varas, lo que impide se vea punto alguno de la campaña, de modo que el sitiador puede establecer su alojamiento al abrigo de las casas sin que se le pueda ofender ni descubrir de parte alguna del recinto, todo lo cual lo constituye inútil para el objeto de la defensa (...)».

«Desde el torreón de Capuchinas y mirando hacia el norte sigue la muralla hasta la puerta de la Huerta y batería de San Antón, capaz de seis cañones, muy útil para oponerse directamente a las avenidas de San Blas y San Francisco que son las principales de esta plaza, pero tiene el defecto de hallarse interrumpidas, en parte sus fuegos por algunos edificios del expresado arrabal (el de San Antón)».

Después de describir las fortificaciones del castillo de Santa Bárbara, cuyos fuegos «hacia el mar son poco temibles por su mucha elevación», el ingeniero concluyó: «Manifestadas las nulidades de su fortificación y lo considerable de su población en los arrables de San Francisco y de San Antón, es necesario tomar uno de los tres partidos que se proponen: o destruir enteramente los arrabales, para que el recinto quede despojado, descubra la campaña y se haga de él el uso de que es susceptible como previenen las ordenanzas generales del Ejército y las particulares del cuerpo de ingenieros y tratar del ataque de puestos fortificados; o dejar subsistir los arrables y hacer la defensa que permita todo punto; o bien abandonar la defensa de la plaza y reducirla a la del Castillo». Se optó por la primera de las soluciones.

En el siglo XVIII, frente al Ayuntamiento, se extendía un paseo llamado el Enlosado, en la plaza del Mar. Su construcción data de 1779 y se llevó a cabo, cuando las obras de la nueva Casa Consistorial estaban ya por concluir.

Tal nos informa el propio Lorenzo Chápuli, maestro de obras, arquitecto, que, como ya hemos dicho en tantas otras ocasiones y documentalmente probado, estuvo al frente de la edificación del Palacio Municipal, en su última fase. Escribe Chápuli, el nueve de octubre de 1779: «Como maestro director de las obras que se construyen en estas Casas Consistoriales hago presentes a Vs. que se hace preciso enlosar de piedra de sillería la calle que se ha habilitado de nuevo (se refiere probablemente a la actual de Jorge Juan), para que las aguas pluviales tengan salida a la cequia común, poniéndole unas trapas de hierro, para que por ellas puedan correr las aguas acompañando a los lados unos posos de la misma piedra, que todo el costo de esta porción de obra importará doscientas cuarenta libras».

«Y en atención a que se está construyendo el enlosado de delante de las dichas casas y no haberse tenido presente al tiempo del arriendo los conductos subterráneos, para los excrementos que salen de las reales cárceles por haberse descubierto al tiempo de la ejecución de estas obras y ser preciso darles el curso, por otra parte, para que no perjudique el empedrado (...), lo considero a todo costo ciento setenta libras».

«Atendiendo a que siendo esta plaza en donde asiste el mayor concurso de la nobleza en todos los tiempos del año, convida la obra que se construye a que se hagan asientos, para el recreo y descanso de las gentes, que su importe ascendería a ciento ochenta libras, que el total resumen de las tras partidas es de quinientas ochenta libras», firma Lorenzo Chápuli, maestro mayor de obras.

El Ayuntamiento, tras enterarse del transcrito informe, se dirigió a Valencia, en petición de que se aprobara, por las autoridades competentes, el citado presupuesto. Firmaban la petición, entre otros, Francisco Javier Gascón, Juan Pascual del Pobil y Forner, Francisco Arqués y Nicolás Pro, el día trece de los mismos mes y año.

Según el escribano mayor, señor Pro (Antes Baiona), no mucho después, llegó la autorización, para que se costeasen las referidas obras, copia del expediente completo, debidamente signado por el dicho escribano mayor, se conserva en nuestro Archivo Municipal.

Así aparece denominado el actual Raval Roig, en un documento de 1778. Tal denominación permite especular acerca de si Roig no sería el apellido o apodo del propietario primitivo de aquellos terrenos o de alguno de aquellos terrenos, o en todo caso alguien capaz de dotar al arrabal de su conocido topónimo.

El documento lo firma, «en testimonio de la verdad», Nicolás Pro, escribano mayor de la ciudad de Alicante, y se refiere al recurso del Ayuntamiento y de la Junta de propios y arbitrios ante el Consejo del Reino, para efectuar la inversión de ciertos caudales «que juzgaba precisos para componer y reparar las acequias y depósito de las aguas para beber de que se abastece el común, la cañerías que las conducen, la mina madre de las mayores o inmundas, las calles públicas y una porción del paredón que se había caído, en el Arrabal del Roig a espaldas del Socorro».

En el recurso además se propone «como medio más útil y beneficioso el que la ejecución de todas fuese o rehiciese a jornal, por la cualidad de ellas». «Visto todo en el Consejo, con lo expuesto por el gobernador de dicha ciudad, se propuso, entre otras cosas, por preciso, que se hagan en dicha ciudad y sus casas, pozos o sumideros para las aguas mayores; y que se embaldosen las aceras a costa de los dueños de dichas casas; y lo que VS. informó sobre todo y expuso el señor fiscal por resolución del cuatro del presente mes (de julio), se ha servido conceder a la referida ciudad de Alicante y su Junta de Propios la facultad competente, para que, sin recurrir en pena alguna, proceda, desde luego, a la composición y reedificación del paredón o pedazo de muralla caído en el Arrabal Roig, ejecutándose esta a jornal por el maestro alarife Lorenzo Chápuli (...) y también para que proceda a la de los reparos de las acequias y cañerías de agua, de sus fuentes, composición de sus calles y de la mina en que se recogen las inmundas, construyéndose el acueducto de las primeras de barro cocido, como propone el corregidor (...) y haciéndose esos reparos a jornal, por los maestros fontaneros y demás facultativos que correspondan, elevándose puntual cuenta y relación de ellos y por menor, con la debida justificación y la intervención del gobernador; y mando que, por alternativa, asistan a dichas obras uno de los regidores con uno de los diputados y el personero del común para la mayor exactitud (...). Y tantas cautelas y prevenciones, para que las referidas obras se llevaran a término «con la mayor economía» y no aparecieran luego extraños beneficiarios.

Una ciudad, como la nuestra, encrucijada de culturas, de tráfico marítimo, de comercio de esclavos y de libros, de presuntos pilotos aventureros y de mercaderes rapaces, tiene el encanto o el enigma del juego de las cajitas orientales o de las muñecas rusas: dentro de cada una hay otra idéntica pero más diminuta. Y así, teóricamente, hasta el infinito. El infinito es el cubo de las basuras y de los retales de la razón.

Ese juego resulta tan imprevisible, como sorprendente. Sorprendente es el hecho de que en el subsuelo de la calle de Jerusalén, se encontraran los vestigios de la primera plaza de toros que tuvo Alicante y cuya existencia se remonta, según algunos cronistas, a la segunda mitad del siglo XIII. Casi nada. La noticia, publicada en febrero de 1940, cuando se demolía la Montañeta y el viejo cuartel de San Francisco, decía: «Con las obras de dicho edificio desaparecerán los últimos testigos del antiguo coso alicantino». Nos da la impresión de que, cierto o no, el autor le tenía afición al toro. En este país quien no tiene tradición, se la inventa.

Y si bien es cierto que por aquella época, los nobles árabes o cristianos gustaban ya de alancear toros y de ejecutar diversas suertes en campo cerrado, tal y como se puede constatar en los hermosos dibujos de Lizcano, la obra bien documentada de Joaquín Collía Rovira, cronista oficial de la ciudad, «Fiesta de Toros en Alicante, 1605-1900», cita la plaza de San Agustín como probable espacio urbano donde se celebraron las más remotas corridas o fiestas taurinas, en nuestra ciudad. Y agrega el desaparecido investigador: «(...) Hay plena confirmación del sitio destinado a los festejos taurinos: la antigua plaza del Mar, hoy del Ayuntamiento».

El primer coso de cierta prestancia que tuvo Alicante fue el construido de madera, por varios individuos del comercio, bajo la presidencia de don José Antonio Puigcerver. Estaba situado entre las calles del Barranquet (hoy, Bailén) y de las Rejas (en la actualidad Castaños). En la plaza del Teatro, en definitiva. Por último, Collía Rovira, cita, en el pasado siglo, el «pequeño coso de la posada de San Francisco, cerca del convento y luego cuartel del mismo nombre».

Es el dato que más nos acerca, en el lugar, aunque no en el tiempo, a los vestigios de que tenemos constancia a partir de 1940, cuando se procedía a remodelar y urbanizar los terrenos donde ahora se encuentran el Gobierno Civil, la delegación de Hacienda y la iglesia de Nuestra Señora de Gracia. En estas cuestiones hay que andarse con mucho tiento y más rigor.

El pleno municipal celebrado el veinte de diciembre de 1891 -ya hace algo más de un siglo- aprobó la instalación de tres postes telefónicos, según solicitud de la empresa concesionaria «García y Villar». Alicante entraba así en el turbador panorama de las conversaciones a distancia.

Previamente, el Ayuntamiento requirió los informes del arquitecto municipal y de la comisión de ornato. El técnico manifestó que «no veía inconveniente alguno en la colocación de los tres postes telefónicos, siempre que estos no molestasen al tránsito público, que no amenazasen a la seguridad y que si en el día de mañana conviniera a los intereses de la población situarlos en otros puntos más convenientes, que no en contra el Ayuntamiento obstáculo alguno por parte de los concesionarios, hermanando, por tal forma, los intereses públicos y los privados». Con la misma fecha -cinco de diciembre del ya citado año- la comisión de ornato se pronunció también favorablemente.

Los concesionarios de la red telefónica de nuestra ciudad eran don Ernesto Villar y Miralles, propietario, y el abogado don José García Soler, ambos titulares de la sociedad ya mencionada «García y Villar». Claro que cuando se dirigieron en instancia al Ayuntamiento lo hicieron «con base en el decreto de trece de junio de 1886 y en el artículo veintiséis del reglamento de dos de enero de 1891, para la ejecución del decreto del once de noviembre de 1890, y demás disposiciones reguladoras del servicio telefónico». Lo tenían todo bien cogido por los cuernos.

Tampoco pedían mucho. Pedían y alegaban «que las redes y líneas telefónicas se consideraban de servicio público, para todos los efectos de expropiación, servidumbre y relación con la propiedad particular».

Además, su talante era del todo conciliador. Es decir, primero enumeraban los fundamentos legales de su petición. Y seguidamente, advertían en su instancia: «Lo que sucede es que los concesionarios, para evitar la tramitación lenta de todo expediente de servidumbre, lleguen a un acuerdo con los propietarios de fincas en que descansar las palomillas o postes telefónicos, merced, casi siempre, al interés de todos, para favorecer el desenvolvimiento de una empresa que tantos beneficios reporta». Los tres postes «partían de la extremidad de la calle de Babel, en dirección al barrio de Benalúa, atravesaban la calle de Luchana (hoy, avenida de Gadea) «sin detrimento del ornato y con todas las seguridades de solidez, estabilidad y conveniente altura». Era el progreso.

Escribe el cronista Nicasio Camilo Jover: «los baños termales de Busot que eran de la pertenencia de este municipio, se hallaban completamente abandonados, en términos que los que por razón de sus dolencias tenían necesidad de tomar aquellas aguas se veían obligados a guarecerse debajo de los árboles y a bañarse en la única pila que existía, la cual era en extremo incómoda».

El Ayuntamiento «convencido de la necesidad que había de dar a tan precioso manantial mejores condiciones (...) pidió autorización a la superioridad, con objeto de poder gastar de sus fondos lo que fuese indispensable». La autorización fue, efectivamente, concebida, como afirmaba el citado cronista.

En un expediente que descubrimos en el Archivo Municipal, se afirma: la petición de Alicante «para gastar del caudal de propios las sesenta y seis libras en la composición de la casa de baños llamados de Busot». El veintiuno de junio de 1776, «se concedió la facultad para gastar del caudal existente en la expresada ciudad y en su junta de propios y arbitrios, las sesenta y seis libras en que se hallan tasados los mencionados reparos que necesita la casa de baños y que se abone en las cuentas de dichos efectos la expresada cantidad».

La voz de alarma la dio Anastasio Martínez, «encargado de la asistencia y cuidado de los baños propios de la ilustre ciudad y encontrándose éstos en estado tan deteriorado que no puede asegurarse ninguna persona entrar dentro de ellos sin un contingente peligro», solicitó que se decretara su oportuno reparo, «en atención a ser un beneficio que acuden personas de muchas lenguas a buscar la salud (que consiguen en los baños)».

Al margen de la citada súplica, se referencia una nota dirigida al maestro mayor de la ciudad, Lorenzo Chápuli, «para que reconozca las obras precisas que deben ejecutarse en los dichos baños».

Lorenzo Chápuli informó el dieciséis de marzo de aquel año. Nicolás Pro, el escribano mayor, le tomó juramento. Chápuli dijo «que habiendo pasado a los baños de Busot en cumplimiento de lo mandado por el excelentísimo señor gobernador y corregidor, a reconocer las obras precisas que deben ejecutarse en dichos baños, declara que se deben reedificar la pared frontal la cual mira al mediodía como igualmente la de la pared de poniente, la bóveda principal de la entrada por estar amenazando ruina (...)». El importe total de todas las obras lo estimó en las ya citadas sesenta y seis libras.

En los últimos meses de 1804, nuestra ciudad sufrió el embate de la fiebre amarilla que se saldó con casi dos mil ochocientas víctimas mortales, de entre una población municipal de veintiún mil cuatrocientos setenta y siete habitantes.

El treinta y uno de diciembre de aquel año, el gobernador militar y político de Alicante, brigadier don José Betegón escribió al capitán general del Reino de Valencia, don Domingo Izquierdo Caballero, en los siguientes términos: «No cumpliría en parte con los deberes de mi empleo si dejara de pasar la adjunta relación que expresa los militares y paisanos que en tiempo del contagio que ha afligido a esta ciudad, han servido con esmero en tan críticas y arriesgadas circunstancias, habiendo sido los seis paisanos los únicos de este vecindario que han manifestado su amor y celo por la patria, y a no ser por los militares no se hubiese podido atender al buen orden que constantemente se ha observado».

En la «Relación de los individuos que desde el principio del contagio hasta su conclusión se prestaron al cuidado de los barrios, lazareto y demás disposiciones para la asistencia de los enfermos, por falta de regidores (esta última frase está tachada)», figuran el coronel don Francisco Fulgosi, el teniente coronel don Ramón Acedo Rico, los comandantes de Marina, ingenieros, artillería y rentas, don Pedro de la Riba, don Andrés González, don Alfonso Furundarena y don José Colarte, respectivamente; el sargento mayor de las Milicias de Ciudad Rodrigo, don Gabriel Rocha; el capitán retirado, don Antonio Picó; el capitán de Milicias de Toledo, don Gabriel Cheta y los paisanos don Ignacio Sperning, don José Albelda, don Romualdo Morera, don Vicente Llacer, don Juan Falomir (el sexto nombre nos ha resultado ilegible). Por último, se dice al pie de la misma relación: «Los expresados nueve militares y seis paisanos han servido con mucho celo en cuanto ha sido dable, para proporcionar todo alivio y socorro a los enfermos y en particular don Juan Falomir, en su encargo del Lazareto. Los diputados de barrio han servido también con mucho celo cuanto se les ha comisionado. Alicante, uno de enero de 1805».

El primer ministro, don Manuel Godoy, llamado príncipe de la Paz, notificó al gobernador Betegón: «Enterado por el oficio de VS. del primero del corriente, y la relación que incluye de los servicios que han contraído en la epidemia los sujetos que comprende, los protegeré por mi parte, según merece su distinguida conducta. Lo aviso a VS. para su gobierno. Madrid, nueve de enero de 1805». En 1870, la fiebre amarilla volvería a causar estragos en nuestra ciudad.

El siete de agosto de 1939 -«Año de la Victoria»- tuvo entrada en el Ayuntamiento un escrito imperativo del gobernador civil Fernando de Guezala. «Cumpliendo órdenes de la superioridad y con el fin de disponer de una información exacta de la situación general de la provincia y de las necesidades de la misma que sean susceptibles de satisfacer gubernativamente, los alcaldes se servirán enviar a este gobierno, antes del día veinticinco del presente mes de agosto, una memoria sucinta, ajustada a lo siguiente: 1.ª Avance del cálculo de daños y perjuicios sufridos en este término durante la guerra; asesinatos y otras muertes violentas; edificios, agricultura; industria; ganadería; comercio; obras y edificios públicos, y otras actividades dañadas. En los asesinatos, se consignarán únicamente los cometidos contra vecinos o residentes en este Ayuntamiento, aunque se hubieran verificado fuera del mismo».

Con respecto a la parte más dolorosa de este primer punto, el Ayuntamiento elaboró una relación que reproducimos, en su casi totalidad: «Relación de fusilamientos habidos durante el periodo de dominación marxista y que comprende desde el doce de septiembre de 1936 al primero de julio de 1938». Fusilamientos realizados en el parque-escuela, frente al cuartel, cuarenta y dos. De estos, son naturales de Elche, diecisiete; Crevillente, siete; Alicante, siete; Mahón, uno; Cartagena, uno; Petrel, ocho; Rojales, uno. Fusilamientos realizados detrás de las tapias del cementerio, catorce (omitimos en éste y en los siguientes apartados el lugar de origen de las víctimas). Fusilamientos realizados en el campo de tiro de Font-Calent, diez; fusilamientos realizados en la Prisión Provincial, cinco. Fusilamientos realizados dentro del cementerio, cincuenta y dos. Total, ciento veintitrés».

«Cadáveres que fueron los asesinados durante el periodo marxista, ciento treinta y cinco. En carreteras, sesenta y dos; procedes de cárceles y asesinados en el cementerio, cincuenta; procedentes de la checa de la Santa Faz, veintidós; linchamiento en el mercado, uno. Total de inhumaciones de cadáveres por fusilamientos y asesinatos, doscientos cincuenta y nueve».

Hay otra relación nominal, en el mismo expediente de la que ya dimos cuenta en esta columna; como asimismo de los edificios públicos y privados destruidos o deteriorados durante el citado periodo en nuestra ciudad, de acuerdo con los documentos elaborados por las autoridades llamadas nacionales. La posterior represión franquista, produjo seiscientas cuarenta y cinco ejecuciones, con sentencia judicial, entre 1939 y 1943, ambos inclusive, además de las que se llevaron a cabo al margen de la legalidad y que Salas Larrazábal fija en doscientas setenta y ocho, para 1939, y en ciento treinta y cinco, para 1940. ¿Valió la pena todo aquello?

Tras la epidemia de fiebre amarilla en nuestra ciudad, de la que dejamos constancia hace apenas tres días, se originaron numerosas intrigas y descalificaciones, fruto sin duda de una situación crispada y de una sociedad recelosa. Así, el trece de enero de 1805, el cura párroco, don Juan Antonio Costa, escribe al gobernador don José Betegón: «Muy señor mío: me acaban de avisar, como a cura párroco y con la debida reserva para que se lo haga saber a VS. que algunas gentes de este pueblo quieren, en el día diecisiete de este mes, presentarse en el Ayuntamiento para pedir y obtener (si fuera negado) con violencia, la abertura del puerto y la conclusión de la cuarentena, y que para llevarlo a efecto tenían algunas prevenciones: no sé si será así, como me lo han comunicado, pero de cualquier modo juzgo que por mi oficio, debo hacerlo presente a VS., con la mayor reserva, para que en tiempo pueda tomar las disposiciones que juzgue oportunas, para evitarlo».

Los ánimos andaban alterados y no se tenía muy claro si la fiebre amarilla había sido controlada. Prueba tal confusión una carta del cabo Marcelino Gómez a su cuñado, y que tantas suspicacias y temores levantó, en la que, en uno de sus párrafos, le dice, ya en abril de 1805: «(...) Pues aún se ve la tartana de los muertos andar de noche». De noche y silenciosamente.

Alicante estaba sin recursos económicos y con muchas necesidades. Desde Madrid, el veinte de noviembre de 1804, aún en plena epidemia, el conde de Montarco dispuso: «Por la carta de VS. del diecisiete del corriente se ha enterado la Junta Suprema de Sanidad del número de muertos (al final, cerca de dos mil ochocientos) y enfermos que tuvo ese pueblo, como igualmente de la falta de fondos con que se halla, para atender a los gastos que son indispensables, para lo cual he dispuesto repartir medio millón de reales entre comerciantes y hacendados, echando mano, mientras se realice, de algunos caudales de particulares con calidad de reintegro de aquella cantidad. Apruebo esta determinación porque es conforme a las reales intenciones, y confío en que VS. lo haga efectivo, por los medios más prudentes (...). En otro fragmento le dice al gobernador Betegón: «No se puede contar por ahora con mayor caudal de los pertenecientes a su majestad, por las muchas circunstancias que exigen las condiciones actuales». Ustedes juzguen.

Por cierto, que Betegón no se libraba de aquellas presuntas conspiraciones. En la copia de un escrito en el que no figura ni firma ni destinatario, se puede leer: «(...) El pobre habrá padecido mucho bregando con tanto y con tantos con ocasión de la pasada epidemia (el documento es de veintiséis de abril de 1805), atacando humores e intereses individuales, contrarios a la utilidad común, y que no será extraño traten de imputarle lo que les cuadre, forjando chismes para desconceptuarlo (...)». Betegón al paredón. Ya ven.

La última década del pasado siglo, se turnaron en la Alcaldía representantes de los dos partidos políticos dinásticos de la Restauración: conservador y liberal. Rafael Terol, Manuel Gómiz, José Gadea y los barones de Finestrat y Petrés, a los cuales ya nos hemos referido en diversas ocasiones, estuvieron al frente del Ayuntamiento en aquellos años, en los que el endeudamiento municipal resultaba abrumador. También durante la misma época se inició el movimiento obrero, y Alicante -como España- se estremeció con la campaña de Cuba y el desastre colonial que se avecinaba.

Otro sobresalto nos lo dieron los rifeños, en 1893. El cabildo de la insigne iglesia colegial de San Nicolás dirigió al Ayuntamiento constitucional, con aquel motivo, el siguiente escrito, de fecha diez de noviembre, y en el que se dice que «acaba de recibir una comunicación del excelentísimo prelado de la diócesis en la que dispone se celebre, en esta iglesia colegial, el domingo próximo, solemnes rogativas para que Dios nuestro Señor conceda el triunfo a las armas españolas en la guerra emprendida, contra las hordas rifeñas». El cabildo eclesiástico invitaba a la corporación municipal a asistir a tales actos. Pero no pudo ser. El Ayuntamiento respondió que «con gusto se asocia y acudiría a tan solemnes actos, como acostumbra, si no lo impidiera el cumplimiento ineludible de los preceptos de la ley electoral, en la que se dispone que a las ocho de la mañana del expresado día, se reúna la junta local del censo, de la que forman parte todos los señores concejales, para proceder a la proclamación de los candidatos y designación de los interventores, para las próximas elecciones municipales».

El mismo día también entró en el Ayuntamiento el siguiente documento: «Los sucesos que tienen lugar en el Riff y el insulto lanzado por las kábilas que pueblan aquel territorio, a la nación española, han despertado el patrio entusiasmo, y un eco generalizado de indignación resuena en todos los dominios de España. En tan críticas circunstancias, la voz del patriotismo despierta en los corazones del pueblo español dormidas energías, y los que suscriben, profesores en cirugía menor, desean contribuir, en la medida de sus fuerzas y conocimientos, a servir gratuitamente los patrios intereses y ofrecen a V.E. los servicios propios de su profesión, en el caso que se tenga que establecer, en esta ciudad, un hospital de sangre, y curar a las tropas españolas que lucha en África, por el honor y prestigio de la nación».

El inflamado ofrecimiento se aceptó y se acordó darles las gracias a los diecisiete profesores en cirugía menor que lo habían formulado. El Ayuntamiento andaba enfrascado en sus asuntos y los rifeños les crecían por todas partes.

A comienzos del siglo XIX, «Alicante era la sede de una gobernación, cuyos límites llegaban poco más lejos de los de su municipio, dentro de la gran provincia formada por el antiguo Reino de Valencia». En 1804, don José Betegón era el titular de dicha gobernación y comandante de armas de la ciudad y plaza de Alicante. Las comunicaciones terrestres escaseaban y muchas de las sendas y caminos ofrecían el riesgo de las cuadrillas de bandoleros, que operaban incluso en el interior de las poblaciones próximas a Alicante y en los accesos a la propia ciudad. De aquel tiempo, encontrarnos correspondencia procedente de diversos lugares y dirigida al gobernador Betegón, en petición de ayuda. Bandidos y contrabandistas trabajaban a destajo.

El cuatro de junio del ya citado año, los alcaldes ordinarios de Aspe, le escriben la siguiente carta: «Habiéndose experimentado en este término varios robos ejecutados por dos diferentes cuadrillas de salteadores, y siendo necesario proceder, sin dilación alguna, a la aprehensión de unos reos tan perjudiciales a la sociedad y seguridad pública, y para no malograrla, por la falta de pericia e intrepidez de los paisanos, cuyas circunstancias no se encuentren regularmente en la tropa, se pide a VS. el correspondiente auxilio de aquélla, que podría extenderse a quince soldados de infantería, con sus correspondientes jefes; y para que así se verifique, por lo que en ello interesa al servicio del rey, cuya real jurisdicción ejercemos, pedimos y rogamos a VS. se sirva facilitarnos dicho auxilio de tropa que, con la oportuna reserva, se introduzca en esta villa, en la noche del día de mañana, con dirección a la entrada del pueblo, donde habrá persona que les dirija a nosotros, con el mayor secreto».

Dos días más tarde, Betegón se excusó, alegando que no disponía de gente, por cuanto el regimiento de Granada había salido para Valencia y el de suizos se preparaba para embarcar hacia Mallorca. En consecuencia, no podía atender la petición «para la captura de los reos que expresan, y si consideran indispensable este auxilio, solicítese del excelentísimo capitán general del reino que con su superior autoridad, resolverá lo que tuviese por conveniente». Los bandoleros campaban a sus anchas, mientras por las alturas, unos y otros, se pasaban la pelota. Con frecuencia, la historia se repite.

Cómo velaban las autoridades por la moral pública y aun por la privada, en aquellos primeros años del pasado siglo. Qué celo ponían. Cualquier persona, particularmente si era mujer, que observara una conducta poco ortodoxa, estaba bajo sospecha.

Fíjense si no, en el documento que les transcribimos de forma fragmentaria para no abrumarías demasiado. Se trata de un «informe que dan al señor gobernador los diputados del barrio de Santa Cruz, en cumplimiento de la orden que les tiene dada». Y comienza por la calle de San Antón. Dice: «María, por renombre la Forrona Moza ha tenido dos hijos que se dicen son de dos soldados asistentes, con quienes ha tenido correspondencia continua en su modo de vivir». Con respecto a la calle de San José; «Vicenta y María viven juntamente con su madre viuda, fueron echadas del barrio de San Antón. No han traído abono por más que se les ha pedido. Visten con lujo y gastan, sin conocérseles bienes ni rentas algunas. Concurren a su casa gentes de todas las clases y superior a su estado y condición. Han sido reconvenidas por el alcalde mayor y no se advierte enmienda (en nota la margen: se ha suspendido toda gestión hasta nueva orden)».

«Manuela, de Villena, ha sido perseguida por la justicia, por su correspondencia con un hombre casado, y últimamente se ha ausentado (en nota marginal: Si está ausente, nada se puede hacer)». «Teresa Galán ha estado reclusa, en la casa de recogidas, durante cinco meses y sigue en sus desórdenes (Que se la recluya otra vez)». En la calle de San Ginés: «Vicenta Fontseca viuda desde el contagio (de la reciente fiebre amarilla, sin duda) ha parido a principios de mes y cría a su hijo» (Que se case, anata uno de los diputados). «Ana, viuda de un dependiente de Rentas ha vivido con mucha familiaridad y nota, en casa de un oficial del Regimiento de América; se ha ausentado el día catorce de este mes». El documento está fechado en septiembre de 1806.

Sin embargo, los diputados del barrio de Santa Ana emiten el tranquilizador informe que sigue: «Como en esta época presente se halla este barrio sin novedad, en atención a hombres o mujeres de mala conducta quedando con el mayor cuidado y advertencia para lo sucesivo en que esperamos, por la gran bondad de Dios, que permanezca dicho barrio con la mayor exactitud de pureza y sosiego. Alicante, a dieciséis de agosto del año 1806». Firma el diputado Tonda, tan sólo, porque el diputado Puchol «no firma, porque no sabe». Total, para lo que tenía que firmar.

Acechaban nuestras costas, nuestro puerto casi impunemente. Diversas embarcaciones armadas en corso no cesaban en sus incursiones, fuera del alcance de una artillería insuficiente. Y las frecuentes peticiones a las autoridades no parecían tener eficacia alguna. El veintiséis de diciembre de 1805, desde San Lorenzo, el Príncipe de la Paz, Manuel Godoy, comunica a José Betegón, gobernador de Alicante: «En carta de veintiuno de este mes, me da VS. cuenta de haber sido apresada por la lancha de un corsario contrabandista la polacra Santa Ana que se hallaba fondeada en ese puerto, con cuyo motivo me manifiesta VS. la falta de fuerzas navales de él, que ahuyenten de esas costas a los corsarios enemigos. Quedo enterado de todo, pero, pues los fuegos de las fortalezas de tierra no alcanzan para impedir esos casos, y por ahora no tenemos fuerzas de mar que destinar ahí, se hace necesario cuiden como deben los interesados de sus respectivas propiedades».

Betegón, en efecto, le había notificado en la referida fecha, el apresamiento de tal polacra «en la rada de Alicante, a las cuatro de la mañana, por la ancha de un jabeque corsario», la cual en compañía de otras embarcaciones también contrabandistas, fondeaba de continuo, en las inmediaciones, «fuera del tiro de cañón». Aquella misma mañana, los corsarios enviaron una carta sin firma alguna al propietario del barco, José Rodríguez, pidiéndole un rescate por su devolución.

Correspondientes a aquel mismo año, encontramos en el Archivo Municipal, documentación acerca de las actividades corsarias. Entre los diversos escritos de la época, una curiosa certificación que ahora hacemos pública: «Los abajo firmados, capitanes que somos de los corsarios ingleses nombrados "Los dos diablos", el "Superbo" y el "Bolante", certificamos que en este día de la fecha enviamos al puerto de Alicante una jabega española cargada de esparto, de nosotros apresado el día veintiséis del corriente por la mañana, a fin de que el patrono Miguel Alemán tome nuevamente posesión de su barco, debiéndose quedar dicho patrón amo y dueño de dicho barco y cargo, y nadie pueda molestarle, ni pretender nada sobre dicho barco y cargo, que así lo mandamos nosotros, en la inteligencia de que debería dicho patrón Alemán abonarle o darle interés de la mitad del valor de dicho barco y cargo a toda la tripulación que llevaba a bordo, al tiempo de su apresamiento. Y para que conste y tenga toda la fuerza donde convenga, le firmamos el presente certificado para sus resguardo. Bahía de Alicante, diecinueve de diciembre de 1805. Capitanes Juan Bautista Costa, Christofano Lugeja y Nicolo Testi».

En enero del siguiente año, los artilleros propusieron al gobernador situar «dos baterías flotantes» como «defensa más segura, para los buques surtos en esta rada».

Fue al principio, pero cómo se las pusieron al rey felón y al rey deseado los alicantinos, cuando regresó de su reclusión en Valençay, el veintidós de marzo de 1814, para cargarse la constitución liberal de 1812 e iniciar una época de obscuro absolutismo. Verán qué muestras.

Nuestro Ayuntamiento quiere hacer méritos y le cuenta que, después de restablecido el mismo de acuerdo con la real cédula del treinta de julio último que Alicante, que no reconoció más dominación que la de Fernando VII, fue una de las primera ciudades que «en la pasada infausta escena, alzó el viva la religión de Jesucristo y viva Fernando VII». Luego enumera sus proezas: «Consecuente a estos votos, presentó sus hijos en los campos de Almansa, para hostigar al enemigo. Levantó el regimiento de su propio nombre cuyos servicios y sufrimientos honrarán vuestras armas; socorrió con toda clase de auxilios a Gerona, a Tortosa, a Tarragona, al ejército del Centro, a la escuadra de Mahón y a otros importantes puntos (...) Llevó con magnanimidad el derribo del barrio de San Antonio (San Antón), poblado de más de mil vecinos, sólo porque así convenía para la mejor defensa y a expensas de sus habitantes, sin gravamen del erario, se fortificó en términos aquella ciudad abierta antes por todas partes, que ha sido el asilo de un sinnúmero de familias y personas inocentes, el punto de apoyo, el recurso de los ejércitos y la barrera y el oprobio de jactancioso usurpador (...)».

En mayo de 1814, el día treinta, otro documento abunda en loas y parabienes: «(...) El síndico primero de este pueblo, en más obediente, siempre fiel y tranquilo de vuestra monarquía hoy ofrece en su nombre estos sentimientos que le inspira el amor que os profesa y ojalá le imitasen todos los españoles de ambos hemisferios, sujetos a vuestro dominio, supuesto que todos aclaman a vuestra majestad por su legítimo soberano y padre (...)». Y se exhorta al pueblo instándole así: «Proclamad y decid, con los esfuerzos que os inspira vuestra acendrada fidelidad: viva la religión, viva nuestro amado, deseado y adorado monarca señor don Fernando VII (...)».

El Ayuntamiento nombró una comisión para que trasladara al rey su rendido mensaje. Firmado por el marqués del Paraíso, el cuatro de octubre de 1814, y dirigido al presidente y regidores del Ayuntamiento, un escrito dice: «La honrosa memoria con que VSS. se han servido distinguirme nombrándome su diputado, con el señor duque de Montemar y don Rafael Morant, para hacer presente a la real persona de su majestad los sentimientos de júbilo y placer de VSS. por su feliz regreso al trono de sus mayores y la constante lealtad y amor con que siempre han mirado VSS. a su real persona, es para mí una satisfacción tan cumplida que acepto, con singular gratitud, y poniéndome de acuerdo con los compañeros de comisión tan lisonjera procuraré por mi parte evacuarlo sin dilación (...)». Fue al principio. Luego llegarían, las aflicciones.

Don Nicolás Calbo, así como suena y se cita en los papeles oficiales, quiso ser maestro en Agost y lo consiguió, tras las pertinentes pruebas. Debió ser hombre obstinado y de luminosa vocación. Nada le detuvo, nadie tampoco le disuadió. Y terminó haciéndose con la requerida plaza.

Primero, lo examinó el canónigo doctoral de la colegiata de San Nicolás, don Salvador Santo Casanova y lo encontró «hábil y suficiente en ella (en la doctrina cristiana), y apto para el desempeño del magisterio de primeras letras en la Universidad de Agost». Y para que así constase, le expidió el correspondiente certificado, el dieciséis de octubre de 1800.

Cuatro días después, don Pedro Borgunio, don Juan Cavallero y don Vicente Navarro, abogado consistorial, ambos regidores del ilustre Ayuntamiento de la ciudad de Alicante escribieron: «En el cabildo del día de hoy se les ha dado comisión para el examen de don Nicolás Calbo al magisterio de primeras letras, que desea y pretende ejercer en la Universidad de Agost de esta gobernación, conforme al memorial que al efecto tiene presentado, con la justificación de limpieza de sangre vida y costumbres, y aptitud en la doctrina cristiana; y para poder llevar a efecto dichos señores su cometido, dispusieron y ordenaron la práctica de dicho examen, para las once del día de mañana, veintiuno del corriente, en el salón principal de dichas Casas Consistoriales, nombrando para examinadores a don José Baig y don Ignacio Corona, maestros de primeras letras de esta población, y el primero titular de esta ilustre ciudad, a quienes se les convoque como igualmente al examinando, por el portero de semana, para dicho sitio y hora señalada».

El aspirante acudió a la cita. En las prácticas de las diligencias, se informa, entre otras cosas, de que don Nicolás Calbo «empezó su examen haciéndole leer dichos comisionados en libro que se le presentó en sus manos. Seguidamente se le hizo escribir en varios caracteres de letras, como efectivamente lo hizo y consta de los tres papeles, dos de ellos con dos distintos renglones, y otro de letra tirada. Y últimamente se le probó en las cuatro reglas de contar, como efectivamente lo ejecutó (...)».

Aún le formularán diversas preguntas y, por fin «los señores comisionados dieron uniformemente su dictamen de hallarse en aptitud y disposición don Nicolás Calbo, para el ejercicio del magisterio de primeras letras, mediante lo cual lo habilitaron dichos señores comisionados, disponiendo y ordenando que colocados los papeles, a continuación se le entregue el expediente original a dicho Calbo, para que acuda a la superioridad correspondiente para su aprobación y obtención de la Real Provisión del Consejo (...)». Agost ya tenía maestro.

Que nadie se desmandara y que se cumplieran a pie juntillas las disposiciones en asunto tan proclive al desahogo. La cultura de continuo vigilada y cuando no, a varazos. El general en jefe del ejército acuartelado en Tobarra, don Javier Elio, le pasó el aviso al Ayuntamiento de Alicante, como a tantos otros. Y había que atenerse al mando, mucho ojo.

Las normas que se aplicaban a los espectáculos teatrales eran: «Primero, los ayuntamientos harán por sí con los empresarios de las compañías los convenios que consideren oportunos, conciliando los intereses de la empresa con los del pueblo; segundo, deberá presentarse lista de las piezas dramáticas que compongan el caudal de la compañía al jefe político de la provincia, quien excluirá las que en su concepto se opongan a las buenas costumbres, reduciéndose a esto todas las atribuciones en la materia; tercero, los ayuntamientos de los pueblos cuidarán inmediatamente por sí de los pormenores relativos a la policía de los teatros haciendo amplios los reglamentos dirigidos a conservar el orden, la tranquilidad y la decencia, tanto por parte de los actores como de los espectadores; cuarto, la administración del fondo y ganancia de la compañía correrá a cargo del empresario, ciñéndose los ayuntamientos sus funciones, en esta parte a la intervención indispensable para que se cumplan fiel y legalmente los cargos que puedan imponerse con arreglo al ajuste, sobre el producto de los teatros para objetos de beneficio común; y quinto, en cuanto al gobierno y dirección interior de las compañías, los cómicos se entenderán con el autor o el empresario, según los pactos particulares; si con motivo de éstos, se suscitasen desavenencias entre unos y otros, los ayuntamientos procurarán terminar la gubernativa prudencialmente, y en el caso de no conformarse los interesados con la decisión, acudirán al tribunal correspondiente, como en cualquier otro contrato». El documento corresponde al once de enero de 1813.

No existían, por aquel tiempo, centros culturales de cierto relieve, en nuestra ciudad, ni una actividad dramática apreciable. Sin embargo, y a pesar del paréntesis liberal (de 1811 a 1814), se ejercía un severo control sobre las manifestaciones teatrales, «en base a la comodidad general y para evitar graves perjuicios». El veinte de abril del ya citado año, el jefe político, Vicente María Patiño, recordaba una vez más: «Está prohibido fumar en el patio, en los palcos y en los corredores bajo la multa de diez ducados a beneficio de los hospitales de esta ciudad». Por entonces, se inició la guerra contra los fumadores. Qué obsesión.